A través de un comunicado las organizaciones de la sociedad civil, nacionales e internacionales, y particulares rechazaron la intervención judicial de la Sociedad Venezolana de la Cruz Roja, ordenada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
En el texto fechado el 8 de agosto y que logró recoger 577 firmas de adhesión, las organizaciones fijan posición sobre los hechos ocurrido el pasado 4 de agosto, cuando la Sala Constitucional del TSJ consumó la intervención de la Cruz Roja Venezolana y designó al expresidente de Fedecámaras Ricardo Cusanno para dirigir la junta reestructuradora.
Además, enumera seis solicitudes al Estado venezolano, a la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas y a la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU. Entre ellas destacan que el TSJ «cese el patrón de intervención de las diferentes expresiones de la sociedad civil en Venezuela y haga valer su libre desarrollo». Asimismo, «que cesen las medidas o acciones legislativas, administrativas y judiciales desde el Estado Venezolano dirigidas al cierre del espacio cívico en el país».
El manifiesto califica la actuación como una decisión que va en contra de los principios del Estado de Derecho y el debido proceso. “Además, viola el derecho a la libertad de asociación en Venezuela, establecido como derecho civil y político, reconocido en los pactos internacionales de DDHH y cuya garantía es una de las bases fundamentales de las libertades democráticas”.
El escrito también fustiga que el TSJ haya dictado una medida cautelar partiendo de presuntas irregularidades en la Cruz Roja que no se gestionaron previamente ante un tribunal y con base en denuncias y testimonios anónimos. Califican esta actuación como una «sentencia de fondo anticipada y que genera cambios irreversibles en la Cruz Roja”.
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