Caracas.- Christi Rangel, coordinadora regional de la ONG Transparencia Venezuela, destacó que los bonos que entrega el Gobierno venezolano se han convertido en un mecanismo para lograr lealtad política al partido de gobierno a cambio de una ayuda social. Así lo expuso el jueves 16 de marzo ante 500 lectores, que participaron en el forochat Bonos de la Patria (y la miseria), organizado por el equipo de El Pitazo en la Calle.
Rangel explicó los detalles del impacto negativo que ha generado la entrega de bonos sociales en el país, que no cubren las necesidades de los ciudadanos y creó un mecanismo de corrupción.
Para contextualizar, la invitada recordó que los bonos del Sistema Patria comenzaron a adjudicarse en 2017, luego de la creación del Carnet de la Patria. Originalmente, servían como una ayuda económica ligada a ciertas misiones y programas sociales, pero con el paso del tiempo han tomado otros caminos. Actualmente, se conocen cuatro tipos de bonos:
- De misiones y programas sociales, como Amor Mayor, José Gregorio Hernández o Parto Humanizado. Su entrega es periódica, una vez al mes.
- De festividades y efemérides, como el Día de Reyes, Carnaval, Día de la Mujer, Navidad y otros. Su distribución tiende a ser puntual, aunque en ocasiones pueden repetirse anualmente.
- Bonos sin especificidad asociada, como el bono Patria Libre y Soberana o contra la Guerra Económica. Este tipo no cuenta con una periodicidad de entrega o un criterio de escogencia definidos.
- Para funcionarios públicos, existentes desde que las nóminas de los órganos y entes del Estado son gestionados a través del Sistema Patria (marzo de 2021). Tampoco tienen periodicidad definida.
Rangel destacó que, en primera instancia, los bonos de la Patria parecen un mecanismo de ayuda social positivo, pero tienen varios problemas asociados. El principal es que tanto el Carnet de la Patria como los mismos bonos se han convertido en formas de corrupción basadas en la entrega de apoyo social a cambio de lealtad política al partido de gobierno. “El Carnet de la Patria ha sido utilizado para controlar el acceso a alimentos, vacunas, educación y servicios de salud”, afirmó.
La invitada también listó otros problemas existentes alrededor de la entrega de bonos y ayudas sociales por parte del Estado venezolano, que limitan su efectividad:
· No cumplen con el objetivo de equiparar socialmente a las personas en vulnerabilidad, pues las asignaciones son irrisorias respecto al costo de la canasta alimentaria. El valor de los bonos oscila entre 0,46 dólares y 8,67 dólares desde 2020, mientras la canasta alimentaria se ha mantenido por encima de los 200 dólares mensuales.
· No existe focalización en la asignación de estas ayudas, así que no hay manera de verificar si los bonos se están entregando a personas que realmente los necesitan.
· Muchos de los beneficiarios no pueden cobrar estas transferencias, ya que no tienen acceso al sistema bancario o a tecnologías digitales, haciendo que se pierdan recursos.
· Los bonos han generado una distorsión en la figura del salario, ya que muchos beneficiarios los ven cono una extensión del mismo, cuando no debería ser así.
Rangel se detuvo en este último punto durante su ponencia, al denunciar que los bonos se están utilizando para compensar el incumplimiento de los derechos laborales de los trabajadores, que incluyen el acceso a un salario mínimo vital y prestaciones sociales.
Aparte, señaló que la entrega de bonos y la distorsión salarial se han convertido en fenómenos impulsores de la deserción laboral y estudiantil. Respecto a la primera, puntualizó: “En el país no existe una correlación entre el esfuerzo y preparación de un trabajador respecto al salario percibido. Además, en ocasiones, los bonos son entregados sin hacer nada y sin merecerlos, ocasionando que adultos y jóvenes no vean en el trabajo una oportunidad para mejorar su calidad de vida”. Sobre la deserción estudiantil, porque los jóvenes han notado que la formación académica y la experiencia no son debidamente valoradas en el país.
La invitada cerró su ponencia revelando que la opacidad como política del Estado ha impedido hacer un balance preciso sobre el impacto macroeconómico de la entrega de bonos a través del Sistema Patria. Aun así, listó algunos problemas relacionados con ello:
· No hay acceso a documentos presupuestarios que permitan identificar qué ministerio es responsable de la asignación de bonos.
· La asignación presupuestaria para el programa es desconocida, así como el estimado de beneficiarios y el porcentaje de gasto público anual que representa.
· Aunque los montos entregados son pequeños, la cantidad y frecuencia en la repartición de bonos podría tener un gran peso en el público.
· La asignación de recursos para el pago de sueldos y salarios podría ser mayor, si no se dedicara tanto dinero a la repartición de bonos.
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