Caracas.- En el marco del Día Mundial Contra la Trata de Personas, el Fiscal General del gobierno de Maduro, Tarek William Saab, presentó este viernes un balance de su gestión en esa materia, donde explicó que a la fecha, 411 implicados en el este delito han sido acusadas, y otras 468 han sido investigadas.
“Podemos decir que desde el inicio de nuestra gestión, en agosto del año 2017, hemos realizado imputaciones contra 468 implicados en este tipo de delitos. Hemos acusado 411 personas y se han librado 114 órdenes de aprehensión”, dijo el representante del gobierno de Maduro en su rueda de prensa, y según se reseña en la cuenta en Twitter del Ministerio Público.
El fiscal añadió que en ese período se contabilizan 330 casos, con un total de 696 víctimas de este flagelo, al cual comparó con el tráfico de drogas y de armas. “Ya lo dijimos, a un nivel similar al tráfico de drogas y de armas; la explotación sexual es una forma de esclavitud moderna, por eso debemos estar alerta”, dijo.
Mafias en Trinidad y Tobago y en Perú
Detalló dos casos en los que su despacho identificó redes de tratas de personas que captaron jóvenes en el país con ofertas de trabajo falsas y que serían explotadas sexualmente en Trinidad y Tobago y en Perú.
El primer caso fue descubierto en enero, cuando tres adolescentes fueron captadas en La Guaira con la oferta de atender mesas en Trinidad y Tobago, y que fueron trasladas hasta Tucupita, donde sus captores retuvieron los papeles de identificación de las jóvenes y les informaron que prestarían servicios sexuales en la isla.
La denuncia la interpuso la madre de una de las víctimas ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), quienes luego de las experticias de rigor lograron rescatar a 10 mujeres en un galpón en Tucupita.
Informó que por este caso fueron detenidas e imputadas nueve personas: cinco hombres y cuatro mujeres, por los delitos de trata de personas en calidad de autores mediante la captación, traslado y acogida de personas con fines de explotación sexual, así como asociación para delinquir.
El segundo caso se descubrió en abril, cuando se denunció la desaparición de una joven en Puerto La Cruz. Las investigaciones determinaron que la joven fue captada bajo engaño con una oferta para trabajar como promotora en Perú, siendo la realidad que sería explotada sexualmente.
Detalló que un grupo de personas emitía documentación falsa y se encargaba de la logística para trasladarlas por tierra a Perú, donde eran recibidas por otro grupo de venezolanos.
Tras rescatar a la adolescente y otras tres víctimas en Valencia, fueron detenidas cinco personas y se libró orden de aprehensión contra otras cuatro, de las cuales tres aún quedan tres por cumplirse, una de ellas se encuentra en Perú y tiene notificación roja internacional.
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