Caracas.- El representante en Europa del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), Calixto Ávila, intervino, este martes 6 de diciembre, en un evento paralelo a la Asamblea de los Estados Parte de la Corte Penal Internacional (CPI) sobre derechos de las víctimas en el Estatuto de Roma.
El activista instó a las víctimas de violaciones de los derechos humanos en Venezuela a denunciar y alzar la voz por los crímenes cometidos en el país. «Los sistemas regionales y universales de protección de los derechos humanos serían inútiles sin la participación de las víctimas. No hay ninguna razón por la que deba ser diferente en la CPI«, dijo en su intervención.
Calixto Ávila destacó que la CPI publicó un formulario para recabar las opiniones e inquietudes de las víctimas. Con esta información, la corte pretende elaborar un informe para ser enviado a los jueces responsables del caso Venezuela. «Esta información será de primera y estrictamente confidencial (…) el Estado venezolano solo tendrá acceso al resumen emitido por la Secretaría de la Corte Penal», declaró Ávila a los medios de comunicación.
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Garantía para las víctimas
Provea alertó a los Estados Parte del Estatuto de Roma sobre la necesidad de monitorear cualquier acto de “intimidación o represalias” contra las víctimas y organizaciones que participan en el proceso abierto por la CPI sobre Venezuela.
La Corte Penal Internacional afirmó en el formulario de denuncia que se debe proporcionar cualquier opinión o inquietud de las víctimas para reanudar su investigación lo antes posible. La fecha límite para que las víctimas presenten opiniones y preocupaciones es el 7 de marzo de 2023. En ese sentido, se presentará un informe consolidado final sobre las opiniones y preocupaciones de las víctimas el 21 de marzo de 2023.
«Este formulario se utilizará únicamente para este proceso de consulta y las víctimas lo pueden presentar de manera individual, en grupo o también personas y organizaciones que las representen (…) Las víctimas tendrán derecho a solicitar reparaciones en el caso de que al final del juicio se emita una declaración de culpabilidad», señala el documento de la CPI.
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El 3 de noviembre del 2021, la CPI abrió una investigación sobre la situación de Venezuela a raíz de la remisión hecha por un grupo de Estados Parte del Estatuto de Roma, el 27 de septiembre de 2018.
En abril de 2022, el gobierno de Nicolás Maduro solicitó el aplazamiento de la investigación con el argumento de que actualmente se realizan procesos penales relevantes en el ámbito nacional. Sin embargo, el 1 de noviembre del 2022, la CPI solicitó a los Jueces de la Sala de Cuestiones Preliminares que autorizaran reanudar la investigación de Venezuela.
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