Caracas.- El aumento de salario es uno de los principales reclamos de los trabajadores del sector público desde el inicio del año. Las discusiones en torno a la fijación del ingreso mínimo legal se mantienen con el acompañamiento de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) en una comisión integrada por representantes de los sindicatos de trabajadores, el sector privado y el Gobierno nacional.
La brecha entre el salario mínimo y las remuneraciones en el sector privado es amplia y crece cada día más con la devaluación del bolívar. Según los datos de la última encuesta de Perspectivas Económicas de Venamcham, 65 % de las empresas paga salarios en dólares o los indexa a la moneda estadounidense.
En el sector privado los salarios promedian 140 dólares, de acuerdo con las últimas cifras del Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF). Este dato lo destacan los dirigentes de organizaciones empresariales, como Fedecámaras o Consecomercio. En ese sentido, los voceros de las empresas privadas descartan efectos importantes tras un anuncio sobre el salario mínimo.
Aumento de salario mínimo: ¿qué montos se han propuesto?
Así lo considera también la abogada Mariana Roso, socia del departamento laboral de Altum Abogados, quien cree necesario esperar el monto que decrete el Ejecutivo. Sin embargo, explicó que mientras el aumento de salario mínimo no sea significativo no generará efectos en la empresa privada, como lo que representó el incremento salarial de 2018, que acompañó a la reconversión monetaria de ese año.
“El Ejecutivo ha señalado de forma clara que el aumento tiene que ser cónsono con la productividad del país, por eso no creo que realmente sea un monto importante. Definitivamente, el Ejecutivo tiene que pensar en otro tipo de alternativas más allá del aumento del salario mínimo”, dijo durante el evento Perspectivas Económicas de Venamcham, realizado el pasado 28 de febrero.
¿Qué mecanismos pueden implementar las empresas?
Roso cree que desde el sector privado también se deben conseguir alternativas laborales que ayuden a los trabajadores a mejorar el poder adquisitivo, tomando en cuenta las dificultades de las empresas tras meses de fuerte devaluación, pues un salario de 140 dólares todavía se separa del costo de la canasta básica.
“El análisis que se quiere hacer en este foro es cómo compaginar medidas de compensación que ayuden a los trabajadores, pero sin ahorcar a las empresas ni poner en riesgo las fuentes de trabajo”, dijo la abogada.
La socia de Altum Abogados sugiere que todos los sistemas de compensación que adopten las empresas estén sustentados en la productividad. Además, recomienda que las compañías continúen otorgando beneficios no salariales, según lo establecido en las leyes laborales del país. Estas compensaciones incluyen ayudas para estudios y crecimiento dentro de las organizaciones, además de alimentación y salud.
La abogada destaca la ayuda de tipo no salarial que pudo prestar la empresa privada a sus trabajadores durante la pandemia del COVID-19. “Mecanismos desde ayuda para conseguir alimentos, agua, protección en materia de salud o psicológica. En su momento hicieron la diferencia y crearon un vínculo importante con las empresas”, señaló.
Recomendaciones para el Ejecutivo nacional
Asimismo, recomendó al Ejecutivo nacional establecer montos mínimos y máximos para el cestaticket, con el fin de que las empresas públicas y privadas puedan otorgar el monto que se adapte a su productividad. Otra opción es que un porcentaje del salario no esté incluido en los cálculos de beneficios laborales y sociales, como lo estipulaba la Ley del Trabajo anterior.
En relación con la salarización de los bonos, tema que se asomó en marzo de 2022 cuando los bonos del sistema Patria otorgados a los trabajadores públicos se incorporaron al salario, señaló que sólo debería hacerse hasta el monto del salario mínimo.
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