El ministerio público presentó el viernes su escrito de acusación ante el juzgado que instruye el caso, después de que la Audiencia de Barcelona avalara que debe ir a juicio. La Fiscalía de Barcelona pide ocho años y dos meses de cárcel para Shakira.
El caso se remonta a 2017, cuando los denominados «papeles del paraíso», una investigación realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), reveló que la cantante colombiana residía en Barcelona junto a su entonces marido, el futbolista del FC Barcelona, Gerard Piqué, y sus dos hijos, pero estaba supuestamente domiciliada en el paraíso fiscal de las Bahamas.
La investigación aseguraba además que la cantante gestionaba en dos países con ventajas fiscales, Malta y Luxemburgo, unos 31,6 millones de euros por derechos de autor de sus canciones.
Los abogados de la cantante aclararon que residía en las islas Bahamas desde 2004, pero los años siguientes tuvo que viajar sin parar, y que, hasta 2015, su presencia en España no superó el plazo que la obliga a tributar y que la gestión de esos millones se realizaba desde 2007 a través de una sociedad maltesa que «cumple con todos los requisitos legales».
Todavía es posible un pacto con la Fiscalía
La Hacienda española le reclamó unos 14,5 millones de euros, al ver indicios de que en 2012 la cantante ya residía en España y estaba obligada desde entonces a tributar en este país. En cualquier caso, la artista ya ha pagado esos 14,5 millones de euros y otros tres de intereses, lo que no impide que pueda ir a juicio por supuesto fraude fiscal entre 2012 y 2014.
El pasado miércoles, la agencia de comunicación de la cantante anunció que Shakira había rechazado el acuerdo que le ofrecía la Fiscalía para evitar ser juzgada, dado que confía «plenamente» en su inocencia. Su equipo legal mantuvo conversaciones con la Fiscalía de Barcelona para alcanzar un acuerdo que rebajara la pena que podría corresponderle, pero decidió rechazar la última oferta del ministerio público.
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