Lomas de La Candelaria: al margen de otro desastre natural

En el municipio Mario Briceño Iragorry, estado Aragua, 45 familias viven al margen del río El Limón, afluente que hace 32 años reclamó sus espacios y fue protagonista de una de las más lamentables tragedias en la región

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Por Carla Carrera Ortiz

El domingo 6 de septiembre de 1987 dejó un sinsabor y dolor profundo en los aragüeños. Ese día aprendieron, por las malas, que la naturaleza es indomable, reclama sus espacios y no tiene piedad con quienes la irrespetan. Luego de cuatro días de lluvia en la copa de la montaña, los ríos tomaron vida propia y reclamaron sus espacios, llevándose por delante lo que conesguían a su paso. Más de un centenar de personas fallecieron, otras 300 desaparecieron y miles quedaron damnificadas. Pero la memoria es corta. Tres décadas después se ven construcciones habitacionales en espacios no aptos, cerca de caudales que amenazan con retomar lo que les corresponde. Tal es el caso de la Asociación Civil Organización Comunitaria Integral de la Vivienda (Acociv) Lomas de la Candelaria. 

De polideportivo a urbanismo en zona de riesgo

Lo que hoy se conoce como Lomas de La Candelaria era, en los 90, un conuco ―en terreno municipal― propiedad de Simón Pachecho, quien se vio beneficiado con el principio de la Función Social de la Propiedad de la Ley de Reforma Agraria de Venezuela (1960), que garantiza “el derecho de todo individuo o grupo de población aptos para el trabajo agrícola o pecuario que carecieran de tierras a ser dotados en propiedad”, (Art. 2). Un grupo de vecinos le pidió hacer uso del espacio. Pacheco accedió a delimitarlo en parcelamientos.

“El proyecto original era utilizar el terreno para darle continuación al estadio Rafael Benites Sosa (hoy Martín Prado) y construir allí un polideportivo, pero nunca se concretó, expuso Nohemí Guy, entonces presidenta de la Liga de Béisbol del municipio.

Cyla de Pacheco, viuda de Simón, mencionó que luego de la tragedia, la Fuerza Aérea hizo estudios de sobrevuelo y concluyó que el terreno era inhabitable.

Eliú Rodríguez Rodríguez, jefe de la Unidad de Gestión de Riesgos y subdirector del Instituto Autónomo de Protección Civil y Administración de Desastres (PC), destacó que ese terreno estaba tipificado como zona protectora, por lo que allí no se podían construir viviendas. 

Según La Ley Forestal de Suelos y Aguas (1966), Capítulo II, son zonas protectoras: “1) Toda zona en contorno de un manantial o del nacimiento de cualquier corriente de agua y dentro de un radio de 200 metros en proyección horizontal (…). 3) Zona mínima de 50 metros de ancho a ambas márgenes de los ríos navegables y una de 25 para los cursos no navegables permanentes o intermitentes” (Art. 17). Son áreas que requieren un tratamiento especial y actúan como agentes reguladores del clima y de las aguas.

Pero “las zonas protectoras dejan de tener esa condición cuando la gente ocupa los espacios, entonces de zonas protectoras se convierten en zonas de riesgo”, precisó Rodríguez.

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Y nace Lomas de La Candelaria

EL 20 de octubre de 1998, un grupo de ciudadanos se organizó y envió al alcalde de municipio Mario Briceño Iragorri, Mario Castro ―del partido Acción Democrática y quien estuvo al frente del despacho desde 1995 hasta el 2000―, una comunicación en la que alegaban tener como solución habitacional la “franja de terreno que está ubicado en la calle Federación, detrás del estadio”. La respuesta tardó dos semanas en llegar. Fue una constancia de construcción menor.

En junio de 1999, recibieron un oficio con instrucciones de detener los trabajos hasta que un grupo multidisciplinario determinara y emitiera un informe técnico de riesgos por la llegada de las lluvias.

Al menos tres estudios realizó Protección Civil. Dos advertían sobre los riesgos de construir en un espacio tipificado como zona protectora. “Ese es un terreno compacto. Eso (el terreno) es material de relleno producto de todo el movimiento de tierra que se hizo en el año 87”, apuntó Rodríguez, quien para la fecha era coordinador de campo del organismo y realizó el primer estudio. De ese documento no hay registro en los archivos de la comunidad, tampoco en los del instituto emisor.

De los otros dos estudios sí hay registro. Son documentos originales emitidos por Protección Civil del municipio Mario Briceño Iragorri, con firma ilegible y sello húmedo. Ambos de 2006, con menos de un mes de diferencia.

En uno se concluye que algunas de las viviendas “no cumplen con la distancia mínima de protección que establece la ley, están completamente desprotegidas, por lo que de presentarse una crecida o desbordamiento del río El Limón en las temporadas de lluvia, tanto las viviendas como sus componentes familiares podrían estar expuestos a soportar consecuencias muy severas”.

También se indica que 13 viviendas (9 casas y 4 ranchos) están construidas a menos de la distancia que establece la ley, “por lo tanto, las mismas ‘no’ son aptas para su habitabilidad y las demás viviendas allí construidas se encuentran en situación de riesgo”.

El tercer informe es continuación del anterior. Da cuenta de la inspección ocular realizada en los ranchos, ratifica la situación de riesgo y se ofrece “canalizar los pasos a seguir para que esas familias entren en el programa de sustitución de rancho por casa”, coordinado entonces por el ejecutivo regional y nacional.

En principio, el terreno se dividió en 23 parcelas para ser habitadas por igual número de familias. En la actualidad, son 45, para un total de 207 personas entre adultos y niños. 

El riesgo está en toda la zona

Escuchar a Ernesto ‘Curita’ Salgado, cronista del municipio Mario Briceño Iragorri, es comprender la magnitud de lo que fue la tragedia de El Limón y la imperiosa necesidad de crear, mantener y conservar sistemas de registro, control y alerta ante posibles sucesos naturales de envergadura.

Salgado considera que el problema es de tiempo, por ser la zona una cuenca endorreica (área en la que el agua no tiene salida fluvial hacia el océano), en la que la mayoría de las construcciones se han edificado adyacentes al curso de las distintas quebradas que forman parte del sector. 

El cronista está convencido de que “el riesgo siempre fue permanente y para el 6 de septiembre, el río simplemente reclamó sus espacios en función a lo que se le había ocupado en el tiempo”. Coincide con Eliú Rodríguez, quien afirmó que los  “procesos erosivos causados por las corrientes del río son condiciones naturales que no se pueden evitar”. 

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El subdirector de Protección Civil hizo referencia a tres alternativas para controlar el riesgo: prevención, mitigación y convivir con el riesgo.

“Si hablamos de prevenir, tendríamos que erradicar el problema de raíz: sacar a esas familias de ahí, pero esos son costos”, comentó. La segunda opción implicaría hacer obras para evitar los procesos erosivos.

En este punto explicó Rodríguez, que cuando se construyen viviendas a orillas de los márgenes de los ríos, con el tiempo se generan asentamientos ―propios de niveles freáticos― y las estructuras comienzan a sufrir y a colapsar.

Han pasado más de 10 años desde que se realizó la última inspección en Lomas de La Candelaria, por lo que no se tiene registro oficial de las condiciones actuales del terreno y las construcciones allí levantadas. Los habitantes de la zona han denunciado y guardado registro fotográfico de los derrumbes que han ocurrido al margen del río donde están algunas viviendas. 

“Ahorita dormimos más tranquilos porque han limpiado y dragado el río más seguido. En 2017 lo hicieron, en el gobierno de Brullerby Suárez, y ya tenía 13 años sin hacerse. La última vez fue con Carlos Javier Velarde. Y la última repasada fue en 2019”, detalló Sulay Bolívar. 

Cuando llueve, los vecinos salen a ver una marca que indica el nivel del cauce del río. En el momento que supere un punto específico, deben salir de inmediato del urbanismo.

Han aprendido a convivir con el  riesgo, tercera alternativa mencionada por Eliú Rodríguez para controlarlo. Pero para ello las personas deben estar preparadas y, según el subdirector de PC, los habitantes de Lomas de La Candelaria no lo están.

Tanto el cronista del municipio como el subdirector de Protección Civil Aragua coinciden en que toda la zona de El Limón y sus alrededores son susceptibles de protagonizar otro evento como el del 6 de septiembre de 1987. 

Un obsequio valioso se perdió en el tiempo

Después de la tragedia de El Limón, el gobierno de Japón envió a especialistas en materia de desastres para que apoyaran e instruyeran a funcionarios y autoridades en el trabajo de monitoreo, estudio, análisis y prevención de futuros eventos naturales en la región.

“Después de ellos evaluar las condiciones de estas microcuencas, el gobierno decidió ―mediante convenio― aportar un sistema de medición de cantidad de agua (pluviométrica) y flujo de lodo. Se colocaron tres estaciones”, comentó “Curita” Salgado. 

Esas estaciones estaban interconectadas entre sí y enviaban la información recibida a una sala situacional en la sede del Ministerio del Ambiente, en La Morita, municipio Santiago Mariño. “Ninguna de las estaciones que donó el gobierno de Japón, luego de la tragedia de 1987, funciona en la actualidad. No queda ni una. La sala situacional también desapareció”, precisó Rodríguez.

La nueva administración del viceministerio de Gestión de Riesgos y Protección Civil inició un proyecto de recuperación de las 27 estaciones pluviométricas que existen en el estado Aragua. De esas 27 solo funcionan siete y dos de ellas presentan problemas de GPS (Sistema de Posicionamiento Global). Rodríguez confía en que podrán culminar el proceso de reparación de todas las estaciones en un corto tiempo.

De necesidad de vivienda a riesgo latente: una responsabilidad compartida

Eliú Rodríguez hizo referencia a las facultades que tiene Protección Civil para elevar a las máximas instancias de sanción, “si allí llegase a suceder algo”, a quienes permitieron la construcción del urbanismo Lomas de La Candelaria. 

Mencionó la Ley de Gestión Integral de Riesgos Socionatural y Tecnológico de 1999, quehace referencia a las denuncias de “cualquier situación que ponga en peligro la vida, los bienes propios o de terceros, por el incumplimiento” de las disposiciones en ella planteadas (Art. 49), así como a las infracciones y sanciones (Art. 60). 

Ante la interrogante de por qué se permite la construcción de viviendas en zonas protectoras y de riesgo, Rodríguez respondió que “donde ves un crecimiento urbanístico no puedes hacer nada”. Indicó que los organismos deben esperar que ocurra el evento para actuar según corresponda.

Lo cierto es que en la actualidad no se cuenta con el sistema de protección necesario, los equipos de medición y alarma adecuados, ni el protocolo de monitoreo inmediato y preciso del comportamiento del río El Limón ni de los otros cauces del municipio que le permita a las personas evacuar, de forma oportuna, ante una eventual crecida que represente un posible desastre natural.

Todos apuestan porque no ocurra un hecho que lamentar.