Caracas.- Amenaza a la protesta social, así calificó el defensor de derechos humanos y codirector de la organización Acceso a la Justicia, Alí Daniels, la condena de 16 años a los sindicalistas detenidos por protestar contra el instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre).
“Es una amenaza a los líderes y luchadores sociales que exigen reivindicaciones de tipo salarial, lo que ahorita está ocurriendo a nivel nacional, porque la mayoría de las protestas son por malos servicios públicos o reivindicaciones sociales”, dijo en una llamada telefónica con El Pitazo.
Daniels destacó que una medida de este tipo solo busca silenciar a los grupos que exigen en las calles sus derechos laborales e indicó que estas acciones demuestran cómo el poder judicial venezolano es parte del aparato represivo.
“En la solicitud de aprehensión que hace el Ministerio Público no hay nada. Cuando digo esto es porque lo que hay es una lista larguísima de números que hicieron comunicación con los imputados, unas capturas que no dicen nada y unos correos electrónicos en los que dicen generalidades, porque no dicen un plan concreto de nada, y el testimonio de una persona que nunca compareció”, añadió el defensor.
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Movimiento sindical de luto
Por su parte, el dirigente de la Coalición Nacional Sindical, Carlos Salazar, indicó en una conversación telefónica con El Pitazo que el movimiento sindical venezolano se encuentra de luto porque no había pruebas para condenar a los seis dirigentes: Alcides Bracho, Néstor Astudillo, Reynaldo Cortés, Gabriel Blanco, Alonso Meléndez y Emilio Negrín.
“Esto es un acto contra el movimiento sindical. Nos están mandando un mensaje (el gobierno de Maduro) y es que quieren actuar y tienen el poder, y quieren actuar contra nosotros cuando les dé la gana”, dijo Salazar.
Reconoció que, como sindicalista, es difícil no sentir temor, pues desde el comienzo de las protestas para exigir mejoras salariales y la derogación del instructivo de la Onapre conocían los riesgos que enfrentaban, pero reconoció que esto no es un impedimento para seguir en las calles, porque el llamado que le hace el país es más grande que el miedo a las acciones del Estado.
El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) contabilizó 4.351 protestas en el primer semestre de 2023, de las cuales 3.112 fueron por exigencias laborales.
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2024 con más persecuciones
La condena de seis dirigentes sindicales puede traducirse en una escalada de las persecuciones y represión contra quienes protesten, una situación que pudiera aumentar en 2024, advirtió Daniels.
“Este caso advierte lo que podemos prever que va a ser el año que viene, es decir, un año lleno de represión. Un año lleno de violencia institucional porque en este caso es una violencia institucional, pero no por ello deja de ser menos violento”, explicó.
Asimismo, el abogado señaló que estas acciones buscan sembrar temor para que las personas no puedan ejercer su libertad ni que se realice un proceso electoral que genere confianza.
“Que haya miedo a la hora de votar, o que no se vote por el mismo miedo (…) Claro, ahorita, el Gobierno está recogiendo todos los posibles supuestos para que la gente no vote, y entre ellos el miedo”, sentenció el defensor.
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