El fiscal general del gobierno de Nicolás Maduro, Tarek William Saab, informó este miércoles, 11 de mayo, que entre enero y abril de 2022 su despacho ha procesado 74 casos vinculados al acoso escolar.
En una declaración televisada, Saab explicó que las acciones que está tomando la Fiscalía tienen como objetivo visibilizar este problema, dar aportes para comenzar a construir una política de Estado contra el acoso escolar y la violencia ejercida entre menores, además de proponer una ley.
«Estamos ejecutando un plan nacional de prevención del acoso escolar, llevado a cabo por la Dirección de Protección Integral a la Familia, conjuntamente con las fiscalías superiores de todos los estados del país», afirmó.
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El funcionario indicó que este plan nacional está dando «buenos resultados» porque implica que tanto los fiscales superiores como los provisorios y auxiliares de cada región se reúnan con los centros educativos, los directores, maestros y estudiantes para dar charlas educativas para prevenir estos hechos.
«El acoso genera fracaso escolar, actitudes de aislamiento, altos estados de ansiedad, cuadros depresivos, inhibición escolar, aparición de neurosis e histeria, imágenes negativas sobre sí mismo y la consecuencia más grave entre todas, según lo que hemos investigado y estudiado, es que puede conllevar al suicidio de los niños víctimas», recalcó.
Rechazo de exposición pública
El pasado 5 de mayo, (Cecodap) rechazó la «exposición pública» de adolescentes involucrados en situaciones de violencia y presunto acoso escolar por parte del fiscal general en redes sociales.
La organización señaló que en los últimos días, el fiscal general ha usado su cuenta para tuitear el nombre, apellido y fotografía y/o video de adolescentes involucrados en situaciones de violencia y presunto acoso escolar, lo cual se replica en la cuenta oficial del Ministerio Público.
“Recordamos que la exposición en redes sociales de cualquier adolescente responsable de un hecho punible promueve su estigmatización, que sea víctima de otras expresiones de violencia o que se emitan juicios públicos sin conocer con exactitud los hechos, sin haber culminado el proceso de investigación correspondiente”, argumentó Cecodap.
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En el comunicado, la ONG expresó rechazo y preocupación por las posibles consecuencias. Además, se destacó que es una infracción y debe sancionarse “difundir datos, informaciones o imágenes que permitan identificar, directa o indirectamente, cualquier niño, niña o adolescente que haya sido sujeto activo o pasivo de hechos punibles”.
Con información de EFE
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