Caracas-. La reciente muerte de un niño de 5 años tras caer por una claraboya en el Colegio Humboldt de Caracas conmocionó a la población caraqueña y a la comunidad educativa, pero también deja una serie de interrogantes: ¿Cómo pudo ocurrir algo así? ¿Cuáles son los organismos encargados de evaluar los riesgos en las instituciones educativas? ¿Cuáles son los protocolos para atender este tipo de incidentes?
Para aclarar estas inquietudes el equipo de El Pitazo contactó a representantes de instituciones educativas con el fin de conocer cuáles son sus mecanismos para prevenir este tipo de accidentes.
Carlos Trapani, abogado y especialista en Derechos del Niño y coordinador General de Cecodap, indicó que es de suma importancia que en los centros educativos exista una práctica de gestión de riesgo y atención de emergencia.
“Nuestra cultura venezolana e institucional se aleja del análisis de los riesgos por lo tanto este tipo de emergencias nos agarran desprevenidos”, dijo el especialista en leyes.
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Asimismo, la coordinadora de ciudadanía del programa Escuela de Fe y Alegría, Yameli Martínez, destacó que las instituciones educativas, subvencionadas o privadas, se rigen por una normativa legal del Ministerio de Educación, donde se establecen unas pautas y lineamientos que vienen de los cuerpos de bomberos.
“Tenemos que gestionar todos los años el permiso de Bomberos que comprende el estado de las instalaciones, por ejemplo: que las escaleras de emergencia por donde los niños transitan tengan antiresbalantes y pasamanos, que tengan iluminación, que las ventanas están protegidas y que los niños no tengan acceso a los vidrios, y que el sistema de extinción de incendios esté instalado. Es una lista interminable de cosas que nos piden”, dijo Martinez.
Sin este requisito no se pueden conseguir los permisos de funcionamiento del plantel, colegio o escuela educativa.
Pero además de esta permisología, las escuelas que ofrecen educación preescolar deben ser supervisadas por la Fundación de Edificaciones y Dotaciones Educativas (Fede), porque este tipo de instituciones deben tener unas condiciones distintas y adaptadas al tipo de público con el que se va a trabajar, explicó la profesora.
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Trapani insistió en que los centros educativos tienen que ser espacios afectivos, formativos y protectores. Asimismo, advirtió que la pandemia hizo que los procesos de las permisologías fueran suspendidos motivo por el cual se desconoce si a la fecha ya fueron reactivados.
Asimismo, recalcó que la Ley Orgánica de Educación del año 2009 reconoce que existe una responsabilidad civil, administrativa y penal por el desempeño de los docentes y sus autoridades, por eso, abogó porque las autoridades realicen las investigaciones pertinentes.
El abogado reconoció que “trabajar con niños no es fácil, implica extremar precauciones y garantizar espacios y actividades seguras”.
Martínez recalcó que es importante que los planteles educativos venezolanos cuenten con programaciones seguras, es decir, analizar los riesgos en los que se puede incurrir al interactuar con niños en cualquier espacio.
“Antes se tienen que prever esos posibles riesgos y tener un plan B de qué hacer en caso de que algo malo suceda”, dijo la profesora y coordinadora, quien destacó que en la sociedad actual es normal tener una serie de protocolos para atender situaciones no deseadas o que atenten contra los niños.
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Además, añadió que desde Fe y Alegría se realizan diagnósticos de infraestructuras al inicio del año escolar y al cierre del mismo para conocer las condiciones en las cuales comienzan las actividades académicas.
Finalmente, Martínez invitó al personal docente, académico y que hace vida en las instituciones educativas a observar los espacios que se comparten con los niños para evitar cualquier elemento que represente un peligro para ellos, sin embargo, en Venezuela hay muchas escuelas en barrios, edificios o zonas no idóneas para estos fines y por eso, considera que en esos escenarios se requiere socializar una serie de reglas para salvaguardar la integridad de este grupo de personas.
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