La organización no gubernamental Un mundo sin mordaza (conocida popularmente como Sin Mordaza) presentó, durante la mañana de este miércoles, un pronunciamiento sobre la situación actual del ejercicio periodístico en Venezuela, que difundieron en redes con la etiqueta #QuitateLaMordaza.
La rueda de prensa contó con la participación de Rodrigo Diamanti, director de la ong, acompañado por Marianela Balbi (directora del Instituto Prensa y Sociedad o Ipys), Alberto Rodríguez (periodista y director del portal www.albertonews.com), Kevin Arteaga (periodista del diario El Caraboneño), Isabella González (delegada de la Federación Venezolana de Estudiantes de Comunicación Social o Fevecos) y César Batiz, periodista de investigación y director de El Pitazo.
Recientemente, Sin Mordaza dio a conocer su informe Libertad de expresión 2020, donde se registran al menos 995 violaciones a la libertad de expresión durante el año pasado.
El encuentro comenzó con la bienvenida de Diamanti, quien informó que, según datos recibidos por Sin Mordaza, solo en 2020 se registraron 71 detenciones arbitrarias a periodistas, 19 emisoras fuera del aire, y cinco medios impresos fuera de circulación. También recordó la salida de DIRECTV de Venezuela en mayo del año pasado, lo que causó un “apagón informativo” de, al menos, tres meses.
Fue secundado en este punto por Marianela Balbi, que, desde Ipys, ha sido capaz de registrar 636 violaciones a las garantías de información de los venezolanos, ocurridas entre enero y diciembre de 2020. También aseguró que en Venezuela “existe una total impunidad para quienes actúan contra los periodistas y los medios de comunicación”.
Ipys identificó un patrón claro que consiste en la tendencia, por parte de voceros del gobierno nacional y allegados al mismo, a criminalizar, difamar y amedrentar tanto a los periodistas como a los medios de comunicación que retan, con sus coberturas, a la censura.
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Una profesión de alto riesgo
Kevin Arteaga comenzó su intervención recordando que El Carabobeño, medio en el que labora, cumple exactamente seis años desde la última vez que circuló como medio impreso. Pero la falta de papel periódico es, quizás, el menor de los inconvenientes que el periodista denunció dentro del ejercicio de su profesión.
Actualmente, Arteaga enfrenta una investigación por parte del Ministerio Público, cuyas causas aún son desconocidas. El martes 19 de enero, según lo reseñado por El Carabobeño, una comisión del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) consignó en la sede de este medio un oficio en el que se le solicita al departamento de Recursos Humanos “la consignación de los datos filiatorios del reportero”, sin dar explicación alguna sobre el motivo del procedimiento.
Posteriormente, el viernes 29 de febrero, funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana entregaron una citación a Arteaga para la mañana del jueves 4 de febrero, donde se le solicitaba para rendir declaraciones en calidad de investigado.
Aunque hasta el momento de desconocen los motivos del Ministerio Público para solicitar una investigación en su contra, Arteaga explica que fue a raíz de la cobertura que realizó sobre una protesta, en la que unos 70 vecinos denunciaron hechos de corrupción en su comunidad.
La censura nos afecta a todos
Al final de su intervención, Arteaga recordó que “no debemos normalizar que a los periodistas se les citen en la fiscalía por hacer bien su trabajo”. César Batiz, director de El Pitazo, se sumó a este llamado y afirmó: “la libertad de expresión, opinión, trabajo e información son derechos por los que deben luchar los ciudadanos, no solo los periodistas”.
Batiz recordó los múltiples ataques que ha sufrido El Pitazo desde 2018, cuando se implementó el primer bloqueo por parte de Cantv y Digitel, seguido por Movistar en noviembre del mismo año. También hizo alusión a su editorial Hágase el loco, señor ministro Freddy Ñáñez, en el que explica cómo el ministro de Comunicación e Información del gobierno de Nicolás Maduro negó que existieran procedimientos de sanción contra medios como Efecto Cocuyo y El Pitazo.
En su intervención, Batiz reconoció que a los corresponsales del medio digital que dirige se les niega, de manera sistemática, el acceso a ruedas de prensa del gobierno venezolano. Afirmó también que los periodistas de El Pitazo, sobre todo los del interior del país, son más visibles para el gobierno ya que, con frecuencia, son los únicos críticos en los estados donde hacen vida.
Destacó el afán del medio por vencer la censura y llevar la información a la audiencia. “Si nos cierran las puertas buscamos las ventanas, y si las cierran también, buscamos un cincel y un martillo para hacer otras nuevas”, afirmó.
Citó productos como el Crisionario Humorístico Ilustrado y proyectos de periodismo performático como Muñeca en fuga y Te la cuento yo, como las apuestas actuales del medio para reinventarse y esquivar los bloqueos informáticos.
Con ocasión de los 400 años de Petare, se estrenó El Pitazo ambulante, que consiste en una tableta digital instalada en las comunidades de esta parroquia con un VPN instalado, “para acercarnos a los vecinos y que puedan leernos”, puntualizó Batiz.
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La censura como práctica universitaria
Isabella González es estudiante de Comunicación Social y delegada de la Federación Venezolana de Estudiantes de Comunicación Social (Fevecos). Durante esta rueda de prensa señaló con preocupación la implementación de la censura, tanto en los medios de comunicación como en la misma universidad.
Como estudiante de la Universidad Arturo Michelena, González explicó que, durante una práctica evaluada, a los alumnos se les asignó la tarea de entrevistar a un vocero gubernamental. Sin embargo, su profesora les pidió “evitar algunos temas” para “no incomodar” al entrevistado.
Como pasante en un reconocido circuito radial de la capital, también denunció la existencia de una especie de “manual de estilo” que le entrega la emisora a los invitados de cada programa.
González explica que existen palabras como “narcotráfico”, “corrupción”, o nombres como “Juan Guaidó” que no pueden ser pronunciados al aire, para evitar una amonestación por parte de Conatel. “¿Por qué, como estudiantes y futuros periodistas, debemos acostumbrarnos a la censura y a la autocensura de los medios y de nuestras aulas de estudio?”, cuestionó la dirigente.
“No es plagio, es redifusión”
Sobre Alberto Rodríguez, mejor conocido por su página web www.albertonews.com, pesan varias denuncias por plagio.
Desde tuiteros hasta figuras como Roberto Deniz o Sebastiana Barráez, afirman que la página de Rodríguez copia contenido de portales como Efecto Cocuyo, Armando.info, Infobae, El Pitazo, entre otros.
Cuando se le preguntó sobre su conocimiento sobre estas denuncias, y si estaba consciente de qué mecanismos en la página web que dirige podía haberlas causado, Rodríguez se limitó a responder que su proceder “no es plagio, es redifusión”.
Rodríguez destacó que él también era una víctima de la censura. En un comunicado con fecha del 4 de marzo de 2021, denunció “ante la opinión pública nacional e internacional” a compañías prestadoras de servicio a Internet y telefonía Movistar, Intercable y Digitel, por “ejecutar de forma indiscriminada severos bloqueos a los principales medios de comunicación digital en Venezuela”.
Asimismo, hizo pública su intención de interponer una demanda a Telefónica S.A., empresa con sede en España y dueña de la operadora Movistar, por “colaborar con órganos represivos del gobierno venezolano”.
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