Valencia.- Familiares de los reclusos del Centro de Formación Hombre Nuevo El Libertador, ubicado en la parroquia Tocuyito del municipio Libertador, estado Carabobo, denunciaron que no les permiten ingresar alimentos, y los presos, aunque reciben tres comidas al día, solo comen arroz con agua.
Son madres y esposas de los reclusos las que manifestaron preocupación por las condiciones en las que están más de 1.600 personas, pese a que la capacidad del centro de formación es solo de 1.100 reos. Los familiares indicaron que tienen las visitas limitadas, solo una por mes, y denunciaron que no poseen un servicio de alimentación adecuado ni atención médica oportuna, así como tampoco les ofrecen espacios limpios para su permanencia.
“No hay buena alimentación. Varios presos tienen diarrea, lo que genera su descompensación. Solo están comiendo arroz sancochado sin sal y adentro el personal responsable está vendiendo el kilo de arroz en 2 millones 500.000 bolívares y el paquete de catalina en 1 millón. Esto es contradictorio porque los días de visita restringen el acceso de alimentos. No sabemos qué pasa”, dijo uno de los familiares.
Además de la preocupación por las condiciones en las que están los reclusos en el Centro de Formación Hombre Nuevo El Libertador, los familiares también rechazaron el retardo procesal que se registra en el sistema judicial de Venezuela, pues aseguran que algunos presos tienen más de cinco años esperando por juicio.
“Este mes de flexibilización no hubo traslados para que continuara el proceso administrativo. Hay privados de libertad que son casos de tribunales en Caracas y no han realizado el Plan Cayapa. Algunos ya tienen más de cinco años presos y sin condena, sin juicio y sin beneficios”, expresó una de las voceras de los familiares.
Los familiares solicitaron celeridad en los procesos. Aseguran que algunos están fuera del estado Carabobo, pero por la escasez de gasolina, a lo que se suman las restricciones por la pandemia de COVID-19, se les hace cuesta arriba la movilización.
“La pandemia ha sido la excusa perfecta para la ineficiencia de los tribunales. Ahora viene una radicalización en enero y no hay respuesta de nada”, dijo la esposa de uno de los reclusos.
Algunos familiares no tienen recursos para pagar los viajes hasta Carabobo. Hay quienes se trasladan desde Caracas y otros lo hacen desde Cojedes. “Viajé hace una semana por La Bandera; me cobraron 2 dólares de ida y 2 de regreso, más 100.000 bolívares en efectivo”, agregó otro pariente.
Los familiares pidieron a las autoridades penitenciarias ejercer acciones para garantizar los derechos de los reclusos del centro de formación, quienes están en condiciones críticas desde antes de la pandemia por COVID-19.
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