Caracas.- El 29 de julio se publicó en Gaceta Oficial N° 5.067 la medida que ordena la compra de alimentos de acuerdo con el terminal de la cédula en Miranda, anunciada por Héctor Rodríguez, gobernador del estado, que, hasta el domingo 26 de julio era el segundo con más casos confirmados con 1.925 personas contagiadas con COVID-19.
La decisión pretende frenar la propagación del nuevo coronavirus y, según la oficialización, será por un período de 30 días, pudiendo ser prorrogado. Además, la gaceta establece que debe hacerse uso de mascarillas y mantener la distancia entre personas y el incumplimiento de las normas puede ser sancionado o multado.
Sin embargo, esta medida se aleja de la realidad de las familias venezolanas. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi) 2019-2020, 45% de la población vive del trabajo independiente o informal, proporción que en 2014 era de 31%. Además, 43% de los hogares reportó la imposibilidad para trabajar o la pérdida de ingresos desde que comenzó la cuarentena. La pandemia se enfrenta en un país cuya canasta básica –situada en casi 300 dólares-, es inaccesible para 79% de las familias, según este estudio.
Una medida alejada de la realidad
Para Susana Raffalli, nutricionista especializada en gestión de seguridad alimentaria y asesora de Cáritas Venezuela, la decisión pone en mayor situación de vulnerabilidad a las familias más pobres. “Lo primero que te hace pensar es que un padre o una madre de bajos recursos, cuando se entera de esta medida, no entiende el país en el que vive, porque no se adapta a sus necesidades”, dice. Esto, explica, suponiendo que se cumpla la orden.
Regular la compra de los alimentos según el terminal de la cédula se suma a la lista de limitaciones: alto costo de la vida, caída constante del poder adquisitivo, hiperinflación y falta de movilidad a causa de la cuarentena.
Raffalli asevera a El Pitazo, que para un trabajador informal es casi imposible cumplir la medida cuando trabaja por su cuenta y su paga es diaria, lo que significa que tendrá que esperar hasta cuatro días para poder comprar alimentos, sabiendo que, cada día, su dinero se devalúa.
Además, quien no cuenta sino con lo suficiente como para la comida de un día suele recorrer varias tiendas hasta encontrar lo más económico o “la tiendita donde le vendan las cosas al detal o en poquito porque es lo que puede pagar”. Raffalli apunta que, probablemente, la nueva norma no sea problema para quien tenga ingresos que le permitan abastecerse con suficientes productos durante la semana; pero no es la realidad de la mayoría.
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Sin garantías del Estado
Leandro Buzón, sociólogo y cofundador de Caracas Mi Convive, considera que esta orden debería estar respaldada por las garantías del Estado, pero, en medio de una emergencia global, las familias venezolanas están desamparadas.
“Esta medida de prohibición de movilización de la ciudadanía es insostenible porque no hay un plan de compensación a los más pobres. La caja Clap (Comités Locales de Abastecimiento y Producción) ya no es suficiente”, asegura a El Pitazo.
Es esta situación de vulnerabilidad lo que le hace a Buzón creer que la medida se incumplirá. “Como al principio de la cuarentena, la gente se quedaba en casa por miedo, pero el miedo no te da de comer, no te da trabajo y así mismo la gente debe salir a rebuscarse”, dice.
Insiste en que la proporción de la población que tiene ingresos en dólares, que estima en no más de 10%, podrá acceder a servicios como entregas a domicilio, pero para las personas pobres no es así. Afirma que no hay forma de planificar a mediano plazo dentro de los hogares y el Estado tampoco está en capacidad de responder con una estrategia de ayudas a las familias en mayor desventaja.
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¿Aplanar la curva o militarizar más?
Raffalli asegura que la medida no solo vulnera el derecho a la alimentación, sino que fomentará mayor exposición de las personas frente a la propagación de COVID-19. “La gente sale a comprar más porque teme que no le alcance para toda la semana. Además, es una razón para que muchos pasen de un municipio a otro, lo que aumenta los riesgos”, expone.
Distrito Capital, cuya frontera con Miranda se dilucida con facilidad, es una de las entidades con mayor número de pacientes, superada solo por el estado Zulia. En lugar de aplanar la curva, potenciará el riesgo.
Buzón, por su parte, cree que la decisión de controlar las formas de compras de tantas familias creará nuevos focos de corrupción y será una licencia para una mayor militarización de los mercados y espacios comerciales.
Lo que comienza como una norma que limita la movilización, el sociólogo lo ve como la entrada del camino hacia un toque de queda militar. Apunta: “No significará el aplanamiento de la curva de propagación del virus, más bien la población saldrá mucho más a rebuscarse”.
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