Caracas.- A las 4:20 pm de este martes una comisión de seis funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) ingresó, sin orden de allanamiento, a una residencia que la asociación civil Prepara Familia usa como centro de acopio.
En el procedimiento los integrantes de la PNB intentaron confiscar parte de los insumos donados que la ONG recibe para ayudar a familiares y pacientes del Hospital de Niños José Manuel de los Ríos.
“Gracias a la intervención de los vecinos y activistas de derechos humanos, los funcionarios no se llevaron los insumos”, destacó Katherine Martínez, directora de Prepara Familia, poco antes de 6:30 pm, cuando concluyó la írrita inspección.
Judith Bront, representante de Prepara Familia, confirmó que los funcionarios alegaron que se trataba de un procedimiento rutinario para lograr el ingreso a la vivienda.
Una vez adentro, los oficiales pidieron verificar el espacio destinado a la clasificación y almacenamiento de los suministros. Justificaron la acción con unas presuntas denuncias, no especificadas, de tres hombres que tomaron el inmueble por una hora el domingo 12 de enero.
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“Se les dio el acceso aunque no presentaron una orden judicial porque dijeron que solo iban a revisar las instalaciones. Insistieron en que era un procedimiento de rutina. Cuando entraron al pequeño almacén preguntaron por el origen de los insumos, se les explicó y luego empezaron a sacar las cajas con medicinas y material médico de forma arbitraria”, relató Bront.
Condena
El despliegue se prolongó por más de una hora y los sujetos permanecieron hasta el final, frente a la calle en la que está ubicada la quinta Maronnela, como es identificado el inmueble.
La casa es propiedad de Martínez, quien no se encontraba en el sitio cuando llegaron los policías. A su llegada constató que no se cumplió ninguno de los parámetros legales para efectuar un allanamiento, según lo dispone el orden jurídico venezolano.
La irregular actuación policial, que estuvo precedida de la ilegal incursión de tres sujetos la noche del domingo, ocasionó el rechazo de activistas y defensores de derechos humanos.
Carlos Trapani, coordinador general de la ONG Centros Comunitarios de Aprendizaje (Cecodap), acompañó a la directora de Prepara Familia, quien llegó al sitio a atestiguar la ilegalidad del procedimiento.
Instituciones como el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana y el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) manifestaron su condena al procedimiento. Ambas organizaciones cuestionaron la nueva violación de las leyes y celebraron la iniciativa de la ciudadanía la impedir que se consumara la arbitrariedad.
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“Vecinos y varias organizaciones de derechos humanos respaldaron resistencia de Prepara Familia de ser desalojados por particulares que, con apoyo de funcionarios policiales, pretendieron apropiarse del inmueble y del material de apoyo a niños y niñas hospitalizados. Aplaudimos el valor de la sociedad civil”, declaró Provea.
Alerta
Trapani aseguró que por la ilegalidad con la que se desarrolló la práctica, el hecho constituye un nuevo acto de lo que definió de acoso contra el libre ejercicio humanitario de las ONG en el país.
Trapani, experto en temas de derechos de la infancia, añadió que la confiscación del material, que serviría para aliviar la crisis por desabastecimiento de medicinas en el J. M. de los Ríos, representa una escalada de la persecución contra activistas y asociaciones que defienden derechos humanos.
“Prepara Familia es una ONG debidamente registrada y con una labor que es del conocimiento público. Trabajan de forma voluntaria para ayudar a atenuar los efectos de la crisis de salud, convertida en emergencia humanitaria compleja. Este tipo de actividades demuestran un patrón de persecución y acoso, sobre el que la sociedad no se puede quedar callada”, expresó.
La presidenta de la Subcomisión de Mujer e Igualdad de Género de la Asamblea Nacional, Manuela Bolívar, también deploró el hecho. Agregó que se mantienen alerta ante la posibilidad de que las incidencias registradas en los últimos días contra la ONG se repitan contra otras organizaciones.
Con datos de Gabriela González.
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