Caracas.- La ONG Espacio Público presentó el miércoles su Informe 2022 sobre la situación de la libertad de prensa e información en Venezuela, en el que detalla que las restricciones para buscar, recibir y difundir información persisten como un patrón gubernamental que, entre 2003 y 2022, ocasionó el cierre de 403 medios de comunicación.
De acuerdo con el informe de la ONG presentado en el contexto de la conmemoración del Día Mundial de la Libertad de Prensa, en los últimos 20 años la política gubernamental -como principal factor- ocasionó el cierre de 285 emisoras de radio, 87 periódicos, 19 canales de televisión de señal abierta y 12 medios digitales.
De acuerdo con la documentación de Espacio Público, 13 estados no tienen acceso a distintas fuentes de información con líneas editoriales diversas, cuando existen al menos 980 medios de comunicación activos, según el mapeo que la ONG hizo entre diciembre de 2020 y marzo de 2021.
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Entre los patrones que la ONG resalta en su informe 2022 y que conforman la escalada de la política de cierre de medios en los últimos años, se cuentan las restricciones administrativas, los bloqueos, la censura y, de forma más reciente, los procesos de criminalización con la aplicación de la denominada Ley contra el Odio.
Vulneraciones documentadas en 2022
El director ejecutivo de la ONG, Carlos Correa, precisó que en 2022 documentaron 468 denuncias vinculadas con 227 casos sobre vulneración de la libertad de prensa e información en Venezuela.
Pese a que la cifra de 2022 representa una disminución con respecto a 2021, cuando la ONG documentó 244 casos, Correa advirtió sobre la gravedad de los registros de 2022, como el cierre de 81 emisoras de radio que la organización constató.
«Muchas de esas emisoras las estaban cerrando simultáneamente. Ese proceso continúa a lo largo de este año», advirtió Correa quien añadió que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) es el principal victimario en los casos documentados vinculados con la radio, al intervenir en 60 % de los hechos.
De los 980 medios de comunicación operativos hasta 2021, 699 eran emisoras de radio (71 %), de acuerdo con Espacio Público.
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Según el director ejecutivo de la ONG, el contexto documentado en 2022 es la consecuencia de una «política de acumulación de procesos y prácticas» para generar un desplazamiento de los mecanismos tradicionales de información: radio, TV y periódicos.
«Se acumulan procesos y prácticas que generan un ecosistema con características que hacen que la gente reaccione de una manera distinta frente a las restricciones. Las personas se han ido moviendo a otros lugares y hemos visto que el poder también se ha movido a perseguir en esos sitios donde acceden a información», explicó Correa.
Además del cierre de emisoras, la criminalización mediante el uso de la llamada Ley contra el Odio es otro de los factores que resaltó Correa en la presentación del informe de 2022.
Espacio Público documentó el uso de la Ley contra el Odio en 14 de 17 detenciones registradas en 2022. «Estamos hablando de lógicas represivas ya no asociadas a temas de interés público», dijo Correa.
La clasificación de violaciones
Según el informe de Espacio Público, en 2022 la ONG documentó 199 casos de censura; 91 hechos relacionados con restricciones administrativas; 83 acciones de intimidación, 23 amenazas; 44 situaciones de hostigamiento verbal y 22 de hostigamiento judicial; 3 agresiones, 2 ataques y el asesinato del periodista José Urbina en la zona fronteriza de Apure.
«Lo asesinaron y un año después no se ha avanzado en la investigación. Él había hecho fuertes denuncias contra la Guardia Nacional (…) otras informaciones se referían a que su asesinato podía estar vinculado con acciones de grupos irregulares en esa zona. Lo cierto es que no ha habido investigación para esclarecer lo sucedido», agregó Correa.
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Las denuncias de censura, según el informe de Espacio Público, ocuparon el primer lugar en el registro de violaciones, con al menos 199 incidencias, lo que equivale a 43 % del total de hechos.
62 % de las víctimas de violaciones son periodistas y medios de comunicación, mientras que en el caso de los victimarios, 82 % está vinculado con instituciones estatales, funcionarios y cuerpos de seguridad.
En lo que va de 2023, la ONG documentó 55 casos de violación y 108 denuncias sobre restricciones a la libertad de prensa e información.
El espacio digital
En un ámbito con precariedad informativa en el que los medios tradicionales no son los principales elementos para la construcción de la agenda de información, las redes sociales, las plataformas de mensajería instantánea -como WhatsApp- y los medios digitales tienen mayor relevancia, advirtió Correa.
«La gente se esta informando a través de WhatsApp, redes sociales y otras plataformas basadas en internet. Por eso el tema de los apagones informativos y las restricciones o caídas de internet también significan obstáculos para el acceso a la información», añadió Correa.
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De acuerdo con Espacio Público, en 2022 documentaron al menos 70 casos relacionados con apagones informativos, bloqueos o caídas en internet.
Espacio Público precisó que la estatal Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv) es el principal victimario de los bloqueos de medios de comunicación digitales independientes en el país.
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