Caracas.- Las distorsiones en la economía venezolana persisten pese al freno en la contracción de los últimos años. Uno de los elementos más evidentes sobre los desequilibrios económicos es el vinculado con los productos nacionales frente a los importados, pues los consumidores notan una diferencia en los precios en medio de una inflación anualizada de 172%, según cálculos del Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF).
En ese contexto, voceros de diversos sectores de la economía nacional advierten sobre una competencia desleal que perjudica a la ya de por sí mermada producción nacional, en un entorno favorable para ciertos productos terminados fuera del país, exonerados del pago de aranceles y de impuestos como el IVA.
Recientemente, se conoció sobre la extensión del decreto N° 4.683, publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria con fecha del 1 de mayo, en el que quedan establecidas las importaciones de productos tipificados en 3.196 códigos arancelarios exonerados del pago de tributos, tasas de importación correspondientes, así como del Impuesto al Valor Agregado (IVA), hasta el próximo 31 de diciembre.
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Uno de los sectores más golpeados por la implementación de la política de exoneración de importaciones es el industrial, por lo que el presidente de la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria), Luigi Pisella, contactado por El Pitazo vía telefónica, recalcó que es necesaria una revisión en esa materia para lograr una recuperación de la producción y la productividad en la industria venezolana, cuya capacidad operativa se situó en 27% al término del cuarto trimestre de 2021, según la Encuesta de Coyuntura Industrial.
«No se trata de que los productos no entren o que existan dudas sobre la capacidad de producción en Venezuela, sino que el hecho de cobrar los aranceles y sobre todo el IVA, generará un beneficio. Si en cada cadena de la actividad económica se elimina algo por una importación, el Estado también resulta perjudicado», destacó Pisella, quien agregó que por concepto de IVA tras las exoneraciones, en 2021 se dejaron de recaudar 686 millones de dólares.
En Conindustria evalúan el impacto de la prórroga del decreto N° 4.683, sin embargo, Pisella adelantó que son varias las aristas que se desprenden de la implementación de una política de protección a las importaciones como sucede en el caso venezolano: inflación, sobrevaluación de la moneda y la aplicación del Impuesto a Grandes Transacciones Financieras (Igtf) repercuten en la industria.
«Los productos nacionales suben de precio y los importados se mantienen. En 2021, el incremento fue de 686% en un entorno de devaluación más lenta pero que a la larga ocasiona daños», detalló Pisella.
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A propósito de la aplicación del Igtf, Pisella advirtió que en el caso de los productos nacionales, desde el origen de los mismos se percibe el tributo y a medida que aumenta la intervención de proveedores y producción, se incrementan los costos hasta 15% frente a sólo 3% en el caso de los importados.
«El hecho de producir es lo que genera actividad económica porque para fabricar un producto intervienen muchos sectores, por eso exhortamos a que todos estos elementos se vayan revisando», dijo Pisella.
En agosto de 2021, la vicepresidenta del gobierno de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, quien también es ministra de Finanzas, anunció la eliminación de la exención arancelaria a 597 productos, una medida insuficiente pues según Conindustria la competencia con productos importados, la falta de financiamiento -que impacta 65% del sector industrial- y la baja demanda de lo hecho en el país, constituyen los principales escollos para la producción nacional.
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