Caracas.- El gobernante Nicolás Maduro anunció el miércoles, 20 de octubre, que en el Parque Nacional Waraira Repano, originalmente conocido como El Ávila, se fundará la primera ciudad comunal del país, luego de que sea aprobada y promulgada la cuestionada legislación, actualmente en discusión de la Asamblea Nacional del oficialismo. El anuncio de Maduro generó diversas reacciones y organizaciones no gubernamentales advirtieron sobre lo perjudicial de la medida.
La ONG Observatorio de Ecología Política de Venezuela advirtió que la propuesta de construir una ciudad comunal en El Ávila es una violación a la protección del principal pulmón vegetal y un atentado a la vida del principal bosque nublado tropical.
«Preocupa sobremanera las implicaciones socioambientales que traerá consigo el establecimiento de una ciudad comunal en el Ávila. Este parque nacional tan importante y emblemático para los habitantes de Caracas, ya ha venido sufriendo un proceso de degradación al permitir ante la mirada cómplice de Inparques actividades que violentan la normativa del reglamento de uso de este parque nacional», detalló la ONG en su sitio web.
De acuerdo con lo establecido en los artículos 10 y 11 de la Ley Forestal de Suelos y Aguas, en la que se detallan los parámetros para la declaratoria de zonas o regiones especificas como Parques Nacionales, una vez que se haya hecho la declaratoria, no puede segregarse parte alguna de la región o zona del Parque Nacional para objetivos distintos a los fijados, sin la previa aprobación de la Asamblea Nacional.
El Parque Nacional El Ávila cuenta, además, con un Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso (Poru), que regula las actividades que se pueden desarrollar o ejecutar ahí, y cuya reforma ha sido promovida por el Instituto Nacional de Parques (Inparques).
«Meses atrás, Inparques promovió una consulta para la reforma del PORU y permitir la realización de actividades en la montaña, consideradas nocivas y peligrosas para el ecosistema local por los estudios de impacto ambiental realizados», advirtió el Observatorio de Ecología Política de Venezuela.
La ONG agregó que la propuesta de Inparques parece estar alineada a un plan sistemático para revertir la protección establecida por el Parque Nacional, «para convertir sus espacios en zonas de usufructo económico a todo trance. Violando todo principio constitucional, ambiental e incluso el sentido común».
Desde Galipán, Maduro hizo el anunció sobre la constitución de lo que será la primea ciudad comunal del país en El Ávila. «Precisamente es en Galipán, donde hace varios años se viene atropellando la población para impulsar proyectos de desarrollo turístico de gran envergadura, destinados a turistas de alto perfil», advirtió el Observatorio de Ecología Política de Venezuela.
Según lo establecido en el Poru, en el Capítulo III, la protección integral del Parque Nacional se desarrollará dentro de la política de conservación, defensa y mejoramiento del ambiente y de los recursos naturales renovables, y estará sujeto a directrices. «El diseño de las infraestructuras y organización de las actividades de prestación de servicios públicos esenciales, de manera que se integren y adapten con el ambiente, procurando no producir impacto significativo», se lee en el Poru.
Maduro prometió que por el trabajo que se ha hecho en Galipán, comunidad autóctona, será constituida la primera ciudad comunal del país en El Ávila. «Así que a trabajar mucho, a producir mucho, a organizarse mejor», añadió el gobernante.
La ONG Observatorio de Ecología Política de Venezuela calificó el anuncio de ataque frontal a la montaña. «Sin duda esto constituye una guerra declarada a la protección del principal espacio verde de los caraqueños y que nos advierte, que ni los Parques Nacionales están a salvo de la depredación extractivista».
La nueva legislación sobre ciudades comunales, aprobada en primera discusión por la Asamblea Nacional electa en diciembre de 2020, entra en conflicto con la idea de establecer nuevos espacios urbanos en zonas protegidas por la Ley de Inparques, además de que según la Ley Forestal de Suelos y Aguas, las riquezas naturales existentes en los Parques Nacionales no pueden ser sometidas a intervenciones que perjudiquen sus funciones.
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