“Entre las principales barreras que impiden o dificultan a las organizaciones desarrollar su trabajo y cumplir los objetivos planteados conforme a su planeación se encuentran los ataques a la seguridad e integridad personal y organizacional, la ausencia de institucionalidad y las restricciones legislativas y financieras”, esta es una de las conclusiones del informe “Defender los derechos humanos en Venezuela: retos de la sociedad civil para enfrentar el cierre del espacio democrático”.
El informe, presentado este miércoles, 7 de abril, durante un foro en línea, expone las principales limitaciones de organizaciones defensoras de derechos humanos en el país, luego de la ejecución de una serie de entrevistas semiestructuradas a defensores y defensoras de derechos humanos que trabajan en 30 organizaciones con cobertura nacional o regional, en siete ciudades de Venezuela.
“Se pudo observar la existencia de una serie de mecanismos usados por el Estado para cercenar las labores de las organizaciones de derechos humanos, entre los que se cuentan los ataques a la libertad individual –amenazas y censura– y las restricciones legislativas”, es parte de las conclusiones que se desprenden del documento disponible en la página web de la organización DeJusticia.
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En el texto se asegura que los ataques no solo afectan a las organizaciones, sino a sus miembros, quienes sufren ataques a la libertad individual que vienen desde distintos frentes, “unos promovidos por grupos armados irregulares con la complacencia del Estado, y otros perpetrados directamente por este. En ambos casos, limitan gravemente al movimiento de derechos humanos, lo cual somete a las defensoras y defensores a riesgos en su integridad”, se desprende del informe.
El estudio expone la opacidad como una de los principales problemas para el trabajo de defensa de las organizaciones. En este sentido, refiere que 36 % de las organizaciones entrevistadas sufren a causa de la falta de información pública y las restricciones que se generan para el ejercicio del derecho constitucional de peticiones de información, lo que obliga a estas organizaciones a asumir funciones correspondientes al Estado en torno a la publicación regular de datos.
Se destacan igual al menos 15 normas expedidas en el país que restringen el espacio de la sociedad civil en aspectos como la constitución y el registro de organizaciones, así como el acceso a la cooperación internacional.
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