Caracas.- El presidente de Conindustria, Luigi Pisella, se refirió este miércoles, 22 de mayo, al impacto para las industrias de la Ley de Protección de las Pensiones. Destacó que afecta el flujo de caja de las empresas y su competitividad tanto en el ámbito interno como en el externo, pues por un lado compiten en el país con los informales, y por otro, con los productos terminados que son importados y no requieren el pago de ciertas contribuciones, incluyendo la recientemente aprobada.
«Nosotros vamos a acompañar la ley, pero también tiene que verse en qué situación estamos», dijo Pisella durante la presentación de los resultados de la Encuesta de Coyuntura Industrial correspondiente al primer trimestre de 2024. En ese sentido, detalló que la nueva contribución representa un incremento en los tributos de 3,4 %, pese a que es deducible parcialmente del impuesto sobre la renta.
Ante el impacto en la competitividad, Coninsdustria propone el cobro de este tributo también a los productos importados. «Por esa afectación, por qué no sale una ley, con la misma velocidad que se hizo esta, de manera que ellos también paguen esos tributos y se recaude una cantidad mayor dirigida también a los pensionados. Esa sería una manera de equilibrar la competitividad que tenemos con los productos importados», señaló.
Pisella también manifestó el descontento del gremio industrial por el hecho de que las empresas tengan la obligación de contribuir dos veces por concepto de pensiones: una sobre salario mínimo por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, y otra sobre el ingreso mínimo integral indexado por la Ley de de Protección de las Pensiones.
El presidente de Conindustria también cuestionó que no se estableciera un tope para la base de cálculo del tributo, pues recordó que por Seguro Social, el tope es de cinco salarios mínimos. Entre las recomendaciones para la nueva ley, los empresarios pidieron un monto máximo de tres ingresos mínimos integrales indexados.
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No alcanza para todos los pensionados
Pisella aseguró que anteriormente había en Venezuela unos 5 o 6 millones de trabajadores del sector privado y 400.000 pensionados, por lo que la recaudación para pensiones alcanzaba para pagar «ingresos dignos» y para abastecer los hospitales del Seguro Social.
Indicó que actualmente hay alrededor de 5 millones de pensionados, mientras que el número de trabajadores activos en el sector privado alcanza a 1,5 millones. «Por más que te quedes acá (en el sector privado), cuando lo dividas entre 5,5 millones va a ser poco«, dijo.
En ese sentido, consideró necesario atraer a más trabajadores a la formalidad y que estos también puedan hacer un aporte con el fin de favorecer a los pensionados y que los activos aseguren también sus pensiones cuando se retiren. De igual forma, consideró necesario formalizar a una mayor cantidad de empresas para ampliar la base de contribuyentes.
Descarta despidos y más inflación
Pisella también indicó que la afectación de precios como consecuencia de la Ley de Pensiones es mínima, porque el tributo se fija sobre los ingresos, y, por otro lado, no están dadas las condiciones para aumentos de precios.
«Eso no quiere decir que una empresa que no tenga utilidad y no pueda compensar el pago de este tributo no lo haga, pero no están dadas las condiciones«, dijo al referirse de manera general a la industria, pero consideró posible que algunos sectores se vean en la necesidad de hacerlo.
Por otro lado, aseguró que se mantendrá el nivel de empleo, si bien consideró que pudieran realizarse ajustes en las remuneraciones a corto plazo. Asimismo, aclaró que la afectación para cada empresa es diferente debido a que las condiciones financieras de cada una varía. «Si tienen utilidad, la afectación es menor, pero si no tienen utilidad es completa», apuntó.
«Nosotros tenemos nuestro compromiso, no habrá afectación del empleo, pero si una empresa quería hacer un ajuste a sus trabajadores, ahora tiene un peso de 9 %. Si recuperamos la economía, ampliamos la base de contribuyentes y nos hacen competir de una manera leal y más equitativa con los productos importados, esto a corto plazo es historia, estaremos produciendo más», declaró Pisella.
El presidente de Conindustria resaltó la responsabilidad de la empresa privada con los trabajadores y los pensionados, pero reiteró la necesidad de incentivos para compensar los perjuicios que genera la aplicación del nuevo instrumento legal.
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