A juicio del abogado Joel García, la presidenta de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel, y su exesposo Alejandro González de Canales se encuentran en estado de indefensión, luego de ser detenidos a principios del mes de febrero y acusados de formar parte de una trama conspirativa para atentar contra el Gobierno de Nicolás Maduro.
El especialista en derecho participó junto a la coordinadora general de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, Martha Tineo, en el espacio La Conversa, la nueva apuesta de la Alianza Rebelde Investiga integrada por Runrun.es, El Pitazo y TalCual para debatir temas del acontecer nacional; en esta oportunidad el epicentro de la conversación giró en torno al recrudecimiento de la represión y persecución por parte del Gobierno de Venezuela y contó con la participación de Ronna Rísquez, coordinadora de ARI; Luisa Quintero, periodista de TalCual y Luis Ernesto Blanco, director editorial de Runrunes.es.
Irregularidades para escoger
García expresó que hasta este miércoles 21 de febrero no se le había permitido a la defensa privada de San Miguel y su exmarido juramentarse ante los tribunales correspondientes.
El abogado denunció que la política del Gobierno es negar la legítima defensa privada a los acusados para dejarlos a merced de un sistema de justicia parcializado. “Lamentablemente la defensa pública forma parte de este patrón”.
García expuso que San Miguel fue detenida en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía a las 3 de la mañana del 9 de febrero y cuatro días después presentada en tribunales.
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“Supuestamente tenía una orden de aprehensión, el 10 fue detenida su hija Miranda y junto a ella a su papá (Víctor Díaz Paruta) y al día siguiente los hermanos de Rocío (Miguel y Alberto), a todos los presentaron en la madrugada del día 13”.
García indicó que en estas detenciones y específicamente en la de San Miguel, se violó el debido proceso. “Esta es una situación irregular que aplica para cualquier persona, no es porque se trate de Rocío San Miguel. Una vez que una persona es aprehendida, la Constitución dice que debe ser presentado a un tribunal en un lapso no mayor de 48 horas. Rocío fue detenida el 9 y presentada el 13, por tanto la detención se traduce en ilegítima”.
Incomunicada
De acuerdo con el artículo 44 de la Constitución, toda persona detenida tiene derecho a comunicarse de inmediato con sus familiares y abogados. “Ese derecho se violó, además la defensa visitó todos los centros de detención en Caracas y en cada uno de ellos fue negada la presencia de Rocío, no se supo nada de ella hasta 60 horas después de su detención, todo esto configura una nulidad absoluta de ese procedimiento”, dijo el abogado.
Diez días después de su detención, el Gobierno permitió que Miranda Díaz visitara a su madre en El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin). “Nadie estando detenido siendo inocente va a estar bien, sin embargo, Miranda me dijo que la encontró fuerte y convencida de que no van a probar nada en su contra”.
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El fiscal general de la República impuesto por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, acusó a San Miguel de los delitos de traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación para delinquir. Aseveró que estaba involucrada en la denominada operación “Brazalete Blanco” para atentar contra la vida de Maduro y el gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal y que en su residencia fueron incautados 18 mapas con demarcaciones en zonas militares estratégicas. También dijo que en los contactos del ex militar acusado de conspiración Anyelo Heredia se encontró el número telefónico de San Miguel.
“Las zonas militares de seguridad son de dominio público, qué pueden probar unos mapas en papel en pleno siglo XXI, recordemos que Rocío imparte docencia sobre seguridad de la nación. Por otro lado, que tenga a Heredia en su agenda de contactos no prueba ningún plan conspirativo”.
Persecución a toda máquina
De acuerdo con Martha Tineo de Justicia, Encuentro y Perdón es evidente una escalada represiva por razones políticas. “Este patrón ya tiene una década funcionando, precisamente en este mes de febrero se cumplen 10 años de las manifestaciones que dejaron al menos 43 víctimas, centenares de heridos y miles de detenciones”, dijo Tineo.
Tineo indicó que luego de neutralizar a políticos y estudiantes, el foco del régimen ahora está concentrado en organizaciones de DD. HH. en Venezuela. “Javier Tarazona de Fundaredes está a punto de cumplir tres años preso, miembros de Azul Positivo también estuvieron detenidos”.
La abogada y activista dijo que hay dos iniciativas legislativas para marcar un cierre definitivo del espacio cívico, entre ellas la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las ONG y afines.
Tineo afirmó que el encarcelamiento de San Miguel representa una afrenta para todos los defensores de los DD. HH. “Decimos que Todas somos Rocío, porque este es un ataque a todas las mujeres que luchan por los DD. HH. Criminalizar y estigmatizar nuestra labor es una estrategia para asfixiar el espacio cívico”.
La abogada aseveró que le preocupa el respeto a los derechos de San Miguel. “El sistema penitenciario en Venezuela no ofrece un trato diferenciado a las mujeres y menos a las presas políticas, hay una violencia basada en género en los sitios de reclusión, las mujeres no están exentas a torturas, no reciben atención médica, medicinas ni alimentos. En este momento hay 21 presas políticas, Emirlendris Benítez (condenada por el supuesto intento de magnicidio contra Maduro en 2018) ya prácticamente no puede caminar y no recibe la atención médica que requiere”.
No podían quedarse callados
Tineo condenó la reciente expulsión de los representantes en Venezuela del Alto Comisionado para los DD. HH. de la ONU, Volker Türk, luego de haber criticado la detención de San Miguel.
“Era impensable que la ONU no se pronunciase ante un hecho tan grave como la desaparición forzada de Rocío. La oficina de la ONU se encarga de brindar capacitación y asistencia técnica al propio Gobierno en aras de fortalecer la justicia local, su expulsión es un retroceso. Al final con su partida perdemos todos, el Estado, las organizaciones y las víctimas, que quedan en una situación de mayor vulnerabilidad”.
García agregó que la situación de vulnerabilidad de los presos políticos se agrava cada día en Venezuela. “La modalidad ahora es cruel y sádica, los presentan en tribunales en horas nocturnas o de madrugada, no se da acceso a defensa privada, no les permiten ver a sus familiares. Este año vamos a perder la capacidad de asombro”.
El abogado indicó que la persecución hacia políticos se detuvo parcialmente para iniciar una contra organizaciones y activistas de DDHH. “Entendieron que es más fácil dividirlos, las ONG están denunciando ante el mundo los atropellos que se comente en Venezuela y de alguna manera hay que silenciar a estos grupos incómodos, especialmente en un año electoral”.
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