Gabriel Blanco, trabajador y activista con detención arbitraria por un delito que no existe

Amnistía Internacional tuvo acceso a parte del expediente penal en contra de Gabriel Blanco y constató incongruencias que dan cuenta de la naturaleza arbitraria de su detención y apuntarían a la fabricación de evidencias e incriminación de Blanco y otras personas por supuestos delitos que no se habían siquiera producido

Gabriel Blanco es un trabajador humanitario que también ha tenido vínculos con movimientos sindicales en Venezuela. Está casado con Diannet Blanco, también activista y defensora de derechos humanos que estuvo privada de libertad arbitrariamente por motivos políticos entre mayo de 2017 y julio de 2018, y sometida a la jurisdicción militar. Meses antes de la detención de Blanco, el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social reportaba más de mil protestas por parte de personas trabajadoras en rechazo a las políticas laborales del gobierno de Nicolás Maduro. El 6 de julio de 2022, funcionarios de la PNB acudieron a la casa de Blanco solicitándole que los acompañara a la comisaría.

Sin embargo, Blanco, junto a su esposa y vecinos se resistieron, ya que no había una orden judicial. De acuerdo con el testimonio de la familia de Blanco, alrededor de 50 funcionarios policiales se trasladaron a la residencia.

En horas de la madrugada, un comando de la Dirección de Inteligencia Estratégica (DIE) de la PNB presentó una orden de aprehensión con fecha 6 de julio emitida por el Juzgado Cuarto en funciones de Control con Competencia Especial en Terrorismo y fue detenido por la “presunta comisión de delitos de asociación (…) y conspiración (…)”.

En la operación, los funcionarios incautaron el teléfono celular de Blanco y su cédula de identidad. Amnistía Internacional tuvo acceso a parte del expediente penal en contra de Gabriel Blanco y pudo constatar varias incongruencias que dan cuenta de la naturaleza arbitraria de su detención y apuntarían a la fabricación de evidencias e incriminación de Blanco y otras personas por supuestos delitos que no se habían siquiera producido.

En primer lugar, el inicio de la investigación tiene como punto de partida la información provista por una persona que alega la existencia de “grupos radicales” que estarían planeando distintos actos delictivos.

Esta entrevista tiene fecha 4 de julio de 2022 y la persona solo se identifica por un nombre. Sin embargo, más allá de una descripción breve sobre estos supuestos actos, no se aportan elementos que incriminen a las personas señaladas.

Incluso, se refiere a que uno de los actos sería “sabotear los actos de conmemoración del 5 de julio, día de la independencia venezolana”, pero no se atribuyen elementos adicionales que sustenten esta interpretación.

En segundo lugar, el expediente hace referencia a información obtenida ilegalmente de un teléfono celular perteneciente a Alcides Bracho, otro dirigente sindical detenido de forma arbitraria el 4 de julio de 2022, es decir, el mismo día que se realizó la cuestionada entrevista.

Es de la información de ese teléfono, que fue registrado de manera ilegal, que se identifica a Gabriel y a otras personas como parte de un grupo de WhatsApp que, supuestamente, planifica acciones en contra del Gobierno.

Sin embargo, en las transcripciones, el único grupo de WhatsApp del que Blanco era parte tenía por nombre “Los Amigos de Simón” y tampoco se transcriben conversaciones que den cuenta de ningún delito, ni de su planificación.

Por último, el propio informe de inteligencia que señala la existencia de estos grupos en redes sociales refiere claramente que, hasta el momento, no se había identificado que se hubiesen cometido actuaciones delictivas, y alerta sobre un “potencial de generar actividades subversivas (…) [identificando comunicaciones] pasivas, informativas con un amplio enfoque contrarrevolucionario, sin materializar acciones externas, solo la difusión de elementos contra-revolucionarios (sic)”.

Además de las visibles contradicciones en el expediente penal, la propia acusación fiscal no puede identificar la actuación que podría atribuírsele a Blanco para imputarle un delito.

De acuerdo con el expediente penal: la información de inteligencia y la entrevista a un testigo protegido ocurrieron el 4 de julio y aunque alertaban de la supuesta planificación de un delito para el 5 de julio, este no se materializó.

Sin embargo, las autoridades insisten en acusar a Gabriel Blanco con tipos penales vagos y amplios como lo son asociación para delinquir y conspiración, con fundamento en su pertenencia a un grupo de mensajería que difunde información “contrarrevolucionaria”, y con base en información de un testigo protegido que no se ha presentado en el juicio oral para corroborar su testimonio.

Para Amnistía Internacional, lo anterior evidencia la naturaleza política de su privación de libertad y, por ende, el carácter arbitrario de la detención. La organización de derechos humanos Comité de Familiares y Víctimas de El Caracazo (Cofavic) ha acompañado la búsqueda de justicia y a Diannet Blanco para revertir la medida sobre Gabriel Blanco.

Más de un año después de su detención arbitraria, Gabriel Blanco se encuentra detenido en condiciones de hacinamiento en la sede de la PNB en el sector La Yaguara, en Caracas. Su salud está severamente afectada. El 1 de agosto de 2023 se conoció la sentencia condenatoria en contra de Gabriel Blanco y los otros cinco activistas imputados en el caso.

Esta sentencia injusta impone una pena de 16 años de prisión por los delitos de asociación para delinquir y conspiración, sin que se hayan aportado evidencias adicionales a las contenidas en la acusación en su contra y que no sostienen la comisión de ningún delito.

El equipo de defensa planea apelar esta decisión. Amnistía Internacional considera que la detención de Blanco es arbitraria y se deriva de sus labores como activista social, por lo que debe revocarse su condena y ser puesto en libertad de manera inmediata e incondicional.

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