Caracas. La Procuraduría General de Colombia alertó sobre los problemas de trata de personas, xenofobia, explotación sexual y laboral de menores de edad, microtráfico y abandono del Estado entre la población migrante, en su mayoría venezolanos, pero también procedentes de Haití, Cuba y Afganistán, entre otros, que suman al menos 2.7 millones de personas.
En su informe Situación de la población migrante en el Tapón del Darién y Cúcuta, la Procuraduría General constató que grupos armados ilegales controlan el tránsito de migrantes hacia Estados Unidos y ejercen toda clase de violencias contra ellos en la selva del Darién, límite natural entre Colombia y Panamá.
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Indica que estas mafias constituyen una verdadera amenaza para los migrantes, al ejercer trata de personas con fines de explotación sexual y laboral, incluida la mano de obra infantil, mendicidad y trabajo doméstico.
«La Procuraduría pudo establecer que en los municipios de la zona (Urabá antioqueño y chocoano) permanecen grupos familiares con niños hasta por 10 días, en espera de poder continuar su camino hacia centro y Norteamérica; sin recursos económicos, salud o alimentación, por lo que se han multiplicado los cuadros de desnutrición entre los menores de edad«, expone.
La entidad también denunció lo que considera abusos de las compañías privadas de transporte fluvial desde las costas colombianas, que cobran tarifas exorbitantes a los migrantes por los trayectos que deben recorrer hasta la frontera.
La Procuraduría general de Colombia sostuvo que desde principios de 2021 monitorea la situación a través de su delegada para los Derechos Humanos y procuradurías regionales y provinciales. El propósito, dijo, es identificar necesidades de protección internacional, riesgos contra sus vidas y dificultades de acceso a servicios, emitir recomendaciones, y vigilar la respuesta institucional a los migrantes.
¿Qué pasa en Cúcuta con la población migrante?
En el caso de Cúcuta, capital del departamento Norte de Santander, denunció el abandono estadal de la población migrante, tras el cierre del Centro de Atención Sanitario Transitorio (CAS) ubicado en Los Patios, municipio cercano a Cúcuta, en la ruta que toman estas personas en su camino hacia el centro de Colombia.
Según cifras reportadas por Migración Colombia, la Procuraduría indicó que por el departamento Norte de Santander ingresaban en promedio 23.000 venezolanos diariamente por los tres puentes fronterizos, algunos estudian y trabajan en Colombia; otros hacen parte del éxodo que busca otros destinos.
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«Allí se venían atendiendo (…) al menos 200 caminantes diariamente, dando prioridad a adultos mayores, mujeres gestantes y lactantes, personasen condición de discapacidad y familias con niños; ofreciéndoles alojamiento durante 72 horas (…) y transporte humanitario para continuar su camino hasta las afueras del departamento», señaló.
Frente al cierre de sus actividades, la Procuraduría general de Colombia convocó a las instituciones para mantener el centro en funcionamiento o, de no ser posible, mitigar el impacto causado por su paralización.