El exprocurador especial del Gobierno interino cuestionó la firma de contratos de servicios petroleros entre Pdvsa y empresas extranjeras sin información pública ni aprobación de la Asamblea Nacional. Considera que estos acuerdos implicarán más problemas en un hipotético nuevo gobierno en Venezuela
Por: César Batiz Redacción: Kemberlyn Talero
La industria petrolera venezolana atraviesa una apertura marcada por la firma de contratos privados entre la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y empresas extranjeras, al margen de la legislación nacional, que establece la discusión de estos negocios en el seno de la Asamblea Nacional, y con el consentimiento de Estados Unidos, a través de su política de sanciones, la cual el abogado y exprocurador especial del gobierno interino, José Ignacio Hernández, consideró difícil de entender.
En entrevista con el director de El Pitazo, César Batiz, Hernández cuestionó que el gobierno de Joe Biden por un lado flexibilice las sanciones petroleras y permita nuevos ingresos para el gobierno de Maduro, y, por el otro, ponga contra la pared a la Asamblea Nacional de 2015 al pedir soluciones el problema de la deuda pública que, según dijo, excede de las capacidades de la junta ad hoc de Pdvsa y del mismo Parlamento de 2015.
El exprocurador explicó que desde 2018 se celebran contratos de servicios petroleros que ceden actividades de producción o comercialización a la inversión privada. Indicó, además, que estos contratos fueron objetados por la Asamblea Nacional de 2015, ya que contradicen lo establecido en la legislación venezolana.
“Esta política de trasladar a la inversión privada derechos que por ley solo pueden ser ejercidos por Pdvsa continuó, especialmente bajo el amparo de la Ley Antibloqueo promulgada en 2020, y es así como la estatal suscribió acuerdos de servicios compartidos y productivos, de asistencia técnica, estratégica”, dijo el también profesor universitario.
Hernández se refirió de manera particular a un tipo de contrato denominado “contrato de producción productiva”, que le permite a Pdvsa compartir la producción petrolera con empresas privadas. Ese es el caso de contratos suscritos por Venezuela bajo el amparo de la política de flexibilización de sanciones de Estados Unidos, como el de Chevron de 2022, el acuerdo con Repsol para la explotación petrolera en dos campos, y recientemente el acuerdo con la empresa francesa Maurel & Prom, que se conoció esta semana por información de la misma compañía.
El abogado destacó que no hay información pública sobre estos contratos, más allá de las que surgen de despachos de abogados o la difundida por las compañías petroleras involucradas. “Si la Ley de Hidrocarburos se cumpliese, no solo no pueden transferirse campos a la iniciativa privada, sino que todos estos documentos deberían publicarse en Gaceta Oficial y eso no está pasando”, apuntó.
Pedir a Rothschild revisar la deuda venezolana es una buena idea pésimamente implementada
José Ignacio Hernández, abogado y exprocurador especial del gobierno interino
De forma extraoficial, Hernández tiene conocimiento de, al menos, 18 contratos de este tipo desde 2018, pero en la página de Pdvsa no hay detalles de estas negociaciones. También recordó que históricamente los contratos relacionados con la producción petrolera en Venezuela son considerados de interés público y, por tanto, cuando son suscritos por empresas no domiciliadas en el país deben ser debatidos en la Asamblea Nacional. “Nada de eso está sucediendo en Venezuela y por eso digo que estamos ante una nueva apertura petrolera, como la que llevó a cabo el segundo gobierno de Caldera, pero sin transparencia, información o rendición de cuentas, y sin que los venezolanos sepamos qué decisiones se están tomando con la principal actividad del país”, dijo.
Asimismo, aclaró que solo objeta las condiciones de los contratos, más no sus detalles porque no los conoce. “Esta apertura se está dando sin que haya un debate democrático y al margen de los mecanismos de transparencia que derivan de la propia Ley de Hidrocarburos”, dijo.
—El exministro e intelectual Moisés Naím dijo durante la presentación de su último libro que Venezuela no es una amenaza para Estados Unidos y por eso la política hacia Venezuela se la delegaron a funcionarios de segunda línea con menos experiencia. ¿Usted qué opina?
—El Gobierno de Estados Unidos está apoyando a la Plataforma Unitaria para organizar elecciones en un ambiente altamente complejo, pero con su política de sanciones hizo recaer todo el peso de la deuda en la Asamblea Nacional de 2015, y, al mismo tiempo, descargó a Maduro del peso de la deuda y le está dando ingresos adicionales. Es una política que no favorece a la democratización de Venezuela, al contrario, favorece al proceso de autocratización. Por eso digo que no tiene sentido esa política de beneficiar al gobierno de Maduro y por otro lado elevar los problemas de la Plataforma Unitaria.
—¿Qué consecuencia pudiera tener para estas empresas el hecho de participar en una apertura petrolera en estas condiciones?
—La historia de los hidrocarburos nos deja varias lecciones, y una es que cada vez que se ha intentado un atajo legal para ampliar los derechos de la inversión privada al negocio petrolero eso termina mal. Tarde o temprano cambian los rumbos políticos, sube el petróleo, cambian las condiciones y las consecuencias son expropiaciones y conflictos. No se puede mantener las inversiones que requiere la industria petrolera venezolana con un marco contractual tan frágil y las empresas deben tener en cuenta el riesgo legal, al cual se enfrentan por celebrar contratos que, sin perjuicio de los detalles, generan atención en términos de transparencia y de rendición de cuentas.
Pensar en la ilusión de una apertura económica sin democracia y sin garantías jurídicas no es más que una fantasía
José Ignacio Hernández, abogado y exprocurador especial del gobierno interino
—¿Y qué consecuencias pudieran tener para el país?
—El Banco Interamericano de Desarrollo concluyó que para que Venezuela retome los 3 millones de barriles haría falta un ambicioso programa de políticas, ocho años de trabajo e inversiones que superan los 100.000 millones de dólares y todo eso requiere de una nueva Ley Orgánica de Hidrocarburos, seguridad jurídica y nuevos contratos. Venezuela no puede seguir atendiendo la crisis estructural de la industria petrolera con paños calientes. Estos contratos de servicios petroleros no son más que curitas que se están poniendo a alguien que se está desangrando (…) La ventana de oportunidades con la que cuenta Venezuela para retomar su producción es muy limitada y esto exige que no sigamos perdiendo el tiempo con soluciones precarias, hay que atender los problemas de fondo.
Un sistema de justicia transicional
Ante la posibilidad de un cambio de gobierno en Venezuela, Hernández plantea dos escenarios a propósito de estos contratos entre Pdvsa y empresas extranjeras. El primero de ellos sería desconocer los contratos por incumplimiento de las condiciones constitucionales, pero considera que eso no funcionaría debido a la anormalidad institucional que existe en el país. En ese sentido, propone como segundo escenario estudiar un sistema de justicia transicional en términos políticos y económicos.
“Hay una nueva economía que comienza a emerger en 2018 con la dolarización de facto, que puede no ser estrictamente legal, pero la solución no puede ser desconocer todos los contratos”, dijo.
El abogado reconoció que Venezuela necesita de estas empresas internacionales, y por esa razón considera que el país debe pasar por un proceso de regularización de contratos. “Que se preserve lo que pueda preservarse. Por eso, he expresado mi preocupación para que se siga avanzando en esta privatización de facto”, manifestó.
A su juicio este tipo de contratos no constituyen una solución para el sector petrolero, pero sí pueden representar un problema para un nuevo gobierno. Sin embargo, cree que la solución, en un hipotético cambio de gobierno, no puede ser desconocer todos los acuerdos sino pasar a un proceso de revisión y rendición de cuentas, con la participación de los venezolanos. “Hay que democratizar la nueva economía venezolana que está surgiendo”, dijo.
No se puede mantener las inversiones que requiere la industria petrolera venezolana con un marco contractual tan frágil
José Ignacio Hernández, abogado y exprocurador especial del gobierno interino
Revisión de la deuda venezolana
Como “una buena idea pésimamente implementada”, catalogó Hernández la solicitud de revisión de deuda realizada por Venezuela a la empresa anglofrancesa Rothschild & Co. El abogado explicó que una de las tareas de esta compañía, a la que calificó de extraordinaria, sería determinar a cuánto asciende la deuda externa del país.
En ese sentido, dijo que hay obligaciones, incumplimientos de contratos y de notas de pagarés, así como expropiaciones que requieren de un proceso de auditoría que, a su vez, demanda información oficial.
“Un país como Venezuela, en el cual ni siquiera sabemos cuál es la Ley de Endeudamiento, que rige el ejercicio fiscal, en el que el Banco Central no publica información periódica, pensar que Rothschild o cualquier otra firma va a poder hacer una labor contable, transparente y eficiente de auditoría de la deuda pública es contrasentido, es como tener un celular de última tecnología y la red no llega a 1G, no va a servir”, comparó.
A juicio de Hernández, el anuncio de Rothschild forma parte de una estrategia política con la que el Gobierno de Nicolás Maduro busca posicionar la idea de que ya fue reelecto, es gobierno y ahora sí va a revisar la deuda.
“El gobierno de Maduro incumplió con el pago de deuda en 2017 de manera unilateral y desde ese momento está diciendo que va a renegociar. La gran pregunta es por qué hoy Maduro va a cumplir lo que viene prometiendo desde 2017 (…) Esto no es más que una ilusión, jugar con el tema de la deuda y generar expectativas”, dijo.
Hay que democratizar la nueva economía venezolana que está surgiendo
José Ignacio Hernández, abogado y exprocurador especial del gobierno interino
El embargo de Citgo
El exprocurador designado por la Asamblea Nacional de 2015 también se refirió al estatus de la subasta de Citgo, filial de Pdvsa en Estados Unidos. Al respecto, señaló que ya se conoce el número de acreedores que participarán. Recordó que el monto supera los 21.000 millones de dólares y el 15 de julio se realizará la audiencia en la que se conocerán los montos de las distintas ofertas y se decidirá cuál es la más conveniente.
Sin embargo, lamentó que durante la primera ronda la oferta más elevada fue de 7.000 millones de dólares, cifras que atribuyó a los problemas legales y de riesgo de Citgo. “Para una empresa que vale más de 7.000 millones de dólares eso significaría una destrucción patrimonial de Pdvsa importante y la pérdida de Citgo sin que se solucione el problema de fondo, porque la lista de acreedores seguirá siendo igual de elevada”, apuntó.
Indicó que hay que esperar el monto de las ofertas y, de confirmarse que son bajas, se generarán problemas graves en materia de protección del patrimonio.
—¿Es posible evitar la pérdida de Citgo?
—Por supuesto y una de los hechos que yo lamento muchísimo es que la gente ya está haciendo la autopsia y el paciente no se ha muerto. Se ha desperdiciado demasiado tiempo en hacer la autopsia del paciente que es Citgo. Hay tres opciones para retrasar o evitar la venta: la primera es que se complique el caso por defensa, Pdvsa y Citgo todavía pueden apelar y complicar el caso unos meses, si bien hay una fecha 15 de julio, no es demoledora o fatal; segundo, la pelea entre acreedores, pues si hay acreedores por 22.000 millones de dólares y solo hay ofertas por 7.000 millones de dólares la pelea va a ser a cuchillo, eso implica excepciones, apelaciones y más problemas; tercero, Estados Unidos puede cambiar su política de sanciones (…) En realidad haría falta un acuerdo político entre el gobierno de Maduro y la oposición, en el marco de la mesa de negociación, en la cual haya una defensa conjunta de los intereses de Pdvsa y una petición al gobierno de Estados Unidos para dar coherencia a su política de sanciones.
—En una entrevista que le hicimos al economista Francisco Rodríguez, este lo responsabilizó del uso de la figura del alter ego en el caso de Crystallex contra la República y Citgo.
— El tema del alter ego es supremamente complicado desde el punto de vista legal, y hay que cuidar de no hacer interpretaciones a la ligera. No niego los conocimientos económicos del señor Francisco Rodríguez, pero jurídicos la verdad que no tiene ninguno y eso se demuestra por la confusión que ha generado en este caso.
Henrández explicó que la corte de Delaware consideró distintos elementos para determinar que Pdvsa y la República siguen siendo alter ego, y aseguró que la mayoría de las evidencias son imputables al gobierno de Nicolás Maduro, porque la Corte concluyó que Maduro usa políticamente a Pdvsa. “Sería supremamente difícil probar lo contrario”, dijo.
Asimismo, señaló que la Corte de Apelaciones, cuando ratificó el criterio, dijo que ese solo control era suficiente para considerar que Pdvsa y la República eran alter ego. “Todo lo demás que consideraron las cortes eran aditivos al elemento central. Uno de los elementos que falsamente mencionó la Corte es que en los lineamientos de renegociación de la deuda, que publicó la Procuraduría Especial en julio de 2019, se hablaba de la renegociación de la deuda de la República y de Pdvsa”.
En ese sentido, aseguró que en todos los casos recientes de reestructuración se habla de la deuda del Estado central y de las empresas del Estado. Por otro lado, argumentó que los lineamientos eran solo ideas para la discusión y no una decisión firme, además dijo que fueron redactados por un asesor de primera línea.
El Gobierno interino tuvo muchas fallas en una situación notablemente compleja. Quizás el primer problema fue de narrativa
José Ignacio Hernández, abogado y exprocurador especial del gobierno interino
—¿Por qué dejó la Procuraduría Especial?
—Porque ya no había nada que hacer. Asumí la tarea como parte de mi compromiso por recuperar Venezuela, insistiendo mucho en un sistema de justicia transicional, pero me di cuenta de que la iniciativa del Gobierno interino no iba a dar los frutos que se esperaban.
—¿En qué falló el Gobierno interino?
—Creo que el Gobierno interino tuvo muchas fallas en una situación notablemente compleja, quizás el primer problema fue de narrativa, dio mensajes contradictorios. Hablar de reconciliación e intentar la aventura militar o el evento de invasión militar del que tampoco sabemos los detalles. A veces se daba la impresión de que el cambio era inminente cuando yo que estaba adentro sabía que no era así. Si pudiera retroceder el tiempo recomendaría mejorar la narrativa, hablar menos y darle más espacio a la negociación y a las conversaciones técnicas. Pero también tengo que decir que aquellos días fueron una locura, algo totalmente inesperado para lo cual pocos teníamos respuestas.
—Viendo hacia el futuro, ¿qué sugiere?
—Hay un cambio que se está dando en Venezuela y no lo hemos percibido, y es que estamos en la Venezuela pospetrolera. El petróleo le quedó pequeño a Venezuela porque es insuficiente para recuperar al país. La industria petrolera es necesaria pero insuficiente, el estado rentista colapsó y lo que quedan son estructuras vacías y eso puede ser una oportunidad de oro que tenemos para construir una Venezuela productiva que se apoye en el talento y el emprendimiento, pero eso solo es posible en democracia. Pensar en la ilusión de una apertura económica sin democracia y sin garantías jurídicas no es más que una fantasía que solo agravará más la emergencia humanitaria y el deterioro del país. Venezuela tiene que dejar de perder el tiempo en ilusiones y entender que sin una democracia funcional, sin Estado de Derecho, sin libertades, Venezuela no podrá crecer. Quizás estabilizar la miseria pero no vamos a salir de la emergencia humanitaria estabilizando la miseria.
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