Caracas.- El primer mes del año no ha llegado a la mitad y ya se registraron 10 femicidios en Aragua, Carabobo, Vargas, Miranda, Falcón, Mérida y Distrito Capital. Al 8 de enero se contaban ocho asesinatos, lo que dejaba un promedio de uno por día. Este martes 14 de enero, activistas por los derechos de las mujeres protestaron en la avenida Élice del municipio Chacao para exigir al Estado responder a las denuncias y garantizar las investigaciones de cada caso.
Los 10 homicidios de venezolanas se convierten en 10 camas deshabitadas, 10 sillas desocupadas a la hora de la cena y dos pupitres vacíos. Para quienes protestaron, también son 10 pares de zapatos que no serán usados; por eso, como parte de la denuncia, instalaron un par al lado de cada nombre.
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Manuela Bolívar, diputada e integrante de la subcomisión de Mujer e Igualdad de Género de la Asamblea Nacional (AN), aseguró que, ante la impunidad, la ciudadanía debe registrar: “Cuando llegue el momento, se hará justicia”.
Un país sin datos oficiales
Como refirió la parlamentaria, la tarea de documentar los asesinatos de mujeres es de la sociedad civil. En Venezuela, el femicidio se tipificó como un delito apenas en 2014, mediante el artículo 57 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. El Ministerio Público ofreció datos únicamente en 2015, cuando estimó 121 víctimas por razones de género.
Hasta el cierre de 2019, organizaciones como el Centro de Justicia y Paz (Cepaz) y el Observatorio Venezolano de los Derechos de las Mujeres, afirmaban que Venezuela está entre los 15 países con más femicidios en el mundo.
Alzar la voz por todas
En medio de una Emergencia Humanitaria Compleja, Mariandreina Montilla, estudiante, insiste en sumarse a las protestas, en tener empatía por las víctimas y defender los derechos de niñas, adolescentes y mujeres. Alzar la voz por una es alzar la voz por todas, dice. “Lo urgente no puede dilapidar lo importante. Todos sufrimos con esta emergencia, pero las mujeres son las más afectadas. Las necesidades son diferentes”, expresó.
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Ya a mediados de 2019, las organizaciones Mujeres en Línea, Avesa, Cepaz y el Centro Hispanoamericano de la Mujer Freya denunciaban la diferenciación entre las afectaciones a los diversos grupos de la población por la crisis que atraviesa el país.
En el informe Mujeres al Límite, la alianza de activistas feministas manifestó: “El aumento de la pobreza y el desempleo entre las mujeres, la escasez aguda de anticonceptivos, la migración forzada en busca de mejores oportunidades o la explotación sexual a la que son sometidas las mujeres y niñas indígenas en el Arco Minero del Orinoco, son solo algunos ejemplos de afectación diferenciada que, además, vulnera la dignidad y los derechos de las venezolanas”.
Violencia que escala
Una de las activistas sostenía una pancarta que rezaba: “La violencia deja marcas, no verlas deja femicidios”. Fernando Aranguren, investigador de la Red Naranja, explicó que la violencia de género comienza con la violencia psicológica que, generalmente, es ignorada por las autoridades.
En la cima de la pirámide se ubica el femicidio. Aranguren refirió que esta forma extrema de violencia se da a partir de una relación de poder de los hombres sobre las mujeres producto de una construcción social. Las investigadoras de Mujeres al Límite determinaron que en 58,6% de los casos consultados, los victimarios fueron sus parejas actuales; en 18,7% fueron familiares directos (padres, tíos, abuelos, primos), en 9,5% fueron extraños, en 7,7% las parejas anteriores y en 2,7% restante fue un compañero de trabajo.
Aranguren cree que el papel de la ciudadanía para evitar que los femicidios sigan aumentando es educar, impulsar la equidad entre hombres y mujeres e incentivar el desarrollo personal de las niñas y adolescentes. “El femicidio es impulsado institucionalmente cuando se limita a la mujer al rol impuesto por la sociedad”, dijo.
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