Caracas.- La Emergencia Humanitaria Compleja que atraviesa Venezuela, sobre todo la pobreza por insuficiencia de ingresos en la que vive 94 % de los hogares, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 2018 (Encovi), aumenta las probabilidades de ser víctimas de trata de personas. Así lo afirman Carla Serrano Naveda y María Gabriela Cuevas, investigadoras de la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab).
Este jueves 12 de diciembre, el Instituto de Investigaciones Jurídicas y el Centro de Derechos Humanos, ambos de la Ucab, presentaron los resultados de un estudio que se realizó para conocer las dinámicas de captación, traslado y acogida de las personas víctimas de trata en Venezuela, especialmente de niños, niñas y adolescentes.
Entre diciembre de 2018 y junio de este año, un equipo que se dividió entre Caracas y Bolívar entrevistó a 24 víctimas de trata, 17 mujeres, entre esas una mujer trans, y 7 hombres, y se determinaron tres etapas: la captación por medio del engaño o una oferta tentadora cuyas condiciones reales son desconocidas; traslado fuera del círculo familiar y de seguridad de la víctima y la explotación, generalmente, sexual y laboral.
“En un contexto con tantas carencias, cualquier cosa que te ofrezcan es un incentivo”, afirmó Cuevas. Explicó que cuando una adolescente, por ejemplo, es forzada a resolver problemas de sobrevivencia mediante la prostitución, la respuesta de la sociedad civil no puede ser “ella quiso”. Luego de la captación, explicó, las víctimas pierden la capacidad de ser independientes y temen que si se desprenden de sus victimarios, no podrán sobrevivir.
En Venezuela, incluso la falta de documentos de identidad aumenta los riesgos para mujeres, niños, niñas y adolescentes. Cuevas indicó que menores sin identificación, especialmente en estados fronterizos, son vendidos. Destacó además que mujeres y hombres que no tienen pasaportes son captados por bandas que ofrecen el traslado a países vecinos de forma ilegal.
Serrano Naveda expuso que, además, el equipo de investigación accedió a funcionarios de la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (Oncdoft), el Ministerio Público, la Asamblea Nacional, el Instituto Nacional de la Mujer (Inamujer), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y el Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Varios de los consultados insistieron en que no hay monitoreo ni evaluación de las políticas públicas, por eso la atención y reparación de las víctimas son tarea pendiente.
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