Caracas.- El gobierno de Nicolás Maduro ha emprendido una serie de acciones para frenar a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) en su investigación contra el Estado venezolano por las denuncias de crímenes de lesa humanidad.
Para Alí Daniels, director de la organización no gubernamental ONG Acceso a la Justicia, la competencia de la CPI es aplicable ya que asegura que el Ministerio Público no cumple su función de investigar.
Durante la presentación del informe 2020 de la ONG, el activista se refirió al informe de la Comisión de Encuesta de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que estuvo de visita en el país y se reunió con el gobierno, en el que manifiestan su preocupación por la poca información que ofreció la Fiscalía en relación a 31 casos de trabajadores asesinados.
“En 14 de ellos la Fiscalía no dio respuesta o indicó que los nombres de los asesinados no estaban registrados en sus archivos. En lo relativo a otros 16 casos, la Fiscalía tampoco accedió a proporcionar mayores detalles e indicó que estaban en etapa de investigación, por lo que el expediente estaba reservado solo a las partes y en un caso se indicó que se había decretado el archivo fiscal”, leyó Daniels explicando además que estos casos no son nuevos y aún así no hay una sola condena.
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Reforma judicial
En cuanto a la comisión para la reforma judicial anunciada por Maduro, Daniels utiliza otro caso, el de un señor asesinado por un funcionario policial en Margarita en 2003, para ejemplificar lo que significa que esté presidida por el diputado Diosdado Cabello.
En 2019, 16 años después, un tribunal ordenó una indemnización de 300 petros para la viuda e hija de la víctima. Daniels compara este caso con la demanda de Cabello contra el diario El Nacional en la que el tribunal ordenó una indemnización, por daño moral, de 237 mil petros.
“Es decir, 790 veces más que la de la viuda y su hija. Esto es una prueba de que en Venezuela no todos somos iguales ante la Ley”, manifestó.
Por eso, sostiene que la reforma está condenada al fracaso.
Otro aspecto sobre el que alerta Daniels es que la reforma solo se basa en dos puntos: hacinamiento y retardo procesal lo cual, dice, es simplificar el problema.
Señala que ya han recibido denuncias de otras organizaciones que alertan de liberaciones de detenidos y el otorgamiento de medidas de casa por cárcel sin cumplir con los requerimientos legales. El activista explica que una medida de casa por cárcel requiere la presencia policial fuera de la casa. “¿Usted puede garantizarlo con una persona que viva en la Cota 905?”, preguntó agregando que se podría estar generando otro problema que es el de liberar a personas que no deberían.
Castigo a subalternos
El activista cuestionó que el fiscal designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, refiera que se han logrado poco más de 150 casos con condena sin explicar cuáles son y si están relacionados con violaciones de derechos humanos. Además, estas condenas serían solo a subalternos.
“En Venezuela todos los días hay una violación de derechos humanos gravísima y en muchos casos, de lesa humanidad, ¿y solo hay 150 condenas?”, reclamó Daniels.
El director de la ong sostiene que la Fiscalía solo busca castigar a los subalternos y no a la cadena de mando y como ejemplo habló del caso 45 del informe de la Misión de Determinación que documentó la violación de un joven, en un centro de detención en Maracaibo, durante las protestas de 2017. Otros detenidos que estaban con el joven fueron testigos del hecho e indicaron que fueron 11 funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana los responsables.
Daniels explica que hace dos semanas salió la sentencia con una condena de 24 años para 10 funcionarios. La persona que faltó era un supervisor y no fue condenado. Esto demuestra, para Daniels, que aquí “si eres jefe, no importa qué rango o cargo tengas, estás eximido de responsabilidad”.
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