¿Qué busca el Gobierno con las recientes intervenciones en cárceles del país? ¿Por qué no actuó en años anteriores? Estas son algunas de las interrogantes que responde el director del Observatorio Venezolano de Prisiones, Humberto Prado, y el abogado criminólogo Luis Izquiel luego de procedimientos policiales y militares en recintos penitenciarios que dejaron más preguntas que respuestas
Por Mairen Dona
El gobierno de Nicolás Maduro intervino seis cárceles venezolanas en menos de dos meses. Estos procedimientos involucraron un gran despliegue policial y militar en estas prisiones, quedaron en fuga los pranes, captaron la atención de la opinión pública y dejaron más preguntas que respuestas.
Con estas seis intervenciones se trasladaron alrededor de 11.000 presos a cárceles de distintos estados, una cifra que casi alcanza la capacidad del Poliedro de Caracas que es de 12.000 personas, según comparó el director general de la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), Humberto Prado.
El abogado y activista no descarta que las intervenciones guarden relación con seis eventos importantes que ocurrían en simultáneo mientras se realizaban los operativos en las cárceles de Tocorón, Tocuyito, Puente Ayala, La Pica, Vista Hermosa y Trujillo.
«El Gobierno busca distraer la atención de eventos que pasan en Venezuela desde el momento en que hacen la primera intervención en Tocorón. Guarda mucha relación y no creo que sea casualidad», afirmó Prado en entrevista con el equipo de El Pitazo.
El Gobierno busca distraer la atención de eventos que pasan en Venezuela desde el momento en que hacen la primera intervención en Tocorón
Humberto Prado – Director del OVP
Reiteró que son seis intervenciones en cárceles, pero también seis actividades que se desarrollaban al mismo tiempo con la intención de «llamar más la atención en los medios de comunicación, demostrar que están haciendo justicia y lavarse el rostro por todas las críticas que hay».
Resumen | Desde fusiles hasta granadas: lo incautado en las seis cárceles venezolanas intervenidas
Por su parte, el abogado criminólogo Luis Izquiel relaciona estos procedimientos en los recintos penitenciarios con las elecciones presidenciales de 2024 y cree que el gobierno de Nicolás Maduro busca un efecto político positivo.
Aseguró que los verdaderos motivos de las intervenciones los tiene el Estado venezolano, que permitió el crecimiento de los grupos criminales dentro de las cárceles, pero ahora busca popularidad.
Luego de los seis procedimientos anteriores, la madrugada de este viernes, 10 de noviembre, se inició un despliegue de funcionarios de la Guardia Nacional en la cárcel de San Felipe, estado Yaracuy, conocida como La Cuarta.
A continuación, los eventos detallados por el director del Observatorio Venezolano de Prisiones:
Tocorón – Informe de Misión de la ONU
La madrugada del 20 de septiembre, 11.000 efectivos policiales y militares ejecutaron la Operación de Liberación Cacique Guaicaipuro en contra de la delincuencia organizada y redes criminales que operaban desde el Centro Penitenciario de Aragua, conocido cárcel de Tocorón.
Lanzacohetes, granadas y municiones de alto calibre; máquinas para minar criptomonedas, drogas y motos de lujo fue parte de lo que se incautó en este recinto penitenciario que funcionaba como centro de operaciones de la banda criminal Tren de Aragua, liderada por Héctor Rusthenford Guerrero Flores, apodado «Niño Guerrero».
Paralelamente, se presentaba en Ginebra el informe de la Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en el cual se responsabiliza al gobierno de Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad.
Tocuyito – Proclamación de María Corina Machado
El 25 de octubre, luego de un mes de la intervención en Tocorón, se desplegó un operativo con miles de agentes de seguridad en el Complejo Penitenciario de Carabobo, mejor conocido como Tocuyito, la cárcel de mayor población reclusa del país y también dominada por un pran, alias «Richardi».
El ministro de Interior y Justicia, Remigio Ceballos, señaló que fueron incautadas más de 150 armas de fuego, más de 12.000 cartuchos y cerca de 1.500 armas blancas. Entre las armas, fusiles, rifles, escopetas, pistolas y revólveres.
En paralelo, el 26 de octubre, la Comisión Nacional de Primaria (CNP) proclamó a la ganadora de la elección Primaria, María Corina Machado, la candidata que enfrentará a Nicolás Maduro en las presidenciales de 2024.
Buscan llamar más la atención en los medios de comunicación, demostrar que están haciendo justicia y lavarse el rostro por todas las críticas que hay
Humberto Prado – Director del OVP
Puente Ayala – Suspensión de efectos de la Primaria
El lunes 30 de octubre, la operación de seguridad llegó al Internado Judicial José Antonio Anzoátegui, conocido como Puente Ayala, en Barcelona. El despliegue contó con funcionarios militares y policiales, tanquetas y helicópteros.
En esta operación se incautaron 56 armas cortas, 12 armas largas, 130 armas blancas, granadas, explosivos, 77 cargadores y más de 33.500 cartuchos de diferentes calibres.
Ese mismo día, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela suspendió “todos los efectos” de la elección Primaria de la oposición que ganó la candidata María Corina Machado y pidió el material electoral utilizado durante todo el proceso celebrado el 22 de octubre.
La Pica – Informe del Comité de Derechos Humanos de la ONU
Pasó menos de una semana y el viernes 3 de noviembre, el Centro Penitenciario de Oriente, conocido como La Pica, se sumó a la lista de penales intervenidos por el Gobierno en medio de la Operación Gran Cacique Guaicaipuro, también con gran despliegue policial y militar, en el estado Monagas.
Un total de 171 armas, entre ellas 31 largas, fueron encontradas en este centro de reclusión; 4 granadas de mano, una granada lacrimógena, 56 cargadores, 1.200 cartuchos de diferentes calibres y 120 teléfonos celulares.
En paralelo, ese 3 de noviembre, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas culminó el Quinto Examen Periódico sobre el cumplimiento por parte del Estado venezolano de los derechos reconocidos por el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos.
El informe evidenció la profunda preocupación por la crisis en derechos humanos que atraviesa el país, abordando aspectos que se relacionan con el aparato represor del Estado y el ejercicio de patrones de persecución y criminalización contra personas que son percibidas como enemigas del partido oficialista.
Para el Gobierno es más fácil culpar a otros de lo que ocurre y no reconocer que fue el gran responsable de crear ese monstruo dentro de las cárceles
Humberto Prado – Director del OVP
Vista Hermosa – Inicio de audiencias en la Corte Penal Internacional
Seguidamente, el lunes 6 de noviembre, el Gobierno confirmó la intervención total del Internado Judicial de Ciudad Bolívar, mejor conocido como cárcel de Vista Hermosa, en la que tres pranes mantenían el control delictivo hacía una década.
De acuerdo con Remigio Ceballos, se incautaron 53 armas cortas, 8 armas largas, 5 subametralladoras, 105 cargadores, granadas, lanzagranadas, artificios lacrimógenos y más de 30 celulares utilizados para la extorsión.
Justo un día después, el martes 7 de noviembre, la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional (CPI) realizaba una audiencia sobre el caso venezolano, en el contexto de la apelación del gobierno de Nicolás Maduro respecto a si debía continuar o no la investigación sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela por la Corte.
Trujillo – Cierre de audiencias en la Corte Penal Internacional
La sexta intervención ocurrió el 8 de noviembre en el Internado Judicial de Trujillo, durante la Operación de Liberación Cacique Guaicaipuro para recuperar el control de centros penitenciarios del país. La toma de la cárcel comenzó a primera hora del día con gran despliegue militar.
En esta cárcel se encontraron 50 armas cortas, 6 armas largas, 100 armas blancas, 3 subametralladoras y 9 granadas de mano; 107 cargadores de distinto calibre, 2.000 cartuchos y 28 teléfonos celulares.
Simultáneamente, desde La Haya se realizaba el cierre de las audiencias de la Corte Penal Internacional, en el que se debía dar un veredicto. La Fiscalía de la CPI rechazó los argumentos del Estado venezolano, tal y como lo hizo durante la primera audiencia, el 7 de noviembre.
Además, una representante del Comité de defensa de las víctimas sentenció que mientras se debatía en el lugar, en Venezuela «se siguen cometiendo crímenes con impunidad».
La Fiscalía indicó que se descartó la solicitud de Venezuela de frenar la investigación por dos motivos: «No está investigando los crímenes de lesa humanidad ni parecen reflejar los motivos de criminalidad, sobre todo la intencionalidad de los crímenes de carácter sexual».
El problema penitenciario no es militar ni policial, pero, lamentablemente, Remigio Ceballos carece de experticia en materia carcelaria
Humberto Prado – Director del OVP
Efecto político positivo y popularidad
El abogado criminólogo Luis Izquiel indicó que es difícil saber por qué después de más de una década de «pranato» en Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro decide actuar ahora. Sin embargo, consideró que puede estar relacionado con las elecciones presidenciales de 2024.
«Estamos en un año preelectoral y es probable que el Gobierno esté buscando un efecto político positivo al dar muestras de que controla el pranato en el país y ganar popularidad con miras a las elecciones», afirmó el especialista en entrevista con el equipo de El Pitazo.
Reiteró que los verdaderos motivos de las intervenciones los tiene el Gobierno venezolano, que permitió el crecimiento de los grupos criminales dentro de las cárceles, pero ahora busca actuar paulatinamente «frente a los pranes».
En ese sentido, dijo que hay situaciones por evaluar, pues, intervinieron cárceles con pranes, pero se fugaron y hasta el momento se desconocen sus paraderos porque no hay información oficial, a pesar de que hay especulaciones que indican que las intervenciones podrían tratarse de entregas pactadas y escapes previos a los procedimientos, expresó el experto.
Un monstruo creado por el Gobierno
Humberto Prado afirmó que para el Gobierno es más fácil culpar a otros de lo que ocurre y no reconocer que fue el gran responsable de «crear ese monstruo dentro de las cárceles y ahora son ellos mismos los que atacan eso que crearon».
Aseguró que los principales responsables son el exministro Tareck El Aissami, quien los creó, y la exministra del Servicio Penitenciario, Iris Varela, quien los consolidó. Por lo tanto, cree que a ella deberían investigarla, pues hay fotografías que confirman su cercanía con distintos pranes.
«El problema penitenciario no es militar ni policial, pero, lamentablemente, Remigio Ceballos (ministro de Interior y Justicia) carece de experticia en materia carcelaria. Él solo sabe atacar de forma militar porque así lo ha demostrado», puntualizó el abogado y activista.
Estamos en un año preelectoral y es probable que el Gobierno esté buscando un efecto político positivo
Luis Izquiel – Abogado criminólogo
Traslados que generan más problemas que soluciones
Los abogados Humberto Prado y Luis Izquiel coinciden en que los traslados de los presos que permanecían detenidos en las cárceles intervenidas ocasionan problemas importantes que afectan al sistema de justicia, pero también al recluso y a su familia.
Afirmaron que uno de los problemas es el crecimiento del retardo procesal porque no se encuentran dentro de la jurisdicción en la que se les realizaba su procedimiento penal. Por lo tanto, si estaban próximos a obtener alguna medida o beneficio ya no se puede materializar.
Otra de las consecuencias será el incremento del hacinamiento, el cual puede superar el 300 %, de acuerdo con el director del Observatorio Venezolano de Prisiones, Humberto Prado. Por lo tanto, dijo que se crea un problema mayor al penal a donde envían a estos detenidos.
Además, se ocasionará un deterioro mayor a los establecimientos carcelarios porque se están sobrepoblando para el poco servicio que se brindaba y, por lo tanto, traerá un problema de falta de vigilancia a la seguridad.
«También se crea un deterioro emocional en el interno que es trasladado porque se convertirá en un estorbo y un forastero, será un preso que traerá problemas», explicó Prado.
El mismo Gobierno permitió el crecimiento de los grupos criminales dentro de las cárceles, pero ahora busca actuar paulatinamente frente a los pranes
Luis Izquiel – Abogado criminólogo
Otra de las complicaciones será para los familiares, que no podrán movilizarse de un estado a otro a visitar a sus parientes. En ese sentido, el abogado Luis Izquiel consideró que se incrementará el hambre en las cárceles porque los reclusos no recibirán los alimentos que su familia les enviaba.
Izquiel recordó que hay cárceles que se clausuran y otras que quedan en el limbo, pero a la par no hay construcción de nuevas infraestructuras.
Por su parte, Humberto Prado rechazó que con tantos centros de reclusión cerrados en el país, el Estado venezolano no tenga el criterio de estudiar la posibilidad de construir una cárcel de máxima seguridad en la que recluir a los pranes.
«Si piensan en atacar el problema, por qué no buscan detener solo al pran y sus bandas, dejando al resto de la población carcelaria tranquila para que siga su proceso judicial y lo que tengan que renovar se hace poco a poco sin crear problemas», agregó el especialista.
Hasta el momento de esta publicación, se han intervenido siete cárceles en el país, el Internado Judicial de San Felipe es el séptimo que interviene el Gobierno hace 24 horas. Estos procedimientos generan consecuencias que se podrán ver a corto y mediano plazos, de acuerdo con los especialistas.
Hay cárceles que se clausuran y otras que quedan en el limbo, pero a la par no hay construcción de nuevas infraestructuras
Luis Izquiel – Abogado criminólogo
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