Valencia.- Víctimas de las protestas registradas en Venezuela entre 2014 y 2019 protestaron el 1 de noviembre en Valencia para llamar la atención del fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, a quien solicitaron que escuche sus denuncias.
Moisés Cordero, vocero de las víctimas, quien en 2019 perdió su ojo derecho, luego que funcionarios militares y policiales dispersaran con perdigones una protesta frente al Fuerte Paramacay, pidió al fiscal de la CPI que se reúna con las organizaciones defensoras de derechos humanos, los familiares de los fallecidos y los heridos que se contabilizaron en las distintas regiones del país durante las protestas contra el Gobierno.
“Hoy hablamos por las víctimas que no han sido escuchadas, para que el fiscal de la Corte Penal Internacional vea qué es lo que ocurre en nuestro país, que esto es una política sistemática, una represión constante, que no quieren la libertad de expresión. Yo en febrero de 2019 fui víctima de tratos crueles e inhumanos y perdí mi ojo derecho por un impacto de perdigón proveniente de organismos de seguridad del Estado, a la fecha no han aclarado que ocurrió ese día, no han buscado a los culpables y mi caso sigue impune”, denunció Cordero.
Organizaciones civiles también se sumaron a la solicitud de Cordero y rechazaron la impunidad que dijeron se registra en el país, así como la violación constante de derechos humanos.
“Hoy el Ministerio Público, el Estado, pretenden decirle a la CPI, a la comunidad internacional que están enjuiciando a funcionarios de la Guardia Nacional, de la Policía de Carabobo, pero nosotros le decimos al fiscal del CPI que esto es una política represiva que se convierte en graves violaciones de los Derechos Humanos, estos no son hechos aislados, esto fue una orden del Estado venezolano”, dijo el director del Centro de Activismo y Desarrollo Democrático para la región, Gabriel Cabrera.
Durante la manifestación, que realizaron a pocos metros del Ministerio Público en la entidad, representantes de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia denunciaron que el país registra más de 340 presos por razones políticas, por lo que pidieron al fiscal de la CPI revisar y atender los casos como el de Antonio José Garbi, preso desde 2014.
“De cada 10 privados de libertad por razones políticas, 8 son víctimas de tortura, los que han logrado libertad tienen secuelas psicológicas y el Estado no investiga, no sanciona. El Estado no ha investigado y tiene la responsabilidad de investigar las desapariciones forzosas, los tratos crueles, degradantes e inhumanos”, indicó el abogado Kelvin Zambrano.
El vocero de la Coalición también recordó: “El Estado tiene la obligación de indemnizar, de reparar el daño causado a las víctimas, deben ser reparaciones económicas y simbólicas, pero ni siquiera vemos la primera intención por parte del Estado venezolano de investigar estos hechos”, expresó Zambrano.
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