Caracas.- 40 organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales agrupados en la coalición que promueve el “Diálogo Social” emitieron un comunicado este martes 22 de octubre en el que llaman a la organización de un diálogo que sume la voluntad de todos lo actores políticos y en el que se integren a la agenda de discusión “los problemas de la gente”.
“Reiteramos que ese acuerdo es urgente y debe tener como marco el respeto a los derechos humanos y a las instituciones. Un acuerdo que, sin duda, debe apuntar al restablecimiento del sistema democrático a través de unas elecciones presidenciales libres, transparentes y auténticas que resuelvan la crisis de gobernabilidad que hoy enfrenta la nación, pero que, a la vez, debe avanzar en la construcción de Acuerdos Sectoriales que atiendan las necesidades más urgentes del pueblo venezolano, con un enfoque despolitizado, de modo que la solución construida no pueda ser utilizada para las narrativas políticas de ningún sector en particular”, es parte del comunicado.
Rafael Uzcátegui, coordinador general de Provea, leyó el documento y aseveró que la petición de este grupo es que se organicen nuevas y reales conversaciones que cuenten con la participación de los amplios sectores involucrados. «Exigimos la reactivación urgente de los mecanismos de negociación con supervisión internacional y participación plural, como el facilitado por el Reino de Noruega, que nos permita a los venezolanos construir una solución política, pacífica, electoral y negociada a esta crisis».
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Uzcátegui explicó que lo que plantea la sociedad civil es un acuerdo sectorial que no implique ser un condicionamiento para la negociación política que se requiere en Venezuela. “Los acuerdos sectoriales no solucionan la crisis estructural del país, pero son necesarios porque permiten aliviar el enorme sufrimiento del pueblo de Venezuela. Son un esfuerzo que debe acelerarse, vistas las urgencias que la catástrofe social y económica imponen sobre los protagonistas políticos”, dijo, e insistió en que esta solución no debe confundirse con iniciativas de negociación que proponen acuerdos políticos “parciales entre algunos sectores y el Gobierno y que solo procuran acciones que atenúan algunos síntomas de la crisis, pero no sus causas”.
En este sentido, quienes apuestan al “Diálogo Social” exigen que cualquier acuerdo respete de forma irrestricta a la Constitución venezolana y las demás leyes vigentes.
Con los maestros
Keta Stephany, secretaria de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (Fapuv), también intervino en la lectura del comunicado y agregó que en este documento también expresan su apoyo a al Magisterio y al sector universitario en su protesta por su condición salarial, la defensa de las instituciones y su calidad de vida.
“Para los venezolanos el tema educativo no es un asunto solamente gremial o sindical. Es de principios: Al minar la sobrevivencia y la dignidad de los maestros, el régimen viola sus derechos humanos y deteriora la calidad de la educación venezolana y, por ende, agrede a nuestros hijos. Por eso nos movilizaremos en defensa de la dignidad de los maestros; nos movilizaremos como ciudadanos, como padres y representantes, en apoyo a nuestros educadores en paro activo este martes 22 y miércoles 23 de octubre”, se desprende también del comunicado.
En este sentido, las organizaciones civiles que acompañaron la declaración destacaron la legitimidad de la protesta docente y rechazaron cualquier intento de criminalizarla. “Rechazamos las acciones y amenazas represivas del régimen y ratificamos que la violencia no puede sustituir a la política en la lucha por el cambio en Venezuela. Reincidir en estrategias de calle sin la direccionalidad ni la racionalidad necesaria, esperando solo un efecto aluvional ha demostrado reiteradamente no ser la vía adecuada para la resolución del conflicto”, dijo Stephany.
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