La Guaira.- Entre el martes 12 y el sábado 16 de marzo, camiones volteo realizaron de manera inusual viajes entre el puerto de La Guaira y los terrenos aledaños a la zona devastada de Carmen de Uria, en la carretera hacia Naiguatá.
Lo inusual no era el ingreso de los camiones volteo a la zona custodiada celosamente por militares, pues es común verlos ingresando allí desde que Carmen de Uria fue convertido en un botadero de desechos y escombros. Lo extraño era que las unidades de carga pesada venían custodiadas por otros militares. Aunque la carga venía cubierta con lonas, quienes lo seguían aseguraban que traían comida que sería desechada.
Las sospechas resultaron ciertas. Comida empaquetada en bultos o por unidades sueltas, con fecha de vencimiento del pasado año, algunas con gorgojos y gusanos, fue desechada sin ningún tipo de medida sanitaria para su disposición final, en la zona alta de Carmen de Uria.
De acuerdo con obreros que trabajan en la empresa Salva Foods 2015 C.A, organización que maneja la importación de la comida que es vendida en las cajas y bolsas del programa que dirigen los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap) en Venezuela y quienes operan galpones para almacenamiento y empaque en el puerto de La Guaira, la comida dejada en Carmen de Uria corresponde a comida que se vio afectada por el incendio registrado en parte de estos galpones el 27 de febrero de este año.
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“Hubo comida que se dañó con el fuego y otra con el agua que se utilizó para apagarlo. Esa comida mojada, mucha se pudrió. Se hizo el intento de salvar las menos afectadas, pero a la mayoría le cayeron animales por la humedad, especialmente a los granos, arroz y harina. A nosotros nos mandaron a botarla, bueno a montarla en los camiones. Ellos se las iban a llevar al relleno sanitario de Santa Eduvigis, pero se armó un escándalo porque la gente fue a sacar lo que aún medio servía. Por eso cambiaron a Carmen de Uria, porque es más lejos y para allá va menos gente”, contó a El Pitazo un obrero que no deseó ser identificado, ante la orden expresa de no declarar a los medios que tienen los coordinadores a quienes laboran en los galpones del Clap dentro del puerto varguense.
Lo dicho por el trabajador del puerto es comprobable y confirmado por otras voces. El 4 de marzo, un camión que llevaba alimentos al relleno de Santa Eduvigis fue tomado por vecinos de esta comunidad. Su carga era comida afectada por el incendio. “Quienes viven en las zonas que rodean el relleno sanitario están acostumbrados a revisar camiones a ver qué consiguen. Ese día encontraron pasta, arroz, granos, harina de maíz en empaques chamuscados, pero algo podía salvarse» sostuvo.
«El problema fue que se grabó y fue a dar a medios de gente de la oposición. Por eso nos mandaron a llevarla para enterrarla en Uria. Allí no hay casi gente. Poquitos viven allí y lo bueno es que como los militares cuidan, pues uno puede hacer el trabajo con más calma. Sin embargo, la bola de que llevábamos comida también se corrió y hubo puntos en La Guaira y Tanaguarena que la gente se encaramaba en los camiones para llevarse esa comida”, comentó un conductor de los camiones que pertenece a la flota de la Gobernación del estado Vargas, quien no desea ser identificado.
El opositor que divulgó la denuncia en ese momento fue el diputado José Manuel Olivares en sus cuentas de Twitter e Instagram. Después de esa publicación, el destino de la comida dañada pasó del relleno sanitario, lugar que en teoría cuenta con las condiciones sanitarias para recibir esos desechos alimentarios, a Carmen de Uria, un vertedero sin control alguno.
Repartirla antes de ser desechada
Trabajadores de los galpones del Clap, que opera Salva Foods 2015 C.A. en el Puerto de La Guaira, aseguran que el primer lineamiento tras el incendio del 27 de febrero fue “preservar la comida que se pudiese salvar y usarla para armar las bolsas que serían distribuidas en los días siguientes”.
“Las bolsas, por lo general, están empacadas por lotes y protegidas con plásticos especiales con químicos para alejar a las ratas que están en los muelles y vienen atraídas por el arroz y los granos. La comida menos dañada iba a ser repartida y se armaron unos combos. Pero resulta que la comunidad recibió esa comida y tenía animalitos. Creemos que fue por el tiempo que pasó desde lo del incendio a la repartición”, refiere uno de estos empleados, cuya identidad es protegida.
De hecho, en Vargas, desde el 5 de marzo a la fecha, se han registrado 11 protestas por el mismo tema. Comunidades de las parroquias Caruao, Naiguatá, Maiquetía y Urimare protestaron porque pagaron entre 9-000 y 13.000 bolívares por la bolsa del Clap y la mayoría de los productos trajeron gorgojos y gusanos, por lo que la devolvieron a sus voceros.
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“Las protestas hicieron que se decidiera botar esa comida de una. Por eso se llevó para Carmen de Uria”, refiere la fuente.
Inadecuada disposición que atenta contra salud pública y el ambiente
Tras la llegada de los camiones con comida a Carmen de Uria, el ingreso ha sido mucho más estricto. El Pitazo intentó en tres oportunidades tener acceso a la zona destruida desde la tragedia de 1999 y donde aún residen ocho familias, sin tener éxito.
Sin embargo desde las afueras, el movimiento delata lo que sucede. Entra un camión y a las horas algunos residentes de Naiguatá se acercan. Los custodios permiten el paso de pocos.
“Lo que más se pudo rescatar es pasta, leche, arroz y granos. La gente lo botó en bolsas de fibra y aún están empaquetados. Hasta Harina Pan había. Los animalitos uno se los saca”, contó Juan Iriarte, vecino de Naiguatá, quien contó que se hizo de “algunas cosas”, para comer esta semana, de lo que dejaron en Carmen de Uria.
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“El gobierno de García Carneiro, la coordinación de los Clap y el Ministerio de Alimentación serán los responsables de cualquier epidemia o enfermedades que de este hecho se desprendan. La disposición de la comida tiene normas que deben ser cumplidas por el propio gobierno, que demuestra que poco le importa la salud de los habitantes de Vargas en medio de una situación tan compleja”, refiere el médico y dirigente Bernardo Guerra.
Aparte del tema de salud pública, la propia Gobernación de Vargas estaría violando leyes, reglamentos y normas nacionales e internacionales para la disposición final de estos desechos alimentarios.
“Existen normas y reglamentos que imponen los pasos para la recolección, el transporte, el tratamiento y la disposición final de los residuos cuando se trata de alimentos, ya sean procesados o simplemente desechados por vencimiento, infección o daño, como es el caso de esta comida procedente de los Clap. Enterrarla, como dicen las personas de los camiones que les fue ordenado tampoco es la medida adecuada. Se está actuando de una manera irresponsable y atentando abiertamente al ambiente”, agregó Carlos Espinoza, especialista en recolección de desechos sólidos y saneamiento ambiental en el estado Vargas.
El Pitazo solicitó información a la coordinación de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap) en el estado Vargas, pero nos indicaron que sus voceros no estaban autorizados a dar declaraciones sobre este tema.
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