Exgerente de Pdvsa Alfredo Chirinos: “Tenemos libertad plena pero no nos sentimos libres”

Caracas.- Tres años y poco más de un mes pasaron para que los exgerentes de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) Aryenis Torrealba y Alfredo Chirinos obtuvieran la libertad plena. Su delito: denunciar entre 2017 y 2018 hechos de corrupción en la estatal petrolera, según aseguran con insistencia. Este miércoles 5 de abril, tras obtener el beneficio de terminación anticipada de la pena, salieron por primera vez a las calles de Caracas, y en medio de abrazos y emotividad fueron recibidos por líderes sociales y miembros del Colectivo de Trabajo Revolucionario La Minka, perteneciente a la Comuna Miraflores, ubicada en el centro de la ciudad capital.

“Tenemos libertad plena pero no nos sentimos libres”, dijo Alfredo Chirinos al reconocer ante sus compañeros que sienten temor de salir a las calles solos, pues consideran que el Estado no brinda seguridad pese a que hace el llamado a denunciar hechos de corrupción. “Ni siquiera están dando su brazo a torcer en los casos de personas que hemos estado presos por denunciar. No han tenido la humildad de decir ‘cometimos un error, véngase la gente y vamos a construir esto como se estaba planteando desde las bases’”, apuntó.

Alfredo Chirinos y Aryenis Torrealba son ingenieros egresados de la Universidad Nacional Experimental Politécnica (Unexpo) de Barquisimeto, estado Lara, y tenían 8 y 12 años trabajando en Pdvsa, respectivamente, donde hicieron carrera en la gerencia de Comercio y Suministro. Con historias familiares y personales ligadas a movimientos chavistas, estos jóvenes asumieron los cargos de gerencia conscientes de que había corrupción en la empresa, pero con la idea de combatir estos hechos desde sus nuevos cargos, sin embargo, pasó todo lo contrario.

Los dos funcionarios fueron detenidos el 28 de febrero de 2020 por presuntos delitos de terrorismo, traición a la Patria, corrupción y asociación para delinquir, pero en 2021 fueron condenados a cinco años de prisión por divulgación, reserva o suministro de información, hechos vinculados a traición a la Patria, es decir, fueron desestimados los otros cargos.  

El documento que publicó en ese momento el fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, detalla que Chirinos y Torrealba “fugaron información sensible y confidencial de la industria petrolera, lo cual trajo como consecuencia la imposición de sanciones por parte del gobierno de Estados Unidos”. La prueba en la que sustentan la condena nombra a otros integrantes de la directiva de Pdvsa para el momento, pero protegidos por las mafias internas, asegura el ingeniero. Este caso fue ampliamente conocido y hasta surgieron campañas en las que solicitaban la liberación de los funcionarios.

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En conversación con El Pitazo, Chirinos contó que, tras su detención, para hacerlos confesar en video esos delitos fueron sometidos a torturas de diversos tipos: “Hay tortura psicológica e incluso física aunque no te golpeen. Yo duré tres días de pie, no me dejaban sentar en toda la noche. El segundo día me patearon, me saltaron encima, me aplicaron asfixia mecánica, me colocaron un paño con un químico en la cara. Aryenis estuvo en un cuarto con mucha luz y muy baja temperatura durante muchas horas, después que a mí me torturaban la sentaban en un pasillo y me ponían al lado encapuchado y golpeado para que me viera”.

“Tras cada tortura venía una solicitud de amenaza de que debía hacer un video diciendo que éramos miembros de la CIA (Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, por sus siglas en inglés) para que nos dejaran de torturar, cosa que nunca aceptamos. Cuando nos presentaron la jueza nos vio torturados y no hizo nada. Cuando nos pasaron al área de reclusión sufrí tortura encerrado en un cuarto pequeñito donde no puedes ni agacharte y seguían presionando para que hiciéramos el video”, continuó.

Las torturas cesaron cuando los funcionarios se convencieron de que no grabarían el video, y desde ese momento estuvieron un año en las celdas del Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim). Sus condiciones mejoraron en este centro tras la visita de una misión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en octubre de 2020, y días después de recibir la condena, en 2021, obtuvieron el beneficio de arresto domiciliario, donde permanecieron los últimos dos años.

Durante la reciente visita a La Minka, Aryenis Torrealba estuvo todo el tiempo junto a Alfredo Chirinos. Sin embargo, fueron pocas sus palabras. Siempre se mantuvo atenta a lo que conversaban sus compañeros, pero de tanto en tanto también lloraba. A pesar de que se siente emocionada por obtener la libertad, también dijo sentirse abrumada y un poco asustada.

“La secuela psicológica es grave. Desde el sábado los ataques de ansiedad y pánico regresaron”, señaló. En medio de la reunión con sus compañeros de La Minka, quienes apoyaron la lucha por su liberación e incluso recibieron a sus familiares cuando se enteraron de su detención, Alfredo Chirinos accedió a una entrevista con El Pitazo.

—¿Cuáles fueron las denuncias que realizaron?

—A partir de 2017 comenzó la política en Pdvsa de trabajar con empresas de maletín que no cumplían con los requerimientos que por procedimiento deberían tener. Lógicamente, al meter empresas de maletín sin capacidad financiera de pago hacía que estos clientes no pagaran o tardaran en pagarle a Pdvsa y la dirigencia (de la empresa) nos exigía que dejáramos ir los buques sin pagar porque supuestamente iban a pagar después. Los procedimientos internos de Pdvsa prohíben eso. Comenzamos denunciando estas prácticas ante los diferentes niveles de la empresa y al ver que no le ponían coto a la situación decidimos ir a Fiscalía. Ahí, por las implicaciones de la denuncia y las personas involucradas, buscamos un alto nivel. Otra de las razones que nos empujó a ir a Fiscalía es que la nueva dirigencia (de Manuel Quevedo en 2018) quería establecer una no inversión a nivel de refinerías que nos hiciera dependientes de las compras de productos refinados, como gasolina o diésel. Eso nos parecía abismal, porque tenemos un sistema de refinación construido para satisfacer no solo la demanda interna de combustible sino incluso para exportación, dejarlo a un lado para pasar a ser compradores de esos derivados va, incluso, en contra de la política económica del país.

—¿Las denuncias las hicieron sólo ustedes dos?

—Había un grupo de trabajadores pero la cara visible fui yo. Internamente sí fuimos muchos, porque Pdvsa tiene mecanismos de denuncia que cualquier trabajador puede establecer y a las reuniones que se hacen a niveles operacionales asisten miembros de seguridad de Pdvsa, uno se los hacía saber y ellos levantaban informes a sus superiores. La Fiscalía no dice que nos meten presos por eso pero los que están detrás de nuestra detención son los que se beneficiaban de esa política de corrupción, que son los que terminan saliendo ahorita con el escándalo.

—¿Estaban conscientes de que podían ser detenidos luego de realizar esas denuncias?

—Lamentablemente en muchas instituciones del Estado hay una política de criminalizar las denuncias y las luchas obreras y de trabajadores. Ya antes había pasado que detenían a trabajadores en las áreas de Pdvsa por defender u oponerse a nuevas prácticas, sin embargo, creo que ese lema “el que no la debe no la teme” hacía que fuéramos adelante. No esperábamos que nos detuvieran, pero sí que nos pudieran botar o hacernos a un lado por ser una piedra de tranca para ellos. Incluso a quien está siendo señalado por corrupción en este momento, el coronel Antonio Pérez Suárez, vicepresidente de Comercio y Suministro, lo nombran en el cargo el día que a nosotros nos detienen. Por un lado nos estaban sacando a nosotros y por otro entraba él, no sé si sea casualidad.

—¿Hubo amenazas a otros trabajadores?

—Hubo coacción hacia los trabajadores. La siguiente semana los reunieron y les dijeron que si renunciaban en solidaridad con nosotros o si pedían vacaciones para desprenderse de la situación iban a hacernos compañía. Esa coacción es bastante acostumbrada ahí en los últimos años. Después de eso supongo que no se habló más de nosotros pero la situación tensa se mantiene en los últimos años por la corrupción, los trabajadores deben callar, incluso no poder renunciar porque pueden ser víctimas de criminalización genera tensión más allá del  hecho de que saquen a dos trabajadores, que para mí es una forma ejemplarizante de mostrar que no hagas lo que ellos hicieron porque vas a terminar como ellos.

—¿Creen en el operativo anticorrupción que impulsa actualmente el gobierno de Maduro?

—Lo primero que debemos hacer es ser defensores del Estado de Derecho. La Constitución dice que todos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario, más allá de la opulencia que uno pueda ver en algunos de los detenidos. Pudiera decir que creemos parcialmente, porque vemos que están atacando a personas vinculadas a la corrupción pero no la metodología que sirvió para que se generara esa corrupción. Así como están saliendo 40 presos ahorita pueden salir 40 más dentro de dos años por hacer lo mismo que hicieron estos en los últimos dos años o lo que están haciendo desde 2017. Es una sensación de seguridad que pudiera dar mediáticamente una lucha contra la corrupción pero que si no se ataca el fondo no se va a cambiar. Si no cambiamos el sistema lo que van a cambiar son las caras de los corruptos.

 —¿Por qué los liberan a ustedes justo en este momento?

—Todo el proceso de nuestra detención tiene muchas etapas, desde el día uno siempre hubo movimientos populares, sociales e internacionales y partidos políticos que salieron a defendernos y eso fue haciendo que se acumularan victorias. El retardo procesal en nuestro caso no fue como en otros, hay gente que tiene seis años detenida por situaciones similares y todavía no han tenido audiencia preliminar. Esa presión popular hizo que se fuera acelerando nuestro caso, eso fue una victoria, el que nos quitaran los otros cargos y nos condenaran sin pruebas es también una victoria porque nos condenan solo a cinco años a pesar de que fuimos vendidos por el Estado con una satanización total, culpables de las sanciones. El paso de las celdas del Dgcim a nuestras casas es otra victoria que viene de la presión popular y cuando se destapan todas las mafias de corrupción la misma gente puso en el tapete el tema de Aryenis y Alfredo, por el descontento de tener a dos personas presas siendo inocentes que anunciaron hace más de cinco años eso que está pasando.

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—¿Qué sigue para Aryenis Torrealba y Alfredo Chirinos? ¿Van a demandar ante alguna instancia?

—Nuestras leyes estipulan la demanda por daños y perjuicios, nos sabemos si vamos a llegar hasta allá pero probablemente sí, es un tema de dignidad. Que el Estado pueda cumplir algo de reparación de daños, no lo sé. Todavía no hemos estudiado las vías internacionales a las que pudiéramos acudir, son instancias importantes para que el Estado pueda establecer mecanismos que eviten que esto se siga repitiendo con otras personas. En la medida de lo posible seguiremos trabajando con las comunidades pero hay muchas situaciones familiares e incluso de seguridad, sentimos miedo y eso hace que se limite un poco todo lo que quizás quedamos hacer.

—¿Volvería a hacer denuncias de corrupción en una empresa del Estado?

—Si tengo que volver a enfrentarme a jefes corruptos lo volveré a hacer. Ahora lo haría quizás buscando conformar movimientos de trabajadores que permitan blindarnos ante las estructuras que criminalizan a los trabajadores, es lo que creo que sumaría.

—¿Cómo mantener esa lucha anticorrupción y la defensa de la revolución chavista sabiendo el tipo de respuesta del Estado?

—Defender la revolución es una cosa, defender al Estado constituido y al Gobierno son otras. Un cambio necesario para el país lo vamos a seguir defendiendo siempre. Desde los representantes del Estado hay un llamado a que se denuncie, pero creo que los movimientos sociales primero deben exigir garantías de que no se atente contra quienes hacen las denuncias, eso es fundamental, así como plantear desde los movimientos sociales métodos de contraloría, no tengo ahora la respuesta de cómo. Cada movimiento social, comuna y ciudadano debe plantear cómo hacer contraloría social al Estado porque no debemos seguir confiando en quienes deben hacerla. Es momento de que en verdad la ciudadanía se involucre en esa contraloría necesaria. Somos los principales interesados en que eso se genere.