Docentes de Charallave, adscritos a la Gobernación del estado Miranda, realizaron una asamblea, en la plaza Bolívar de esta ciudad, para denunciar, una vez más, la violación del contrato colectivo por parte del Gobierno regional.
Dilia Pérez, representante de la directiva regional de Sitraenseñanza, declaró que el Ejecutivo mirandino sigue en deuda con el magisterio, a lo cual se suman otras arbitrariedades, “en el marco de una situación económica que golpea cada vez más nuestro presupuesto familiar”.
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«No cancelan las quincenas a tiempo, sino cuatro o cinco días después. No tenemos póliza de Hospitalización, Cirugía y Maternidad, no contamos con servicio funerario. Estamos desvalidos y el Gobierno regional no da respuesta», dijo Pérez.
Agregó que la problemática también afecta a jubilados y desincorporados por incapacidad. «La situación de los jubilados es bastante caótica. Les deben 15% de lo correspondiente a intercategoría, que ya fue cancelado a los activos. Falta también el pago de un bono de estabilidad económica de 40%”.
Asimismo, Pérez denunció que a los docentes jubilados por incapacitación no les pagan las deudas, alegando que ellos están incapacitados, pero el contrato colectivo los ampara en todas las bonificaciones y beneficios.
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