Un juez en La Haya falló en agosto a favor de Brumby Shipholdings S.A. y ordenó a Petróleos de Venezuela (Pdvsa) el pago de más de 32 millones de dólares. Este monto corresponde a facturas pendientes de dos filiales de la estatal petrolera —Bariven y Pdvsa Operaciones Acuáticas— por la adquisición de una flota de 42 embarcaciones que servirían como remolcadores. El contrato se firmó el 12 de noviembre de 2010 y el monto total por los 42 remolcadores alcanzaba la suma de 144,8 millones de dólares.
El juez Maarten van de Laarschot dictaminó en su sentencia que Pdvsa era responsable por los compromisos adquiridos por sus filiales en el extranjero. El reclamo introducido por la firma, propiedad de los venezolanos Hidalgo Socorro Urdaneta y Enoc Martínez Carrasquero, argumentó además que las embarcaciones se entregaron en 2011, un año después de suscrito el acuerdo. En total, la petrolera deberá cancelar 21,2 millones de dólares correspondientes al monto adeudado por contrato, mientras que otros 13 millones de dólares se derivan de intereses por mora.
PDVSA navega en un mar de irregularidades
La sentencia es apenas otro revés para la estatal petrolera venezolana, que se suma a la ya larga lista de irregularidades, reclamos y despilfarro perpetrados en el manejo de flota de buques tanqueros y otras embarcaciones. Al menos 3.700 millones de dólares han sido comprometidos o perdidos por Pdvsa y sus filiales, de acuerdo con una extensa investigación realizada en 2020 por la Alianza Rebelde Investiga (ARI) en unión con la plataforma latinoamericana de periodismo CONNECTAS.
Bumbry Shipholdings S.A. fue registrada en Panamá en 2005 y tiene como accionistas a los venezolanos Hidalgo Socorro Urdaneta y Enoc Martínez Carrasquero. Socorro, junto a su socio, Enoc Martínez, es proveedor de servicios de Pdvsa a través de al menos ocho empresas, comenzando con Astivenca, que funcionaba en Maracaibo, y terminando con Brumby Shipholdings, que vendió a la petrolera 42 remolcadores entre 2008 y 2011 por 150 millones de euros, con un sobreprecio estimado en 110 millones de euros.
Socorro Urdaneta y Martínez también rentaron con sobreprecio embarcaciones para el proyecto gasífero que desarrolló Pdvsa Costa Afuera en Sucre. El caso más célebre fue el alquiler del Aban Pearl, gabarra que terminó hundida.
Más denuncias de sobreprecio
En la serie de reportajes con el título En Pdvsa Costa Afuera la marea está alta, publicados en 2009 en Últimas Noticias (fueron borrados por la administración oficialista de Últimas Noticias), se detallaron las denuncias del exjefe de Protección, Control y Pérdidas de la División Costa Afuera y los hallazgos de César Batiz, entonces reportero de investigación de la hoy extinta Cadena Capriles.
En 2019 el exdiputado Conrado Pérez (Primero Justicia), vicepresidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, denunció con documentos que las embarcaciones fueron vendidas con sobreprecio. De acuerdo con la documentación presentada por Pérez, Brumby Shipholdings S.A. de Panamá compró 42 remolcadores de Malasia y Singapur a un precio de 40 millones de euros, incluidos los gastos de transporte desde Singapur a Venezuela.
Los remolcadores, fabricados en Singapur y Malasia, tenían capacidad para operar las 24 horas del día y contaban con tecnología de punta, como equipos de radar, GPS, ecosonda, doble mando de fuente y güinche de remolque, además de ofrecer facilidades a la tripulación, como comedores y habitaciones.
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Las embarcaciones serían utilizadas para el mantenimiento, reparación, sustitución y tendido de líneas sublacustres para transporte de crudo, reparación de tuberías en el lago de Maracaibo, mudanza de gabarras de perforación y facilidades de apoyo, lo que contribuiría a la modernización de las actividades de producción de petróleo en el occidente el país. Los nuevos remolcadores fueron transportados a Venezuela por el buque semisumergible Fjord, de bandera holandesa.
Investigados por lavado en Guatemala y EE. UU.
En 2016, las autoridades judiciales en Guatemala allanaron el Banco de los Trabajadores, una entidad financiera en la que Socorro tenía en ese entonces 20 % de las acciones tras una negociación efectuada por 20 millones de dólares en mayo de 2013.
El Pitazo informó en esa fecha que Hidalgo Socorro escondió que era contratista de la petrolera. Eso levantó las sospechas de directivos de la entidad financiera y llevó al inicio de un proceso que provocó el congelamiento de 20 millones de dólares y decomiso de un avión. En Estados Unidos también se investigaron las cuentas del dueño de DHK Finance, que residía para la fecha en La Romana, República Dominicana, en una casa valorada en 10 millones de dólares.
De acuerdo con informaciones obtenidas de fuentes cercanas al proceso de investigación, en aquella ocasión el empresario nacido en Maracaibo aseguró, bajo juramento, que todos sus recursos tenían un origen lícito.
Socorro presentó a los entes correspondientes en Guatemala una serie de documentos sobre los positivos balances de DHK Finance Inc, una firma también creada en Panamá el 12 de octubre de 2011, con un capital inicial de 10 millones de dólares. La mayoría de las acciones de la empresa financiera pertenecen a Bumbry Shipholdings S.A., propiedad del mismo Socorro, quien entre octubre y noviembre movió cerca de 40 millones de dólares mediante una inyección de capital a DHK.
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