Caracas.- El fiscal general impuesto por la extinta asamblea constituyente, Tarek William Saab, dejó de lado varios temas de derechos humanos durante la presentación de su informe de gestión 2020 ante el parlamento electo en los cuestionados comicios de diciembre pasado.
Saab prosiguió la tradición de acumular las cifras de sus actuaciones desde que asumió la Fiscalía, y son pocos los datos que ofreció por años, en particular aquellos vinculados a violaciones de derechos humanos o delitos como el femicidio.
A pesar que en 2020 se elevó la Dirección de Derechos Fundamentales a la categoría de Dirección General de Protección de Derechos Humanos, es poco lo que se ha avanzado en denuncias de trata de personas como la de más de 90 personas desaparecidas entre las costas venezolanas y de Trinidad y Tobado entre 2019 y el año pasado.
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Esas denuncias quedaron reflejadas en «Desaparecer en el mar: Una búsqueda sin brújula», una investigación de TalCual en alianza con la plataforma Connectas, y que evidenció la historia de complicidades y omisiones de los gobiernos de Venezuela y Trinidad y Tobago, cercanos en la política y en el silencio ante un problema “que se ha vuelto masivo por el contexto de la migración venezolana”, como admiten funcionarios trinitarios.
El fiscal Saab tampoco habló de las denuncias de redes de explotación sexual de mujeres y menores de edad, que también involucran su traslado a islas del Caribe (en especial Trinidad) pese a que en varias oportunidades a través de Twitter dijo que se estaban investigando los casos y, supuestamente, había detenidos por estos hechos.
Otra de las cuestiones que también obvió Tarek William Saab en su informe de gestión fue sobre las denuncias de torturas y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias o desapariciones forzadas.
Tan solo se limitó a precisar que entre 2017 y 2020 fueron imputados 677 funcionarios de seguridad y 39 civiles por presuntas violaciones a los derechos humanos, sin precisar detalladamente cuales. Por estos hechos fueron apresados 519 funcionarios de distintos organismos y 29 particulares.
Las leyes venezolanas admiten la participación de civiles en violaciones a los derechos humanos cuando los delitos son cometidos con conocimiento o aquiecencia de funcionarios del Estado. Sobre este punto, la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los DDHH, así como la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela, han denunciado la actuación de los llamados «colectivos» o grupos de civiles armados que actúan junto a los cuerpos de seguridad para intimidar e incluso asesinar.
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En ningún momento Tarek William Saab comentó la cantidad de torturados o personas sometidas a tratos crueles, inhumanos o degradantes, tal como lo detallan diversas instancias de Naciones Unidas y la serie documental de TalCual «La República que tortura», donde se demuestra que los cuerpos de seguridad han adoptado estas prácticas y se ha convertido en un patrón de conducta contra toda la población.
«En este período (agosto de 2017 – diciembre de 2020) fueron acusados 1.019 funcionarios y 136 civiles por casos de homicidio, tortura, tratos crueles, tratos inhumanos o degradantes, privación ilegítima de libertad, violaciones de domicilio, y demás delitos contemplados en nuestra legislación», se limitó a decir Saab.
Aclaró que el MP logró la condenatoria contra 171 funcionarios de seguridad y 13 civiles, es decir, solo el 15% de las acusaciones que se realizaron por estos delitos. Dijo que estas cifras hablan «de un esfuerzo» para inhibir a cualquier funcionario de abusar y atentar contra la integridad o la vida de los ciudadanos.
Pero el funcionario demuestra lo contrario al no responder a los reiterados informes de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que ha acusado a Venezuela de permitir graves violaciones a los DDHH bajo la mirada cómplice de todo el esquema gubernamental.
El fiscal ni mencionó casos de desapariciones forzadas como la del dirigente de izquierda Carlos Lanz, quien el pasado 8 de febrero cumplió dos meses en esa situación pese a las investigaciones del Ministerio Público. Tampoco habló del sindicalista Alcedo Mora y los hermanos Eliécer y Esnéider Vergel, quienes dentro de dos días cumplen seis años desaparecidos presuntamente por funcionarios del Estado.
También se han obviado recomendaciones de esta Oficina como la eliminación de las FAES, hecha por Michelle Bachelet y la Misión de Determinación de Hechos. Este organismo, que según la ONG Provea pasa por una «operación maquillaje», ejecutó a 635 personas durante 2020.
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Sobre la Misión de Determinación de Hechos, Saab tampoco pronunció palabra pese a que su nombre aparece vinculado a la falta de justicia e investigación en casos de violaciones a los DDHH, que dicha instancia independiente de la ONU considera que han llegado a configurarse como crímenes de lesa humanidad.
El fiscal se escudó en que los datos presentados en su informe fueron entregados a la Oficina de Bachelet y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), aunque en ambos casos se desconoce su contenido, como ya lo hemos reportado en TalCual.
Sobre Venezuela la Fiscalía de la CPI investiga dos aspectos: Si funcionarios del Estado venezolano, entre ellos Nicolás Maduro, son responsables de violaciones a los DDHH en el contexto de manifestaciones gubernamentales a partir de 2017; o si en el país se cometen crímenes de lesa humanidad debido a sanciones por parte de Estados Unidos.
Ni siquiera Saab respondió a los reclamos que le han hecho desde su propia inclinación política. A principios de enero, el propio parlamento que lo recibió en esta oportunidad le increpó sobre la falta de respuesta para apresar a políticos opositores acusados de presuntos delitos contra el país.
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