Caracas.- La Organización No Gubernamental (ONG) Acceso a la Justicia presentó su informe 2020 destacando temas como la ampliación de la represión que abarca hora al sector salud y a las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos.
De acuerdo con el director de la ONG, Alí Daniels, durante la pandemia, se registraron al menos cuatro allanamientos a sedes de organizaciones vinculadas a la ayuda humanitaria, entre ellos, Alimenta la Solidaridad y Azul Positivo.
“Se afecta el derecho a la asociación y se pone en peligro la actividad de organizaciones de derechos humanos”, señaló Daniels al hacer referencia también a la medida gubernamental que obliga a las organizaciones a inscribirse en un registro único.
Daniels considera que el gobierno de Nicolás Maduro ha buscado el desmantelamiento de la oposición política y social, pero no lo ha logrado en este último, ya que se siguen registrando protestas enfocadas sobre todo en la exigencia de servicios públicos.
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TSJ: banco de funcionarios
Daniels explica que ante la proximidad del anuncio de la Corte Penal Internacional (CPI) en relación al caso de Venezuela, el gobierno de Maduro ha cambiado la estrategia. Uno de esos cambios se basa en la sustitución de funcionarios en los organismos internacionales, como el caso de la embajada ante la CPI.
El cargo lo ocupará la magistrada Gladys Gutiérrez, sancionada en 2017 por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que fue presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en 2013 y desempeñó funciones de cónsul de Venezuela en Madrid, Procuradora General y más recientemente rectora del Consejo Nacional Electoral sin separarse de su cargo en el Máximo Tribunal.
Hecho que viola el artículo 256 de la Constitución que prohíbe “ejercer ninguna otra función pública a excepción de actividades educativas”.
Gutiérrez también ejercerá de embajadora de Venezuela ante la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) y otros organismos internacionales con sede en los Países Bajos.
Al respecto, Daniels señala que el TSJ se ha convertido en una especie de entidad que suministra funcionarios a otros organismos públicos, lo que evidencia la falta de independencia.
Otro cambio en la estrategia gubernamental, según Daniels, es el papel del Ministerio Público.
El informe de Acceso a la Justicia resalta la intervención del Fiscal designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, a favor del gobierno y en detrimento de las víctimas pues, para la ONG, la fiscalía no ha actuado con la misma diligencia para perseguir a responsables de crímenes de lesa humanidad.
Reforma policial
Otra estrategia gubernamental fue anunciar una reforma a la Policía Nacional Bolivariana (PNB). Daniels cuestiona que luego de tres meses no hay ningún cambio visible. “Hubo críticas pero éstas no vinieron acompañadas de castigos ejemplarizantes”, agregó.
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