Juany Romero
Programa de Formación Nuevos Periodistas
Representantes de 250 familias afectadas por las inundaciones del Lago de Valencia, pertenecientes a las comunidades Mata Redonda y La Punta de Maracay, estado Aragua, protagonizaron una protesta pacífica frente a la Procuraduría General de la República, ubicada en Caracas, el 16 de mayo.
En compañía de los abogados José Mora y Arturo Martínez Jiménez, 43 propietarios fueron atendidos por representantes de la procuraduría, a quienes les solicitaron el cumplimiento de tres sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que establecen una indemnización pecuniaria a las partes involucradas.
La comisión de la Procuraduría General de la República que conversó con los manifestantes estuvo a cargo del Henry Rodríguez Facchinetti, director de Litigio, y de Carla Alfonso, adjunta.
Tras el encuentro, el abogado Arturo Martínez Jiménez, uno de los defensores de las familias afectadas, informó que Rodríguez Facchinetti se comprometió a tratar el caso con celeridad, sobre todo, porque ya está próximo el periodo de lluvias y ello aumenta el riesgo de que el Lago de Valencia continúe anegando los inmuebles ubicados en Mata Redonda y La Punta de Maracay.
Martínez Jiménez aclaró que la procuraduría no pagará los daños ocasionados, pero sus representantes harán las gestiones ante los organismos involucrados.
En tal sentido, informó que los representantes de la procuraduría pautaron, para este jueves, 18 de mayo, a consultores jurídicos del Ministerio de Ecosocialismo, Ministerio de Hábitat y Vivienda, y Protección Civil y Desastres para darle atención, prioridad y celeridad a este caso.
250 familias mantienen la esperanza
Las familias afectadas por las crecidas del Lago de Valencia están esperanzadas en obtener una indemnización, a pesar de que las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia, emitidas en el año 2006, cumplen 17 años sin ejecución por parte del Estado venezolano.
Isolina Cabrera, residente de Mata Redonda, explicó que no todos los vecinos desean el intercambio de casa por casa, ya que un grupo aspira a que les paguen sus viviendas para decidir dónde establecerse.
Eduardo Funes, otro residente de la zona, se mostró confiado en que a corto plazo les harán el avalúo de sus bienes. “La procuraduría funcionará como un efecto bisagra y unirá a los organismos involucrados para buscar una solución”, indicó.
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