Caracas.- Una nueva investigación de InSight Crime, organización dedicada al estudio del crimen organizado en América Latina y el Caribe, dejó al descubierto el lado sombrío de Omar Prieto, quien fue gobernador del estado Zulia entre 2017 y 2022. El exmandatario regional, tras su llegada a la Gobernación, creó una «red delincuencial» que les permitió a él y a sus cómplices perpetrar robos y extorsiones y contrabandear con el auspicio del cuerpo policial del Estado.
La investigación tiene como hilo conductor el testimonio del político y exdiputado del Consejo Legislativo del Zulia Eduardo Labrador, hombre que fue cercano a Prieto y denunció abiertamente la corrupción y los abusos de poder cometidos por el exgobernador y las fuerzas de seguridad del estado. Por esa razón, Labrador fue blanco de persecuciones y víctima de agresiones.
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El texto reseña que Prieto, nacido en 1969 e involucrado en la política desde el año 2000, tuvo vínculos con la banda denominada Los Pulgas cuando era joven. El grupo delictivo se dedicaba al robo de vehículos y a la extorsión en el municipio San Francisco, donde Prieto fue alcalde entre 2008 y 2015.
El reporte menciona que Prieto, tras llegar a la Gobernación, comienza a hacerle frente a la inseguridad en el estado Zulia con una estrategia que ya había puesto en práctica como alcalde de San Francisco y que, a la larga, terminó por ubicar al cuerpo policial de ese municipio, Polisur, entre los que acumulaban más ejecuciones extrajudiciales y abusos policiales.
Una “milicia al margen de la ley”
Las fuentes consultadas para la investigación, entre ellas miembros del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), aseguraron que el exgobernador además incluyó en las filas de Polisur a personas de su círculo, poco calificadas, incluso con antecedentes penales, creando así una “milicia al margen de la ley”.
“Provea [organización no gubernamental] lo clasificó como el cuarto departamento de policía más abusivo del país debido a las repetidas denuncias de uso excesivo de la fuerza, así como por tratos crueles, inhumanos y degradantes”, indica el texto.
Con esta red de “mafia policial”, Prieto amparó extorsiones en el sector privado con la amenaza de aplicar expropiaciones de bienes. El esquema de chantaje también afectó a vendedores informales del mercado Las Pulgas, ubicado en Maracaibo, a quienes se les obligó a pagar un impuesto en dólares, a espaldas de un decreto, aprobado por el fallecido presidente Hugo Chávez, que protegía a los vendedores del mercado de las interferencias del gobierno local, denunciaron comerciantes.
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InSight Crime detalla que Prieto participó en la confiscación de estaciones de gasolina subsidiadas que fueron puestas bajo control de personas de su confianza para orquestar una red de contrabando de combustible en el mercado negro para comercializar el producto tanto en el estado como en Colombia.
La organización periodística revela, además, que la procuradora general, Rebeca del Gallego presuntamente apoyó expropiaciones y confiscaciones de empresas privadas sin cumplir con el debido proceso. Luego, el exgobernador creó un sector privado a su medida, con aliados que se convirtieron después en sus testaferros, recalca la investigación.
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