Caracas.- A Rocío San Miguel se la llevaron, o más bien la desaparecieron. Desde que se reportó el 9 de febrero que organismos del Estado la retuvieron en el aeropuerto de Maiquetía y que después fue trasladada sin orden judicial, sin abogados, sin debido proceso y sin saber ni siquiera a dónde, los organismos de derechos humanos han alzado la voz para pedir su liberación.
Su caso se suma ya a la larga lista de denuncias sobre detenciones arbitrarias, inhabilitaciones y violación de derechos humanos por parte del gobierno de Nicolás Maduro.
No es algo nuevo, pero sí es algo que se está intensificando. Lo que le está pasando a la reconocida defensora de derechos humanos se enmarca en la reactivación de las amenazas por parte del oficialismo hacia los organismos no gubernamentales y activistas de derechos humanos.
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Así lo destaca la investigación que hizo Es Paja para la alianza que reúne al Observatorio ProBox, los medios El Pitazo, RunRunes y TalCual, Redes Ayuda y Medianálisis.
El año 2024 comenzó con la reactivación de las amenazas del oficialismo hacia las organizaciones no gubernamentales y los activistas venezolanos, a pesar de estar bajo el ojo público a nivel nacional e internacional por las elecciones presidenciales (que siguen sin cronograma electoral formal).
El proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamientos de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines volvió a la palestra de la mano del vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, a finales de 2023 y fue reforzado en enero por el presidente de la Asamblea Nacional oficialista, Jorge Rodríguez, con el anuncio del inicio de la consulta pública sobre la misma desde la Asamblea Nacional.
La promoción que ha hecho el oficialismo sobre este proyecto de ley se ha basado en la amenaza pero también en la desinformación. Además, en redes sociales se han creado campañas para difamar, atacar y aumentar el asedio a activistas y organizaciones.
Realidad vs ficción: #DóndeEstáRocío
El 10 de febrero, antes de la confirmación de la detención de Rocío San Miguel, la sociedad civil inició una campaña en redes bajo la etiqueta #DóndeEstáRocío la cual acumuló más de mil mensajes y se ha mantenido activa por más de cinco días a pesar de no aparecer entre las tendencias de Venezuela en X.
Según la herramienta de ProBox para analizar esta conversación, 95,9% de los mensajes que se han realizado con esta etiqueta han sido de forma orgánica; es decir, usuarios reales reportando la desaparición de San Miguel y haciendo seguimiento del caso.
El 11 de febrero, grupos de cuentas vinculadas al oficialismo y a redes anónimas promovieron la etiqueta #RocíoNoEsSanta como respuesta a la sociedad civil. Aunque no lograron ser tendencia, produjeron al menos mil mensajes con esta etiqueta, promoviendo la narrativa de que San Miguel era una “traidora de la Patria” detrás del plan para “asesinar a Maduro”.
El 13 de febrero, cinco días después de la detención, se dio a conocer que San Miguel fue imputada por los delitos de “traición a la Patria, conspiración, terrorismo y asociación”, fijándole como como sitio de reclusión la sede El Helicoide del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), en el centro de Caracas.
Todo esto sucede en un año con elecciones presidenciales en puerta, sin cronograma definido, con el refuerzo de las inhabilitaciones políticas y para cerrar aún más la participación ciudadana y la persecución contra los activistas y las ONG.
Es así que el Estado anunció el 15 de febrero la suspensión de las actividades de la Oficina Técnica de Asesoría del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Venezuela dando un plazo de 72 horas a sus trabajadores para abandonar el país luego de haber declarado su preocupación por la detención de Rocío San Miguel.
El trabajo completo puede leerse en EsPaja.
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