Hospitales asfixiados: gobierno venezolano apenas atendió 9% de la demanda de ventiladores para enfrentar la emergencia del COVID-19

La inversión para compras de respiradores mecánicos aumentó en 25% durante el primer año de la pandemia del COVID-19 en Venezuela. Sin embargo, la importación de estos equipos estuvo a cargo del sector privado, no del Estado venezolano, pese al marcado déficit de ventiladores en las unidades de cuidados intensivos de los hospitales públicos, como revela este reportaje de Runrunes y El Pitazo de la serie investigativa ‘Contratos investigados’, que forma parte de la alianza ‘Vigila la pandemia’

El Gobierno recibió, al menos, 80 aparatos de China y Turquía, pero se desconoce su funcionamiento, tipo de convenio y distribución en la red asistencial pública. Solo se sabe que VenSalud, una empresa estatal del Ministerio de Salud, instaló y reparó unos 106 equipos entre 2020 y 2022 frente a la demanda de 2000 aparatos requeridos para evitar muertes por el coronavirus en el país

Por: Armando Altuve y Lisseth Boon

Juan M.* apenas podía respirar cuando llegó al hospital de campaña instalado en el Poliedro de Caracas durante la primera ola del COVID-19 en Venezuela. Como paciente asintomático, nunca dio señales de alerta antes de ser hospitalizado en mayo de 2021, bajo una calurosa carpa militar levantada sobre el estacionamiento del recinto tradicionalmente destinado a conciertos y eventos deportivos. Durante los cinco días que permaneció en el centro asistencial improvisado en el suroeste de la capital venezolana, estuvo conectado a una bombona de oxígeno y a un oxímetro para vigilar su fluctuante saturación entre 60 y 80 por ciento.

Pero su progresivo agravamiento no logró ser atajado: en el hospital del Poliedro de Caracas, promovido por la administración de Nicolás Maduro como estandarte para enfrentar el COVID-19, no había respiradores mecánicos o ventiladores. Tampoco hubo manera de trasladarlo a un hospital público donde escaseaban equipos e insumos. Juan M*. dio el último suspiro poco antes de cumplir 80 años y a escasos días de haber comenzado el plan de vacunación nacional contra esta enfermedad.

La complicación respiratoria de Juan M.* evidencia la dificultades de los centros asistenciales públicos frente al COVID-19. La expansión de la pandemia en Venezuela tomó desprevenidas a las autoridades del país cuyas improvisadas medidas poco lograron remediarlo. Con la gestación de una emergencia sanitaria, la administración de Nicolás Maduro, desconocido aún por más de 50 naciones, enfrentó la pandemia con una red hospitalaria deprimida que, además de no contar con suficientes médicos, medicamentos e insumos, carecía de ventiladores mecánicos en algunas unidades de cuidados intensivos para atender a los pacientes que presentaban síntomas graves de la enfermedad.

Las autoridades venezolanas no tienen cifras concretas de la cantidad de equipos distribuidos en los centros asistenciales del Estado. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que por cada 10.000 habitantes debe haber 0.3% de camas para cuidados intensivos, recuerda José Félix Oletta, exministro de Salud. Estos cupos, además de contar con médicos y enfermeras intensivistas, deben estar equipados con ventiladores y otros equipos de soporte vital para atender patologías o eventos de salud complejos. Oletta, en un estudio que publicó en 2012, advirtió que el país en 2011 contaba con 1.366 camas para terapia intensiva. Pero, en realidad, se requerían al menos 2.159 para una población de 28 millones de venezolanos, número de habitantes que se calcula tiene actualmente el país debido al acentuado éxodo registrado desde el año 2015 por la crisis económica y política, según Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Es decir, Venezuela tenía un déficit de 37,6%. «La situación de disponibilidad funcional de camas no ha mejorado actualmente», afirmó Oletta.

En marzo de 2020 el Ejecutivo reconoció los primeros casos de COVID-19. Desde entonces, el gabinete de Nicolás Maduro ha notificado más de 500.000 casos y más de 5.700 muertos con la enfermedad, aunque la Academia Nacional de la Medicina y otras sociedades científicas médicas dudan de las cifras oficiales por la carencia de pruebas para confirmar los casos y aseguran que hay un subregistro de pacientes que superan los reportes del Gobierno. Al país llegaron vacunas contra el COVID-19, pero la cobertura no ha alcanzado ni al 50% de la población, según datos recientes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

En los primeros meses de la pandemia, colegios de médicos y enfermería regionales denunciaron públicamente la inoperatividad de las salas de cuidados intensivos en los centros de salud por falta de equipos, médicos y enfermeras intensivistas. En el estado Lara, en el occidente del país, el Hospital Central Antonio María Pineda, el principal de la zona, cuenta con seis camas operativas para cuidados críticos, de las cuales cuatro tienen ventiladores. El exdirector de Salud de Lara, Ruy Medina, detalló que la terapia intensiva tiene capacidad para 25 cupos. «Nos faltan 19 camas y solo tenemos seis para una población de 2 millones de habitantes que tiene el estado Lara», sostuvo.

Una realidad similar se presenta en el sur del país. En la población de Guayana, en el estado Bolívar, los dos hospitales (Uyapar y Raúl Leoni) no tienen unidades de terapia intensiva habilitadas para pacientes graves. La presidenta del Colegio de Médicos de Bolívar, Maritza Moreno, señaló que cada centro tenía diez cupos en sus respectivas unidades. «Pero, con los años, debido a la falta de mantenimiento de los equipos y enfermeras especializadas, quedaron inhabilitadas. Por la pandemia, se abrieron dos camas con ventiladores en la emergencia, pero no había personal para atenderlas. En el estado, solamente hay una cama con ventilador en el hospital Ruiz y Páez de Ciudad Bolívar —ubicado a una hora de Guayana—. Hay una crisis grave de las terapias intensivas en el estado y esto lo sabe la Defensoría del Pueblo».

El estado Zulia, también en el occidente de Venezuela, fue la entidad más golpeada por el COVID-19 durante el primer año de la pandemia. El principal centro de salud de la región –Hospital Universitario de Maracaibo– únicamente contaba con ocho camas en la unidad de cuidados intensivos, una cantidad que resultó corta dado el número de pacientes con dificultad respiratoria que ingresaban a diario. Tanto el gremio médico como otras asociaciones sanitarias crearon la Coalición Intergremial de Salud del Zulia y elevaron ante la Gobernación y demás autoridades comunicados exigiendo la declaratoria de emergencia en el estado. «En el hospital, además de no tener camas suficientes, no había agua, fallaba la electricidad y no se contaba con el personal sanitario completo para atender la situación», recordó Daniela Parra, presidenta del Colegio de Médicos del Zulia.

En el año 2020, el médico y exdiputado de la Asamblea Nacional José Manuel Olivares señaló que el país disponía en sus centros de salud de, al menos, unos 280 ventiladores mecánicos. En una investigación publicada en febrero de 2020, realizada por los médicos Alejandro Risquez y Blanca Márquez, se citó el plan oficial de abordaje del COVID-19 del Ministerio de Salud, en el que se eligieron 45 hospitales del país como centros centinela para atender a los pacientes con el virus. En total, las autoridades disponían de 206 camas de cuidados intensivos para atender a los pacientes críticos. Sin embargo, un poco más de la mitad no tenían respiradores (104 camas). Además, el 50% de los cupos con ventiladores estaban ubicados en los hospitales de dos entidades de la región capital (Distrito Capital y Miranda); mientras que en 11 estados no había camas equipadas con respiradores.

El marcado déficit de camas y respiradores dejaba a Venezuela en una posición poco privilegiada frente a los países de Sudamérica. El panorama, a todas luces, mostró que el país enfrentaba el coronavirus con una capacidad mínima para la atención. Un informe publicado en 2020 por el Programa Subregional para América del Sur de la OPS indicó que el país tenía una densidad de ventiladores mecánicos de apenas 0,30 por 100.000 habitantes, siendo la nación con menos equipos de las diez monitoreadas por el organismo. Perú –con una población cercana a la de Venezuela–, cuenta con una capacidad de equipos equivalente a 5,0 por 100.000 habitantes, seguido de Ecuador con 6,71 por 100.000 habitantes. Estas tres naciones son superadas en capacidad por Brasil, Argentina, Uruguay y Colombia.

Pese a que persisten fallas en las unidades de cuidados intensivos de los hospitales de Venezuela, a raíz de la prolongada crisis sanitaria, actualmente atendida por organismos internacionales, la importación de ventiladores mecánicos en el país no cesó en los últimos tres años. Según reportes de aduanas, el Estado venezolano no registró compras; pero el sector privado invirtió dinero en la adquisición de nuevos equipos. En paralelo, Maduro recibió respiradores de los gobiernos de países aliados, pero se desconoce sobre el funcionamiento de los aparatos y su distribución en los centros asistenciales, así como el tipo de convenio que hizo el Estado con estas naciones. La información pública disponible sugiere que el Estado venezolano, con su inventario de ventiladores mecánicos, apenas cubrió 9% de la demanda de cupos con respiradores que se requieren en el país.

Llegan más respiradores

En medio de los reclamos del gremio médico sobre la crisis de las terapias intensivas de los hospitales en el contexto de la pandemia, el sector privado destinó más dinero para adquirir ventiladores mecánicos entre 2020 y 2021. Según la información de la base de datos ImportGenius –que tiene estadísticas sobre el tráfico y comercio marítimo–, las aduanas del país registraron el crecimiento de inversión en la importación de estos aparatos en los últimos tres años: $35.762 en 2019; $613.206 en 2020 y $767.897 en 2021. Los números indican que el dinero destinado para adquirir los equipos aumentó en 25,2% solo en el primer año de la pandemia en el país y en más de 2000%, si se compara con el 2019, el año previo a la pandemia.

Un directivo de la Asociación Venezolana de Distribuidores de Equipos Médicos, Odontológicos, de Laboratorios y Afines (Avedem) comentó, bajo reserva de su identidad, que el crecimiento en la demanda de equipos por la emergencia de la pandemia impulsó la inversión para adquirirlos. Sin embargo, resalta que las compras durante este año 2022 han disminuido debido al impacto que tuvo la aplicación de las vacunas contra el COVID-19 en la reducción de nuevos casos graves de coronavirus y, en consecuencia, el número de hospitalizaciones por la enfermedad. Los datos de Avedem indicaban que, para el año 2019, el sector privado de salud contaba con cerca de 9.000 camas operativas, de las cuales al menos 300 eran de terapia intensiva.

Con la llegada de más equipos de ventilación, las clínicas incrementaron su capacidad en las salas de cuidados intensivos. Manuel Meneses, presidente de la Asociación Venezolana de Clínicas y Hospitales, confirmó que estos centros habilitaron más espacios para incluir camas e instalar aparatos de soporte vital en las terapias intensivas y emergencias, lo que supuso una alta inversión de los establecimientos. «Las clínicas ampliaron sus espacios más del doble para atender la emergencia», resaltó. Durante los primeros meses de la pandemia en el país, el Gobierno de Maduro unió fuerzas con las clínicas para atender a los pacientes con dificultad respiratoria grave, con miras a reducir, incluso, el colapso registrado en los hospitales centinela.

Mientras tanto, el Gobierno recibió, al menos, 80 ventiladores mecánicos de China y Turquía durante el primer año de la pandemia, según el balance de la información oficial disponible. Si bien el Gobierno no ha ofrecido detalles sobre las condiciones de estas entregas, el directivo de Avedem sostuvo que estos equipos son obtenidos por la administración de Nicolás Maduro gracias a las compras a créditos que facilitan los convenios bilaterales con estos países. Adicionalmente, el país también recibió donaciones de equipos de ventilación. Por ejemplo, El Vaticano, en 2020, donó cinco respiradores. Pero, públicamente, solo se supo en septiembre de la entrega de un equipo al Hospital Universitario de Los Andes en Mérida. Con la adquisición de estos equipos, incluso, el Estado no corrigió el déficit de respiradores que arrastra desde hace más de diez años en sus hospitales.

Hasta el momento, el Gobierno de Maduro no ofrece una cifra exacta del total de ventiladores disponibles en los hospitales y ambulatorios del país. Sin embargo ha instalado y reparado aparatos a través de una empresa estatal creada en 2014, llamada Corporación Nacional Venezolana de Servicios Tecnológicos Para Equipos de Salud S.A. (VenSalud).

Este medio digital armó una base de datos con la información publicada por VenSalud en su cuenta de Twitter y contabilizó que la compañía ha revisado, al menos, 106 ventiladores mecánicos en los últimos dos años de pandemia. Entre el 15 de diciembre de 2020 y el 15 de marzo de 2022, el Gobierno ofreció información sobre el estado de 99 ventiladores en 27 centros hospitalarios. De ese total, 64% estaban en mantenimiento, mientras que 36% fueron nuevas instalaciones.

VenSalud es una empresa estatal, adscrita desde 2016 al Ministerio de Salud, que tiene como fin instalar, reparar y mantener los equipos de salud de la red asistencial del país. Por la ausencia de información pública, no hay datos precisos sobre los balances de gestión de la compañía. En 2019, Nicolás Maduro asignó más de 3.900 millones de bolívares –300.000 dólares calculado al tipo de cambio de la época– para fortalecer la compañía; que, hasta ese momento, reparó 696 equipos, ente ellos 31 ventiladores mecánicos, según apuntó CCMaduro.

En agosto de 2022, VenSalud informó que, desde enero de ese año, había reparado y reincorporado 2.158 equipos médicos en el año sin especificar una cantidad de respiradores. A principios de ese mes, indicó que el equipo especializado del Taller Nacional de Electromedicina, con apoyo de la OPS, revisó 40 ventiladores mecánicos de la marca suiza Hamilton T1, para la atención de adultos y niños, y comprobó que 39 estaban en buenas condiciones. La data elaborada por el equipo reporteril refleja que, durante el año 2022, VenSalud ha instalado y realizado mantenimiento a 53 aparatos para asistencia respiratoria, a diferencia de 2020 cuando informó la reparación de apenas tres.

El Pitazo y Runrunes enviaron una carta al correo electrónico de VenSalud, presidida por la ingeniera María Gabriela Pulido, que aparece en su página web; pero no recibimos respuesta. En el escrito se le solicitó cifras del inventario completo de ventiladores hasta la fecha y su distribución, así como detalles sobre la operatividad de los aparatos.

Según los datos recogidos por el equipo reporteril, de los 106 ventiladores contabilizados, la mayoría fueron instalados e inspeccionados en hospitales de los estados Aragua (23) y Mérida (18). Las entidades con poca información reportada fueron Amazonas, Barinas, Bolívar, Falcón, Guárico y Monagas.

De la mayoría de los ventiladores, donados o comprados, 26 son de la marca china Aconmed VG70. El costo de este equipo en el mercado, dependiendo de sus características, puede oscilar entre 8.500 y 13.000 dólares, según indican páginas web de ventas de equipos médicos. La llegada de estos respiradores al país coincidió con los anuncios de las donaciones de equipos e insumos provenientes de China, en 2020.

Desde el país asiático, llegaron también ventiladores de las marcas Mindray, Shangrila 590p y Micomme ST-30H. De Turquía, arribaron equipos de la empresa Biyovent. Con la información recabada, se identificaron otros aparatos de la marca alemana Drager, modelo Savina 300, y Heinen + Lowerstein, modelo Elisa. Sobre 70 respiradores que se les hizo mantenimiento no se indica la marca ni el modelo.

La opacidad en torno a la información sobre los respiradores que recibe el Estado venezolano siembra dudas sobre la calidad de estos equipos. El ingeniero de la Universidad Simón Bolívar (USB) Rodrigo Mijares sostuvo que el Gobierno incumple los pasos para certificar los ventiladores. “Tanto la USB como la UCV –Universidad Central de Venezuela– son instituciones que deben revisar los equipos que importa el Estado para que Contraloría Sanitaria dé la certificación; pero eso ya no ocurre, por lo que no sabemos la calidad de esos equipos”, indicó.

Mijares contó que, en el contexto de la pandemia, la Fundación de Investigación y Desarrollo de la Universidad Simón Bolívar (Funindes USB) creó un ventilador mecánico básico con capacidad para asistir a 80% de los casos de COVID-19 en Venezuela; pero el Ejecutivo no consideró el proyecto. En paralelo, el 16 de junio de 2020, el Ministerio para la Ciencia y Tecnología evaluaba cuatro prototipos de ventiladores mecánicos no invasivos presentados por ingenieros de la Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares (Cavim). La instalación de estos equipos representaría para el Estado venezolano un ahorro de hasta 25 mil dólares por aparato, según la ministra de la cartera, Gabriela Jiménez Ramírez. Sin embargo, sobre el curso de este proyecto no hay más información pública.

*Nombre ficticio para preservar la identidad del paciente