Funcionarios de las FAES se lo llevaron detenido en diciembre de 2020 cuando estaba en aislamiento porque padecía de COVID-19. Le dijeron que lo acusaban por pertenecer a un grupo de WhatsApp en el que hacían planes en “contra del Gobierno”. Estrada es una persona neurodivergente y se encuentra en el espectro autista
Darío Estrada es un ingeniero en petróleo que vivía en Barquisimeto, estado Lara, en el occidente de Venezuela. El 23 de diciembre de 2020 fue detenido de manera arbitraria por funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la PNB. Irrumpieron en su casa, alrededor de las 11:00 p.m., y lo llevaron detenido, a pesar de encontrarse en aislamiento por padecer de COVID-19.
Darío Estrada es una persona neurodivergente y se encuentra en el espectro autista. De acuerdo con su relato, fue detenido, golpeado y atado de manos y pies al asta de la bandera de la comandancia policial, mientras los funcionarios “preguntaban a sus superiores por instrucciones”.
Allí pasó la primera noche de su detención. De acuerdo con lo recopilado por su equipo de defensa legal, los propios funcionarios le dirían a Darío que su detención se basaba en una “orden desde arriba”, y que no entendían de qué se le inculpaba.
Finalmente, le dijeron que se le acusaba de pertenecer a un grupo de WhatsApp en el que se estarían haciendo planes en “contra del Gobierno”.
Su familia considera que fue detenido porque, en 2017, participó activamente en las protestas contra el gobierno. Además, Estrada había salido de Venezuela vía terrestre hacia Perú, por lo que tenía un tránsito migratorio a Colombia de 2018, elemento que luego serviría de vínculo con un supuesto plan de ataque que se habría producido en este país.
De la evidencia recogida por Amnistía Internacional, la organización considera que su detención estuvo motivada por su posible vínculo con un supuesto plan en contra del Gobierno.
Estrada se encuentra preso actualmente en la sede de la PNB en La Yaguara, en Caracas, y debido a que el Estado venezolano no provee de bienes básicos a las personas privadas de libertad y de la condición económica de su madre, recibe alimentos de otros detenidos, de organizaciones de la sociedad civil y de defensores de derechos humanos.
Además, no ha podido ver a su hijo de 21 años, que es huérfano de madre, desde su privación de libertad.
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