Caracas.- La comunidad LGTBIQ+ conmemora este viernes, 28 de junio, el Día del Orgullo, una fecha que le permite recordar cada una de las deudas que el Estado venezolano tiene en materia de derechos humanos con esta población. Los reclamos y exigencias se han convertido año tras año en sus banderas de lucha.
“La situación de la población LGTBIQ+ es desastrosa, sin duda alguna, porque no hay avances significativos. Somos el país más atrasado de toda Suramérica en este tema y eso nos coloca en una situación de desventaja, porque representa un estado de indefensión para nosotras y nosotros”, denunció en una llamada telefónica con El Pitazo Richelle Briceño, abogada, docente y activista.
Entre las exigencias de este grupo se encuentran:
Matrimonio igualitario
“No hemos avanzado absolutamente en nada. Desafortunadamente, temas que dependen del Estado, como el matrimonio civil igualitario y la protección a la familia, siguen sin materializarse mediante un proyecto de ley en la Asamblea Nacional”, afirmó Briceño.
Asimismo, la activista recalcó que este proyecto de ley tiene 10 años en el Parlamento porque se introdujo en el año 2014. Esto fue posible gracias a la iniciativa popular y porque fue acompañado de una gran cantidad de firmas y requisitos que establece la Constitución.
“Los legisladores no han debatido ese anteproyecto, con lo cual violentan el principio constitucional, porque cuando se presenta por iniciativa popular, la Asamblea Nacional debe abordar el tema en primera discusión, sí o sí. No hay otras alternativas”, añadió la docente.
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Reconocimiento de la identidad
Otra de las deudas es el derecho a la identidad, un asunto vital para la comunidad y que debería presentarse ante la Asamblea Nacional como un anteproyecto de ley. Incluso existe una subcomisión de los LGTBIQ+, pero no ha avanzado en este, denunció Briceño.
“Eso tampoco ha sucedido, a pesar de que el cambio de nombre está contemplado en los artículos 146, 147 y 148 de la Ley Orgánica del Registro Civil, que establecen el derecho al cambio de nombre en las sedes administrativas”, señaló la abogada.
Reconoció la entrevistada que pese a los retrasos en esta materia, en el Consejo Nacional Electoral (CNE) ya se modificó el instructivo que establece los pasos que deben cumplirse para la modificación del nombre.
“Fue publicado en Gaceta Electoral, pero a la fecha no ha sido publicado en Gaceta Oficial, y hasta que salga, los registradores no aplicarán la norma. Es decir, están usando la burocracia del sistema para no permitirnos acceder al derecho a ningún venezolano, porque no se trata únicamente de la población LGBTI”, destacó Briceño.
Asimismo, la activista recordó que el cambio de nombre es un beneficio que puede ser usado por cualquier ciudadano, independientemente de su origen u orientación sexual.
La encuestadora More Consulting reveló en su estudio «Seguimiento Venezuela, capítulo: Población sexo-género diversa», realizado en mayo del 2023, que 56,6 % de las personas consultadas afirman estar totalmente (36,0 %) o algo de acuerdo (20,6 %) con que las personas transexuales o transgénero deben tener garantizado su derecho de cambio de identidad.
“Al filtrar esta pregunta por generación, observamos que aproximadamente 6 de cada 10 personas de todas las generaciones están de acuerdo con el reconocimiento del derecho a la identidad”, señaló la consultora.
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La no discriminación
La activista LGTBIQ+ aseveró que otro de los temas pendientes son las acciones para erradicar la discriminación, algo que se prohíbe en un importante número de leyes, pero que no cuenta con los mecanismos jurídicos y legales para frenarla, castigarla o sancionarla.
“El año pasado, en mayo del 2023, se propuso la Ley Orgánica contra toda Forma de Discriminación. Fue aprobada en primera discusión, pasó a consulta pública y los grupos religiosos y conservadores del oficialismo, del Gran Polo Patriótico, no permitieron su avance dentro de la Asamblea Nacional”, explicó la representante de la comunidad.
Briceño calificó de egoísta el procedimiento de este grupo, puesto que no solo atenta contra la población LGBTIQ+, sino contra el resto de la ciudadanía que recibe discriminaciones por su origen, género, creencias religiosas, clase social o discapacidad.
Sobre este tema, la encuestadora More Consulting reveló que 53,4 % de las personas consultadas afirman estar totalmente (29,5 %) o algo de acuerdo (23,9 %) con que las personas que se identifican como de la comunidad LGTBIQ+ disfruten una vida libre de violencias y discriminación.
Otras demandas
Briceño destacó además que también son necesarias otras políticas públicas, como la educación sexual integral, el abordaje de situaciones de personas LGBTIQ+ en situación de calle, la formación en los espacios públicos y en las instituciones públicas.
Precisó la activista que sus exigencias no solo van al Ejecutivo nacional, sino también a otros organismos, como el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que tienen demandas que tienen 6 años, incluso 20, sin recibir una respuesta. “Todo ello violenta el debido proceso, el derecho a una justicia expedita, el derecho a una justicia eficaz, el derecho a tener celeridad procesal”, declaró.
Para recordar estas deudas e insistir en los reclamos, la comunidad tiene previsto marchar por las calles de Caracas el próximo domingo 7 de julio, desde el parque Generalísimo Francisco de Miranda hasta la Zona Rental de plaza Venezuela.
Briceño puntualizó que para este año demandan la erradicación de la discriminación, el matrimonio civil igualitario, el derecho a la identidad, el reconocimiento de las familias homoparentales y la no criminalización de la existencia de la comunidad LGTBIQ+.
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