Caracas.- Desde hace meses, activistas Lgbti en Venezuela exigen al TSJ una respuesta definitiva a peticiones como el matrimonio igualitario, el reconocimiento de la identidad de género y la anulación de un artículo del Código de Justicia Militar que castiga con hasta tres años de cárcel las relaciones homosexuales.
Representantes del colectivo piden un pronunciamiento definitivo sobre unas demandas introducidas desde 2015 por la asociación civil Venezuela Igualitaria relativas “al derecho al matrimonio civil igualitario”, al de “la identidad de género” y al de “las personas a ser, existir y amar dentro de las Fuerzas Armadas”.
Yendri Velásquez, miembro del Observatorio de Violencia Lgbtiq+, dijo a EFE durante una protesta realizada en febrero, que en Venezuela la situación es lamentable por ser uno de los últimos países en la región en avanzar en materia de derechos humanos para las personas de este colectivo: “El Estado tiene una gran deuda”.
En Venezuela, por ejemplo, un hombre homosexual no puede donar sangre. Mientras, una persona trans debe identificarse legalmente con un nombre que no la representa y las parejas del mismo sexo no tienen derecho a casarse, entre otras prohibiciones que enfrenta este colectivo.
Cambio de nombre de las personas trans
A finales del mes de febrero, varios activistas Lgbti exigieron al Consejo Nacional Electoral (CNE), ente encargado también de organizar, supervisar y actualizar el registro civil, que garantice el cambio de nombre de las personas transgénero, intersexuales y no binarias, un derecho establecido en la ley desde 2009, pero que no se cumple.
El pasado diciembre, una comisión parlamentaria prometió a los activistas avanzar en el proceso de cambio de nombre de personas. Aseguran que no están solicitando ninguna interpretación del artículo 146 (de la Ley de Registro Civil) y que el Consejo Nacional Electoral debe aplicar la norma.
Por su parte, el Observatorio Venezolano de Violencia Lgbtiq+ ya ha denunciado previamente que la situación de este grupo de personas “es bastante deplorable” por la falta de un marco jurídico que les brinde protección. Agregan que la crisis humanitaria, económica y política, hace que estas personas sean aún más vulnerables.
Con información de EFE
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