Familias en refugios de Distrito Capital se preguntan dónde están sus viviendas

Caracas.- «No sé a quién le están dando las casas, porque a nosotros los refugiados no nos están dando esas viviendas», esa es la denuncia que este viernes hizo Verónica González, una de las refugiadas de espacios del Gobierno de Distrito Capital que salió este viernes 27 de diciembre a protestar, frente a la sede de la Vicepresidencia de la República.

Los habitantes de al menos ocho espacios habilitados como refugios en el municipio Libertador, de Caracas, tomaron la avenida Norte 4 del centro de la ciudad para reclamar que Nicolás Maduro entregará este jueves, 26 de diciembre, el inmueble número tres millones de la Gran Misión Vivienda, pero que ellos, que son más de 500 familias, tengan más de cinco años como refugiados.

Se trata de quienes habitan en los refugios de Van Raalte, en La Yaguara, Pomarrosa, en Catia, el edificio José Ángel Lamas, en San Martín, Casa taller, la zona agrícola de El Junquito, la Ciudadella, la Coorporación de Servicios y el Ministerio de la Mujer.

Los manifestantes acudieron a la Vicepresidencia con sus hijos pequeños, sus familiares con discapacidad y con pancartas para reclamar la atención de las autoridades a la situación que viven.

Particularmente, instaron a Johanna Gabriela Carrillo Malavé, viceministra de Redes Populares en Vivienda, a cumplir con su palabra de asignar sus viviendas lo antes posible.

Los refugiados aseguraron que sostuvieron un encuentro este mismo mes de diciembre con la funcionaria en el que les dijo que en Caracas no había casas y que debían apegarse a sus proyectos de autoconstrucción «así estos duraran 10 años» para poder recibir sus viviendas en caso de que no fueran reubicados en otra zona.

Mientras tanto, Maritza Rivero, una de las afectadas, asegura que están de refugio en refugio. «Nos dijeron que en Caracas no había entregas y ayer vimos a Maduro entregar nuevas casas. Ya estamos cansados de que nos mientan», aseguró la ciudadana.

Rivero tiene más de cinco años viviendo en un cubículo de madera en el refugio Pomarrosa, en Catia. Refiere que todos los que están en estos espacios provienen de sectores de Caracas como Propatria, 23 de Enero Los Eucaliptos, Casalta y la Panamericana y que fueron desalojados por alto riesgo, perdieron sus viviendas o debieron salir de sus casas por alguna construcción oficial en el espacio en donde estaba ubicada.

En el sitio, donde habitan 380 niños y 165 familias, también hay familias enteras que se encontraban en condición de riesgo y vivían en las calles. Es el caso de Yasterly Diaz que fue llevada hace tres años a Pomarrosa como casa abrigo cuando la rescataron de las calles junto a sus seis hijos.

«Ellos me prometieron ayuda, me dijeron que recogiera a mis hijos porque yo me quedaba en una oficina en Capuchinos durante tres meses y me dejaron en ese refugio en condición de casa de abrigo, como a otras personas que vivían en las calles, pero ahora nos abandonaron», dijo.

La situación empeora para personas con condiciones especiales como Moraima Afanador, que tiene ocho años viviendo junto a su hijo en el refugio José Ángel Lamas, antiguo edificio de Ipostel, en San Martín.

Ella tiene artrosis severa y su hijo de 15 años tiene autismo y es un paciente de alto riesgo neurológico. Afanador refiere que cuando cumplía tres años viviendo en este espacio, funcionarios del Ministerio de Vivienda le prometieron que darían prioridad a su caso, pero sigue allí.

«Vivimos en cubículos pequeños separados con maderas, no tenemos agua y por eso debo buscar 24 litros en el edificio de en frente y subir cuatro pisos con ellos y mi bastón porque no tengo más ayuda y el papá de mi hijo murió», contó Afanador.

La ciudadana se refirió también al mal estado de las instalaciones en las que viven, sin servicios básicos y con roedores e insectos que proliferan y generan enfermedades en los niños.

Este comentario fue reforzado por quienes conviven en el refugio Van Raalte, en donde hay tres pisos habitados por 87 familias y aproximadamente 200 niños. «Está que se cae porque hay filtraciones, no llega el agua. La luz la ponemos nosotros mismos», relató Verónica González, habitante del espacio.

Engañados

Jonathan Alvarez vive en el refugio La Ciudadella, de Catia. Tiene ocho años en el espacio con sus dos niños que «llegaron pequeños al sitio y ya están grandes porque crecieron ahí». Alvarez asegura que como su familia, los otros 70 infantes que residen en La Ciudadella solo conocen este espacio como vivienda.

Este padre de familia considera que todos los refugiados han sido engañados y fueron olvidados por el Estado. «Al principio teníamos alimentación, salud, recreación, nos ayudaban para que nosotros hiciéramos la mano de obra, pero ahora si que nunca van a menos que salgamos a protestar», dijo.

Antony Pérez, vocero de este grupo de refugiados, denunció que incluso siguen llegando nuevos habitantes a la Ciudadella que son incorporados en espacios habilitados en tiempo record y salen al siguiente día directo a algún apartamento en la ciudad de Caracas.

«Hace dos meses nos llevaron gente del Edificio Los Chorros que debían desocupar. Acondicionaron cubillos nuevos y llevaban a la gente en la noche y en la mañana se los llevaban para sus apartamentos. Si dieron cupos completos para la gente de la torre El Chorro, pero a nosotros nos dejaron seis familias allí que se suponen tenían asignadas sus casas», relató Pérez.

Los refugiados se quedaron sentados en la calle frente a la Vicepresidencia de la República desde las 8:00 am hasta pasadas las 4:00 pm. Sin embargo, solo lograron que fuese atendida una comisión por la propia viceministra de Redes Populares en Vivienda, Johanna Carrillo, quien le prometió de nuevo ofrecer respuestas concretas a partir de este lunes 30 de diciembre.