En medio de una crisis general sin precedentes, ha ocurrido una suerte de privatización de los servicios públicos de forma desordenada y sin control. Empresas de recolección de basura y distribución de gas ocupan el espacio dejado por las compañías del Estado. Al final el principal perjudicado es el ciudadano
Venezuela es un país con graves problemas, pero el déficit en los servicios públicos tiene gran incidencia y repercusión en la calidad de vida de la ciudadanía.
La suerte de privatización de los servicios públicos en Venezuela se acentuó en el último año, pero de forma desordenada y sin reglas claras. Hasta la fecha, son pocos los organismos que supervisan los trabajos y no se cuenta con información oficial sobre cómo es la participación del sector privado en el área.
TalCual presenta un seriado sobre cómo la propia ciudadanía tiene que resolver la carencia de servicios en todo el país ante la poca efectividad del Estado para resolver esta problemática.
En esta ocasión, se muestra el auge de empresas privadas tanto en el aseo urbano como el gas.
Un ejemplo de ello se evidencia en Caracas, donde varias empresas han incrementado su participación en el negocio de llevar gas directo residencial y comercial, además de gas industrial. Actividad que dejó de ser una obligación para Pdvsa Gas, que en el pasado se puso como meta llevar gas directo a más hogares venezolanos.
Rubén Pérez, consultor senior en materia de gas natural y energía, explicó que hay muy pocas ciudades en Venezuela con redes de gas, por lo que el país no cuenta con un mercado tan desarrollado como otras naciones de la región, entre ellas, Colombia y Perú.
Además, las modificaciones legales para el negocio petrolero y gasífero desincentivaron la inversión, mientras que la crisis de la industria tras la recesión económica y las sanciones de Estados Unidos, terminaron de complicar la situación. Al final, los afectados son los ciudadanos que en su mayoría no cuenta con el servicio de gas directo y tras una severa escasez de gas en bombonas en los años 2018 al 2021, la población aún continúa padeciendo de la falta del combustible.
Por otra parte, algunas comunidades denuncian que llevan 10 años sin la prestación del servicio de aseo urbano del sector público, y otras reclaman las excesivas tarifas que cobran las empresas privadas autorizadas por varios municipios.
Expertos sostienen que es necesario un nuevo marco jurídico y de políticas públicas que promuevan el reciclaje y el uso eficiente de recursos
En la gran mayoría de las ciudades del país, donde quiera que el servicio del aseo urbano no sea prestado por una empresa privada, las fallas e ineficiencias salen a relucir.
En la última década ha desmejorado sustancialmente su prestación. Hasta 2021 solo el 63% de los venezolanos aseguraba que en sus comunidades se prestaba el servicio del aseo urbano, según una encuesta aplicada por el Observatorio Venezolano de Servicios Públicos (OVSP) en julio de ese año. En otras palabras, cuatro de cada 10 familias no tenían acceso al servicio de recolección y disposición de desechos sólidos.
Los problemas estructurales de las instituciones públicas han creado un entorno poco propicio para que los servicios se presten de manera adecuada. Concretamente en el caso del aseo urbano, el común denominador es el desorden.
No es de extrañar el descontrol en el que se ha convertido la gestión del aseo urbano en el país, considerando que nunca se creó el Consejo Nacional para la Gestión de los Residuos y Desechos, que, de acuerdo con la Ley de Gestión Integral de la Basura sancionada en 2010, debía regir todo lo relativo a este servicio.
Han pasado 12 años desde la publicación de la ley en Gaceta Oficial y el gobierno nunca se encargó de crear esta instancia, sin la cual todos los demás actores involucrados en el proceso de la recolección y disposición de residuos participan discrecionalmente, generando caos, inexistencia de estadísticas actualizadas y problemas estructurales.
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