La Guaira. En el lanzamiento del operativo Semana Santa 2022, el gobernador del estado Vargas (que el oficialismo llama La Guaira tras una decisión de la extinta Asamblea Nacional Constituyente, a pesar de no tener competencias en ese ámbito), José Alejandro Terán, hizo una advertencia a los temporadistas que visitarían las costas litoralenses.
“No se sorprendan porque vamos a tener en cada esquina a funcionarios con su alcoholímetro y además generamos un sistema para que el funcionario se quede con un buen porcentaje de esos recursos. Los funcionarios están ansiosos de aplicar las multas que sean necesarias para evitar imprudencias”, aseguró el gobernador.
Las palabras de Terán se hicieron tendencia y hasta una campaña por redes sociales se inició para que los bañistas no fueran a las playas litoralenses por el temor a ser multados, con o sin razón, por funcionarios de la policía regional.
“Creo que fue el modo en que lo dijo el gobernador Terán; muchos lo sintieron como amenaza por Semana Santa. Lo que es cierto es que la Policía de La Guaira tiene fama de matraquera, pero eso es porque ellos siempre cobran un porcentaje de la multa de tránsito. Es decir, eso no es nuevo, tendrá como cinco o seis años que lo hacen”, cuenta el taxista varguense José Hidalgo al ser consultado sobre su conocimiento sobre la norma.
Lo dicho por Hidalgo es lo correcto. Desde hace cinco años, la norma en el litoral central es que el funcionario que impone la multa se queda con un porcentaje, del cual no se tiene claro la cifra. Algunos funcionarios consultados hablan de 50%, otros de 30% y otros hasta de 70%.
La práctica se inicio en el año 2017, cuando el entonces gobernador de Vargas, Jorge Luis García Carneiro, modificó la primera Ley de Convivencia Ciudadana que se aplicó en la entidad. Ese año se incorporaron las multas de tránsito al instrumento legal, cuyo artículo 46 indica que el monto pagado por concepto de multas será dividido: el “70% para el órgano que efectúa la boleta de apercibimiento y 30% restante a las arcas del Instituto Autónomo de Policía y Circulación”.
En ese momento, García Carneiro refirió que esos porcentajes permitirían «reparar las patrullas y garantizar mejor ingreso a la policía». Es así que con el respaldo legal de la ley regional, el cuerpo de policía y sus funcionarios son los que reciben las multas por infracciones de tránsito. La última reforma a la Ley de Convivencia Ciudadana, refrendada en febrero de 2021, estipula multas que van desde Bs 10 hasta Bs 400 (entre 2,26 y 90, 20 dólares, en promedio, según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela).
Legalidad en discusión
Sobre la legalidad o no de esta práctica, los juristas tienen opiniones encontradas.
«Un gobierno regional tiene la competencia para hacer con sus ingresos lo que considere pertinente. En este caso, el gobernador García Carneiro quiso darles un incentivo a los funcionarios policiales», asegura el consultor jurídico de la Gobernación, Pedro Rodríguez.
Hay opiniones diferentes de la de Rodríguez. Existen detalles, como la legitimidad y validez, que resaltan otros abogados. «Es cierto que otorgar un porcentaje de la multa es legal, pues está establecido en la ley regional, pero habría que discutir si un gobierno regional puede legislar en una materia que ya está legislada de manera nacional, como es el caso de las infracciones de tránsito», explica el concejal y abogado Brayan Batipte (AD).
Batipte refiere la existencia de la Ley Orgánica de Tránsito y Transporte Terrestre lanzada en 2001. «La pirámide de Kelsen, que es el principio que rige el ordenamiento jurídico venezolano, estima que está ley es superior a una ley regional u ordenanza municipal —recuerda el abogado—. No tiene sentido multar la misma infracción, con distintos montos o castigos. Lo ideal sería que los cuerpos de circulación tuviesen una misma norma».
Para el concejal es importante frenar los abusos. «En el caso de la policía regional de Vargas, la queja de muchos conductores es el abuso que comete el funcionario policial al retener documentos para presionar al conductor a que pague más rápido y así recibir el porcentaje que le corresponde. El gobierno de Terán debe trabajar para que no se cometan esos abusos», afirma.
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