El último informe de la plataforma HumVenezuela evidencia el recrudecimiento de la Emergencia Humanitaria Compleja (EHC) en los hogares venezolanos. Hasta marzo de este año, 19,7 millones de personas vivían en pobreza multidimensional en este país.
Pobreza, hambre, violencia, colapso de servicios básicos, ausentismo y abandono escolar, mala salud, muertes evitables y el mayor flujo migratorio del mundo son parte de los factores que muestran la masiva privación de derechos humanos. Esos datos fueron analizados por dos expertas reunidas en un panel que se organizó para una reunión realizada por Zoom este viernes, 14 de octubre, y preparada por el Observatorio Social Humanitario (OSH).
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La situación alimentaria no tiene un mejor panorama, pues las vulnerabilidades económicas dificultan el acceso a los alimentos, de acuerdo con Marianella Herrera, directivo de la Fundación Bengoa (organización para la alimentación y nutrición) y quien participó en la preparación del último informe de HumVenezuela. Herrera expuso que 18,7 millones de personas perdieron o agotaron sus medios de vida (bienes o ahorros) de forma definitiva.
La especialista también mostró que más de 15 millones de ciudadanos, de los 28,7 millones en el país, dependen de las remesas, los bonos o cualquier tipo de ayuda de terceros. Esta situación ocurre como consecuencia de haber perdido toda o la mayor parte de sus fuentes de ingreso.
Venezolanos pasan días enteros sin comer
Marianella Herrera precisó que más de 12 millones de venezolanos se encuentra en inseguridad alimentaria, y en este grupo, 2,1 millones enfrentan una inseguridad alimentaria severa. Además, unos 4,3 millones de personas se privan de alimentos e incluso pasan días enteros sin comer.
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Para Herrera, las políticas públicas destinadas a atender esta crisis son inexistentes, ymediante el plan implementado por el Gobierno para esto, los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap), distribuyen las bolsas de alimentos con frecuencia irregular y por lo general no abarcan el requerimiento mínimo necesario.
«El Clap no está respondiendo a las necesidades de los venezolanos. Cuando se ve una bolsa que solo trae arroz y pasta, se advierte una desviación solo hacia los carbohidratos», cuestionó la experta.
El acceso al agua, un privilegio para los venezolanos
De acuerdo con el informe de HumVenezuela, para marzo de 2022 el 90% de la población estaba afectada por deficiencias de acceso al agua. Al menos 19,1 millones de personas reportaban interrupciones severas en el suministro del servicio o carecían de conexión al sistema de acueductos. El acceso al agua potable es uno de esos servicios que resultan ser un privilegio para los venezolanos, a pesar de ser un derecho humano.
La crisis acentuó las brechas entre los recursos que se perciben y el costo de cubrir necesidades de bienes y servicios esenciales, y las desigualdades acentuadas en polos reducidos de riqueza, por un lado, y una población en pobreza generalizada sin posibilidades de tener calidad de vida, por el otro.
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Por su parte, María Eugenia Gil, miembro de la Fundación Agua Clara y quien también participó en el mencionado informe, señaló que el problema del suministro del agua se debe a múltiples factores, pero uno de ellos es la infraestructura, que es muy vieja y no funciona. «La emergencia no fue de un día para otro, sino que se destruyó lo que se construyó y no se permitió ir construyendo instalaciones nuevas», dijo.
Gil agregó que la infraestructura instalada dejó de recibir mantenimiento y no se hizo la reposición de las tuberías o equipos necesarios para garantizar la operatividad. El informe también refleja que, para marzo de 2022, la red de acueductos presentaba una reducción del 60% en la cantidad de agua distribuida.
Población expuesta al agua contaminada
María Eugenia Gil denunció que 82% de la población del país está expuesta a agua contaminada, porque las plantas de tratamiento no están haciendo su trabajo. Además, el documento también indica que esa realidad afecta principalmente a los estados Amazonas (98,9%), Monagas (98,4%) y Bolívar (87%).
Los problemas de acceso al agua han sido producto de políticas de privación del derecho al agua y saneamiento, en las que ha influido la corrupción. De los 76 embalses destinados para la recolección de agua cruda, 90% se encontraba con importantes niveles de inoperatividad, principalmente por contaminación.
Gil consideró que la emergencia humanitaria compleja ha dejado demasiada vulnerabilidad a su paso. Según su criterio, no existe forma de tapar esta realidad ni de justificar la instalación del plan de respuesta humanitario de tal capacidad en un país que «se está arreglando».
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