Caracas.- Todos los 28 de septiembre se conmemora el Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe. En Venezuela, grupos feministas se organizaron en la Ruta Verde, con el fin de exigir la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo.
“Una de las fases de la Ruta Verde es la sensibilización en redes sociales, las actividades de calle, como la marcha de este 28 en donde vamos a ir hasta la Asamblea Nacional a entregar un documento firmado por 60 organizaciones del país, se llama Criminalización del aborto: problema de salud pública y derechos humanos”, indicó la integrante de la organización Tinta Violeta, María Laura Cano.
Venezuela tiene uno de los marcos legales más restrictivos de Latinoamérica, el código penal tiene más de 100 años sin una reforma en el tema del aborto. Por lo que las organizaciones feministas del país exigen que se cambie desde los artículos 430 al 435, en donde se criminaliza el aborto con seis meses hasta seis años de cárcel.
“La ley no va de acuerdo con los tratados internacionales firmados por el Estado venezolano, donde se compromete a eliminar toda forma de discriminación y a garantizar los DD. HH. de las mujeres, entre esos los derechos sexuales y reproductivos. Eso no pasa en Venezuela, cuando el 30% no tiene acceso a métodos anticonceptivos, ni potestad sobre nuestros cuerpos. Se estima que de cada tres bebés nacidos hubo un aborto”, mencionó la abogada de la ONG 100% Estrógeno, Venus Faddoul.
En los parlamentos de países de Latinoamérica se da el debate por la despenalización del aborto, pero en Venezuela, ni la Asamblea Nacional de Juan Guaidó, ni la de Nicolás Maduro han dado el paso para iniciarlo.
La Ruta Verde exigió este 28 de septiembre ante la Asamblea Nacional que se debata la despenalización de las tres causales fundamentales: inviabilidad del feto, por violación y peligro de la vida de la madre. Este último es el único legalizado en Venezuela, sin embargo, no existe un protocolo legal definido, por lo que queda a discreción del personal médico tratante.
Abortos inseguros
“La despenalización es simplemente darle más razones a las mujeres de poder decidir sobre sus cuerpos, que las maternidades no sea un castigo. Hay que romper con ese estigma de que las mujeres solo venimos al mundo a ser madres, eso no es así. Lo que sí existe es la clandestinidad y promueve las maternidades forzadas en niñas, adolescentes y mujeres que no pueden interrumpir el embarazo”, detalló Cano.
El informe de 2019 de la ONG Faldas R, quienes tienen una línea de apoyo a mujeres que desean interrumpir el embarazo, señala que el aborto es un privilegio de clases, “no solo para quienes pueden acceder a un aborto en una clínica, sino también para quienes pueden comprar por más de 100 dólares un tratamiento con pastillas”.
La criminalización del aborto pone en riesgo la vida de mujeres que no pueden acceder a un método seguro por no tener los recursos, sino que alimenta a un mercado negro de clínicas y personas que venden las medicinas a precios elevados.
“Las mujeres pobres se someten a actos inseguros que ponen en riesgo su vida y su salud, se someten a clínicas clandestinas de sectores populares, que son más baratas. Las personas que tienen estas clínicas no son las que van presas. La defensa del aborto es un asunto que afecta sobremanera a las mujeres de sectores más vulnerables”, destacó la representante de Tinta Violeta.
En Venezuela, esta es la tercera causa de muerte materna en Venezuela, según datos de la Asociación Civil de Planificación Familiar (Plafam). Es por esto que el movimiento feminista venezolano se empeña en pedir que se inicie el debate por la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo, para salvar la vida de las gestantes.
Presa por ayudar
En 2020 la activista Vanessa Rosales fue detenida por ayudar a una adolescente de 13 años a interrumpir un embarazo tras haber sido violada por su vecino. La madre de la adolescente y Vanessa quedaron privadas de libertad.
“La estructura misógina patriarcal le dio más peso moral al aborto que a la violación. La niña señaló a su violador y fue dejado en libertad porque no fue encontrado en flagrancia. La estructura misógina y patriarcal enfiló todo en contra de Vanessa y de la mamá de la niña y agravó la situación”, indicó Faddoul.
El 21 de julio de 2021, tras presión interna e internacional, Rosales quedó en libertad. “El caso estuvo viciado desde un inicio, hasta las Naciones Unidas habló del caso porque hubo violación al libre proceso, allanamiento y detenciones arbitrarias. Este es el ejemplo de la falta de perspectiva de género en el sistema judicial”, recordó la abogada de 100% Estrógeno.
La Ruta Verde continuará en la exigencia, en la despenalización social, desmitificando mitos que hay alrededor del aborto, por lo que seguirá en protestas de calle y jornadas de sensibilización y formación en la ciudadanía.
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